La amenaza de reanudar una guerra contra Irán ha dejado de ser únicamente una hipótesis militar y se ha convertido en uno de los principales instrumentos de la campaña electoral israelí. A pocos días de los comicios del próximo martes, Benjamin Netanyahu intenta situar la seguridad nacional, su relación con Donald Trump y la supuesta desaparición de la amenaza iraní en el centro de la conversación pública. La oposición, en cambio, sostiene que el primer ministro está utilizando un riesgo real para desplazar del debate sus dificultades políticas internas, especialmente la crisis provocada por las exenciones del servicio militar para los estudiantes ultraortodoxos.
El dato decisivo no es que Israel haya iniciado una nueva ofensiva, sino que el Gobierno ha conseguido que la posibilidad de hacerlo domine la agenda. El analista Jonathan Rynhold, de la Universidad Bar Ilan, considera «muy improbable» un ataque antes de las elecciones, pero estima que mantener abierta esa posibilidad puede beneficiar electoralmente a Netanyahu. La operación militar, por tanto, no necesita materializarse para producir réditos políticos: basta con que el electorado perciba que el primer ministro está dispuesto a actuar y que existen obstáculos externos que se lo impiden.
La amenaza que ocupa el lugar de los problemas internos
La estrategia de Netanyahu responde a una lógica electoral reconocible. Cuando una coalición gobernante enfrenta una disputa doméstica que divide a su propia base, el desplazamiento del debate hacia la seguridad puede ofrecer una ventaja inmediata. En este caso, la cuestión ultraortodoxa afecta a la arquitectura misma del Gobierno: los partidos religiosos judíos son indispensables para sostener la coalición, pero exigen conservar las exenciones del servicio militar para los alumnos de las yeshivás, una demanda cada vez más controvertida en una sociedad sometida a las exigencias de la guerra y la movilización.
El conflicto no es una diferencia técnica sobre el reclutamiento. Expone una contradicción política de fondo: el Gobierno reclama unidad nacional frente a Irán y sus aliados, mientras mantiene un régimen de excepciones que una parte creciente de la población considera incompatible con la distribución equitativa de los costes de la seguridad. Cada debate sobre los estudiantes ultraortodoxos obliga a Netanyahu a responder por la cohesión de su coalición y por la carga que soportan los reservistas. Cada declaración sobre Irán, en cambio, le permite presentarse como el dirigente que protege al país frente a una amenaza existencial.
La primera conclusión analítica es que la cuestión iraní funciona como una cobertura política, aunque no sea una amenaza inventada. La existencia de un riesgo estratégico y la utilización electoral de ese riesgo pueden coexistir. Precisamente porque Irán representa un asunto de alta sensibilidad nacional, resulta difícil separar, en el discurso público, la evaluación profesional de la amenaza de la conveniencia partidista de mantenerla en los titulares.

El movimiento más visible se produjo el 18 de octubre, cuando Netanyahu agradeció en un vídeo en inglés el respaldo de Trump a su reelección y relacionó la desaparición de la «amenaza iraní» con una reducción de los precios de la gasolina. La formulación conecta tres elementos que normalmente pertenecen a debates separados: seguridad, alianza internacional y coste de vida. Su eficacia reside en transformar una cuestión militar abstracta en una promesa de beneficio cotidiano, aunque el vínculo entre una eventual operación contra Irán y el precio de los combustibles esté sujeto a múltiples variables regionales y económicas.
Una ofensiva condicionada por Washington
Las declaraciones posteriores elevaron el nivel de la campaña. Netanyahu afirmó haber ordenado al Ejército, al Mosad y al resto de los servicios de seguridad que trabajaran para «derrocar el régimen de Irán», una instrucción que no fue confirmada por esos organismos. El Financial Times informó además de que el primer ministro había preparado, diez días antes, un plan para reanudar ataques a gran escala, pero que lo abandonó debido a la oposición de Trump.
La combinación de ambos hechos produce un mensaje cuidadosamente ambiguo. Netanyahu puede proyectar determinación ante los votantes israelíes y, al mismo tiempo, atribuir a Trump la contención de una acción que él habría querido emprender. Rynhold resume el posible beneficio: la percepción de que el primer ministro intentó reanudar los ataques y fue frenado por el presidente estadounidense puede favorecerle en las urnas. En términos de campaña, la limitación externa se convierte en una prueba indirecta de iniciativa.
Pero esa maniobra tiene un límite estructural. La relación con Washington no es un simple recurso retórico; es uno de los principales activos políticos de Netanyahu y una condición relevante para cualquier operación de gran escala. Una ofensiva sin respaldo estadounidense podría provocar costes diplomáticos, militares y económicos difíciles de administrar. También expondría una tensión entre la autonomía de Israel para actuar contra una amenaza inmediata y la necesidad de preservar la coordinación con su principal aliado.
La visita no anunciada de Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, a Israel el lunes refuerza la centralidad de esa relación. Su encuentro con Netanyahu incluyó la situación en Oriente Medio, según confirmó un portavoz de la oficina del primer ministro. La visita no prueba que existiera una decisión operativa concreta, pero sí muestra que cualquier cálculo israelí sobre Irán está condicionado por la posición estadounidense. La cuestión central no es únicamente si Israel posee capacidad para atacar, sino si puede hacerlo sin abrir una crisis con Trump y sin perder el respaldo político necesario para afrontar las consecuencias.
El teatro militar y la frontera entre disuasión y provocación
Los vuelos de decenas de aviones de combate y aeronaves de reabastecimiento israelíes sobre Siria e Irak, en dirección a la frontera iraní, añadieron una dimensión operativa a la campaña. Según medios israelíes, esos movimientos pudieron tener como objetivo provocar una respuesta iraní que justificara el relanzamiento de la ofensiva. La información no permite afirmar que ese fuera el propósito, pero introduce una posibilidad particularmente peligrosa: que una maniobra diseñada para comunicar capacidad militar termine generando una escalada no deseada.
En un entorno de elevada tensión, la demostración de fuerza tiene dos públicos. Hacia el exterior, busca disuadir a Irán y convencer a los aliados de que Israel conserva iniciativa. Hacia el interior, transmite preparación y liderazgo. El problema aparece cuando ambas señales se mezclan con la competencia electoral. Una acción militar que en otro momento sería interpretada como parte de una estrategia de disuasión puede ser leída por Teherán como el preludio de una ofensiva o por el electorado israelí como una promesa de acción inmediata.
Este es el segundo hallazgo relevante: la campaña electoral no solo modifica el discurso sobre la guerra, también puede alterar los incentivos de las decisiones militares. Si una escalada limitada mejora la posición de Netanyahu, aumenta el riesgo de que la política empuje a la seguridad y no al contrario. El margen de error se reduce todavía más cuando los mensajes públicos atribuyen intenciones ofensivas a las fuerzas armadas sin que estas las confirmen oficialmente.
Rynhold advierte que Netanyahu tiene un margen limitado para ordenar una operación. Además de la eventual oposición de Trump, necesitaría un respaldo claro de los responsables militares y de seguridad. Esa restricción funciona como un freno institucional, pero también como una fuente de disputa política. Si el mando profesional considera que existe una amenaza inminente, el primer ministro podría presentar una acción como necesaria y obtener respaldo social. Si no existe ese consenso, el Gobierno quedaría expuesto a la acusación de haber subordinado la seguridad a la campaña.
La oposición disputa el monopolio de la seguridad
La respuesta de los rivales de Netanyahu se ha centrado precisamente en esa frontera. Israel Katz afirmó que el Ejército está preparado para emprender «acciones preventivas y defensivas» contra Irán y sus aliados ante la posibilidad de un ataque durante la jornada electoral. Gadi Eisenkot, líder de Yashar!, exjefe del Estado Mayor y favorito de las encuestas, acusó a Katz de «preparar el terreno para el próximo desastre» y de trasladar por adelantado la responsabilidad a sus adversarios políticos.
Yair Lapid calificó el mensaje de «imprudente e histérico» y acusó al Ejecutivo de convertir la seguridad nacional en un «circo» para evitar una derrota. Katz respondió atribuyendo a sus críticos un interés político mezquino. El intercambio revela que la oposición no puede limitarse a negar la amenaza iraní, porque hacerlo podría ser castigado por una opinión pública especialmente sensible a la seguridad. Su estrategia consiste en cuestionar el momento, el tono y la finalidad política de las advertencias gubernamentales.
La controversia tiene consecuencias para el sector de la seguridad y para los ciudadanos movilizados. Las Fuerzas Armadas, los servicios de inteligencia y los mandos profesionales pueden verse obligados a desmentir o matizar declaraciones políticas, con el consiguiente desgaste de su autoridad. Los reservistas, por su parte, afrontan una incertidumbre adicional: no solo deben prepararse para una posible escalada, sino también interpretar si los anuncios responden a una evaluación operativa o a una necesidad electoral.
Para las comunidades cercanas a posibles frentes y para la economía israelí, la ambigüedad tampoco es neutral. La amenaza permanente puede elevar la ansiedad social, afectar la actividad empresarial y complicar la planificación de aerolíneas, infraestructuras y servicios de emergencia, incluso sin que se produzca un ataque. La economía de la disuasión depende de que la señal sea creíble; cuando la población percibe que el mensaje está integrado en una campaña, la confianza puede deteriorarse en ambos sentidos: algunos ciudadanos exigirán una acción más contundente y otros sospecharán que se está utilizando el miedo.
Después de las urnas, tres escenarios abiertos
El escenario más probable a corto plazo es la continuidad de las amenazas sin una ofensiva de gran escala antes de votar. Netanyahu tiene incentivos para conservar la presión mediática, pero también para evitar una decisión irreversible que fracture su relación con Trump y divida al aparato de seguridad. En este escenario, cada incidente, vuelo militar o declaración estadounidense será interpretado como una nueva señal de la disputa sobre quién controla el calendario de la confrontación.
Un segundo escenario sería una acción limitada presentada como preventiva o defensiva, posiblemente tras un incidente atribuido a Irán o a sus aliados. Su ventaja para el Gobierno consistiría en demostrar iniciativa sin asumir inmediatamente el coste de una guerra abierta. El riesgo es que Teherán responda de forma más intensa de lo previsto y convierta una maniobra acotada en una cadena de represalias. El cálculo electoral dejaría entonces de controlar la dinámica militar.
El tercer escenario sería una contención explícita de Netanyahu por parte de Trump y de los responsables de seguridad israelíes. Eso permitiría al primer ministro seguir afirmando que quiso actuar, pero también podría alimentar la percepción de que su política exterior depende demasiado de Washington. La tensión crecería si la oposición consigue presentar esa contención no como coordinación estratégica, sino como una corrección necesaria a una conducta impulsiva.
En cualquiera de los tres casos, la amenaza iraní seguirá siendo útil para Netanyahu mientras la discusión pública permanezca centrada en su disposición a proteger a Israel y no en la crisis de las exenciones ultraortodoxas. Sin embargo, esa utilidad puede tener una vida corta. Una operación sin respaldo suficiente dañaría la cohesión social, deterioraría la relación con Trump y sometería a los organismos de seguridad a una presión política excepcional. La paradoja de esta campaña es que Netanyahu puede obtener beneficios electorales por parecer dispuesto a iniciar una guerra que, precisamente por sus costes, quizá no pueda permitirse comenzar.