Una mujer de 21 años denunció haber sido agredida sexualmente durante una fiesta de la fraternidad Alpha Epsilon Pi (AEPi), en Hyde Park, Chicago, durante la madrugada del domingo 11 de octubre. La Policía de Chicago encabeza la investigación, con apoyo de la policía universitaria. Hasta el momento, no se ha informado de detenciones ni se ha divulgado la identidad del señalado.

El relato de la noche

La alerta de la Universidad de Chicago indica que la joven reportó lo ocurrido cerca de la 1:50 de la madrugada y recibió atención en el hospital universitario. Según la institución, ni ella ni el hombre señalado son estudiantes de la universidad.

The New York Times reconstruyó parte de los hechos con el testimonio de Mia Lara, de 21 años, quien había asistido a la fiesta con la denunciante y otra amiga. Era su primera vez en una celebración de una fraternidad. Lara contó que, después de perder de vista a su amiga, encontró a varios hombres frente a la puerta cerrada de un baño. Según su relato, algunos preguntaban cuándo podrían entrar y decían que querían hacerlo.

El informe policial, citado por el diario, señala que uno de los hombres sujetó a Lara del cabello para impedirle pasar. Ella consiguió abrir la puerta y vio a su amiga en el suelo, mientras el hombre la retenía por las muñecas. La denunciante pedía que se detuviera y que la sacara de allí. Lara gritó; el hombre salió y las tres amigas ayudaron a la joven a abandonar el lugar.

Una investigación aún abierta

ABC7 Chicago informó que el reporte policial menciona que la mujer había consumido tres bebidas alcohólicas y que empezó a tener lapsos de inconsciencia mientras bailaba con el hombre posteriormente señalado. Estos datos forman parte de la investigación y, por sí solos, no determinan las circunstancias ni la responsabilidad penal del sospechoso.

Un video difundido en redes sociales muestra a Lara siguiendo al hombre por la calle y acusándolo. En la reconstrucción del Times, él respondió: «Ella quiso»; Lara alcanzó a golpearlo antes de que escapara. Luego, una agente del campus interceptó al grupo y las acompañó al hospital, donde se formalizó la denuncia.

El martes 13 de octubre, la universidad anunció que había identificado a una «persona de interés» mediante testimonios, cámaras y lectores de matrículas, y que compartió la información con la Policía de Chicago. También le prohibió ingresar al campus. La policía no confirmó si esa persona fue detenida ni reveló su identidad. La investigación deberá establecer qué ocurrió y si existe evidencia suficiente para presentar cargos.

Suspensión de actividades y respuesta institucional

La Universidad de Chicago calificó el caso como «profundamente preocupante para la comunidad universitaria». En un comunicado citado por CNN, recordó que las fraternidades no son organizaciones estudiantiles reconocidas por la institución ni tienen afiliación formal con ella, aunque sus estudiantes están sujetos a las políticas y procedimientos disciplinarios de la universidad.

AEPi afirmó que, según la información de la que dispone, ningún afiliado estuvo involucrado y que el sospechoso no era miembro. La organización condenó la agresión, pidió privacidad para la víctima y sostuvo que sus reglas prohíben cualquier conducta considerada acoso o agresión sexual. Mientras avanza la investigación, se ordenó a la fraternidad suspender eventos y programas, según informó Telemundo Chicago.

Un debate que trasciende el campus

La denuncia se conoce en un contexto de mayor escrutinio sobre las fraternidades universitarias en Estados Unidos. En septiembre trascendió una denuncia de violación grupal relacionada con la fraternidad Chi Phi de la Universidad de Cornell, por hechos ocurridos en 2024. Ambos casos han reavivado preguntas sobre la supervisión de estos espacios y sobre la distancia entre su condición institucional y la responsabilidad que pueden tener sus integrantes o asistentes.

En el caso de Chicago, la universidad señala que AEPi no mantiene afiliación formal con ella, pero también recuerda que sus estudiantes siguen sujetos a sus normas. Esa distinción sitúa en primer plano los límites de la supervisión universitaria: esclarecer la denuncia corresponde a las autoridades policiales, mientras que la institución puede adoptar medidas dentro de su ámbito, como la restricción de acceso al campus y la suspensión de actividades.