La presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea ha puesto sobre la mesa una nueva propuesta para el Marco Financiero Plurianual 2028-2034 que reduce en aproximadamente 141.000 millones de euros el plan inicial de la Comisión Europea. El presupuesto total quedaría fijado en torno a 1,62 billones de euros, frente a los 1,76 billones planteados por Bruselas a precios constantes de 2025. El ajuste, cercano al 8%, pretende acercar posiciones entre los Veintisiete antes de las decisiones políticas que deberán tomarse en los próximos meses.

La cifra no representa todavía un acuerdo, pero sí modifica el punto de partida de una negociación que enfrenta dos visiones sobre el futuro de la Unión. Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Austria, Finlandia y Suecia reclaman una reducción mucho más profunda del gasto común, mientras que España y Francia defienden un presupuesto capaz de financiar nuevas responsabilidades sin debilitar la agricultura, la cohesión territorial ni la inversión estratégica.

El recorte se concentra donde Bruselas quería crecer

La mayor reducción en términos absolutos afecta al capítulo de competitividad, prosperidad y seguridad. Su dotación pasaría de 522.205 millones de euros en la propuesta de la Comisión a unos 456.000 millones, un descenso próximo al 13%. Aunque el volumen seguiría siendo más del doble del asignado a esas prioridades en el presupuesto vigente, el ajuste recorta precisamente las áreas que Bruselas había presentado como esenciales para reforzar la autonomía económica y tecnológica europea.

Dentro de ese bloque, el Fondo Europeo de Competitividad perdería alrededor del 11% de los recursos inicialmente previstos. Horizonte Europa, el principal programa comunitario de investigación e innovación, sufriría una reducción de casi 15.000 millones y quedaría en 140.000 millones. También se reducirían las partidas destinadas a resiliencia, seguridad, industria de defensa y espacio, con unos 15.000 millones menos en conjunto.

La tijera alcanza igualmente al Mecanismo Conectar Europa, destinado a infraestructuras estratégicas de transporte y energía, que perdería más de 10.000 millones. Erasmus+ quedaría recortado en cerca de 1.500 millones. El patrón resulta significativo: las partidas asociadas a la modernización, la investigación y la capacidad estratégica de la Unión son las que soportan buena parte del esfuerzo para contener el presupuesto global.

La agricultura y la cohesión quedan protegidas

La presidencia irlandesa ha optado, en cambio, por mantener las principales asignaciones de la Política Agraria Común y de la política de cohesión, dos ámbitos cuya protección han exigido España, Francia, Italia y Portugal. Las ayudas a la renta de agricultores y ganaderos conservarían una dotación de 261.013 millones de euros, mientras que la cohesión económica, social y territorial alcanzaría los 410.080 millones.

El capítulo que agrupa agricultura, cohesión, pesca, desarrollo rural y seguridad sí bajaría algo más del 3%, hasta 914.179 millones. Sin embargo, la reducción recaería en instrumentos y reservas comunes, sin alterar las asignaciones nacionales previstas para los Estados miembro. Esta decisión busca evitar que la negociación se convierta en un enfrentamiento directo entre los países que aportan más al presupuesto y los que dependen en mayor medida de los fondos agrícolas y regionales.

Menos presencia exterior, con Ucrania como excepción

La acción exterior de la Unión también sufriría un recorte relevante: un 17% respecto al plan de la Comisión, hasta unos 157.000 millones de euros. Aun así, la cifra sería un 31% superior a la del presupuesto actual. La reducción afectaría sobre todo al instrumento Global Europe, que financia cooperación al desarrollo, política de vecindad y procesos de ampliación en regiones como el África subsahariana, Oriente Próximo, el norte de África, América Latina y el Caribe.

El texto preserva la financiación destinada a la recuperación y reconstrucción de Ucrania y mantiene una reserva de 25.000 millones de euros a precios corrientes para ayuda humanitaria. La protección de estas partidas revela que, incluso en un escenario de disciplina presupuestaria, la guerra y la inestabilidad regional siguen condicionando la distribución del dinero europeo.

El problema no está solo en cuánto se gasta

La propuesta irlandesa revisa también las futuras fuentes de ingresos. Dublín aspira a recaudar unos 55.000 millones de euros anuales mediante un paquete de recursos propios que eleva del 75% al 90% la parte de los ingresos del mecanismo de ajuste en frontera por carbono destinada a las arcas comunitarias. Además, plantea introducir gradualmente una contribución vinculada al comercio de derechos de emisión para determinados Estados.

Se mantienen las aportaciones propuestas para grandes empresas, tabaco y residuos electrónicos, pero quedan fuera las alternativas defendidas por el Parlamento Europeo para gravar a las grandes plataformas digitales, las criptomonedas y las apuestas por Internet. La elección refleja una dificultad central: los gobiernos quieren limitar sus contribuciones nacionales, pero las nuevas prioridades europeas exigen ingresos estables que no dependan exclusivamente de los presupuestos estatales.

Merz rechaza el texto y la negociación entra en su fase decisiva

El canciller alemán, Friedrich Merz, ha considerado que la propuesta “no es una base para el acuerdo”. Alemania sostiene que el presupuesto debe ser asumible para los países que soportan la mayor parte de su financiación y reclama que todos contribuyan a la modernización y priorización del gasto. Los demás contribuyentes netos mantienen una exigencia similar, aunque todavía no existe una cifra común sobre el recorte que aceptarían.

Los ministros de Asuntos Europeos examinarán el documento antes del Consejo Europeo del 15 y 16 de octubre. La presidencia irlandesa pretende encarrilar un acuerdo político en diciembre, pero el calendario no elimina las diferencias de fondo. La disputa ya no se limita al tamaño del presupuesto: define qué tipo de Unión puede financiarse en un contexto de competencia industrial, presión energética, guerra en su vecindad y mayores exigencias de seguridad.

El texto de Irlanda funciona, por tanto, como una prueba de equilibrio. Protege las políticas que sostienen la cohesión interna, pero reduce los recursos destinados a las nuevas ambiciones europeas. Esa fórmula puede facilitar el diálogo inicial, aunque también deja abierta la pregunta decisiva: si la Unión asume más responsabilidades sin aumentar de forma proporcional sus ingresos, la modernización comunitaria tendrá que competir directamente con sus compromisos tradicionales.