El intento de atentado junto a la base militar de Fairford, en la madrugada del 26 al 27 de septiembre, ha expuesto una transformación de la amenaza iraní en Reino Unido. Cinco personas fueron detenidas con bidones de gasolina y tres furgonetas atravesadas en la carretera de acceso al recinto. El primer ministro atribuyó la operación a Teherán, aunque el objetivo, según el teniente coronel retirado Stuart Crawford, no parecía ser la destrucción de la base, sino transmitir una advertencia: demostrar que la capacidad de intimidación iraní puede alcanzar instalaciones sensibles sin recurrir necesariamente a agentes propios.

Fairford y la lógica de la advertencia

El episodio adquiere mayor relevancia porque encaja en un patrón que los servicios británicos consideran creciente. Ken McCallum, director del MI5, señaló la semana pasada que Irán se ha convertido en la segunda amenaza para la seguridad del Reino Unido, solo por detrás de Rusia. En el último año y medio, la inteligencia interior británica ha frustrado más de veinte complots respaldados por Teherán y ha detenido a más de cincuenta personas relacionadas con ellos.

La cifra no describe únicamente operaciones frustradas en el último momento. También revela una estrategia de presión sostenida sobre objetivos diversos: instalaciones militares, miembros de la comunidad judía, opositores iraníes y periodistas exiliados. En marzo, varios encapuchados incendiaron cuatro ambulancias de un servicio privado en Golders Green, un barrio londinense con una importante población judía. Cuatro jóvenes fueron arrestados, pero la investigación antiterrorista continúa abierta. El mensaje, en este tipo de ataques, puede ser tan importante como el daño material: sembrar incertidumbre y obligar al Estado a proteger simultáneamente numerosos puntos vulnerables.

El nuevo agente iraní no lleva necesariamente uniforme

El segundo cambio decisivo es el perfil de los reclutados. La operación iraní ya no depende exclusivamente del espía clásico o del funcionario enviado desde Teherán. Sus redes buscan personas con problemas económicos, antecedentes delictivos, adicciones o acceso circunstancial a información sensible. El objetivo es convertir la vulnerabilidad individual en una herramienta de violencia con apariencia criminal.

El caso de Daniel Abed Khalife ilustra el riesgo dentro de las propias estructuras británicas. El exsoldado, de 22 años y con madre iraní, fue detenido en 2023 acusado de recopilar información sensible de las Fuerzas Armadas, incluidos nombres de personal militar, para los servicios de inteligencia iraníes. El caso de Johannes Natland muestra la otra vía de acceso. Este ciudadano noruego de 18 años, con problemas de drogadicción, fue captado mediante aplicaciones de mensajería y recibió la oferta de 25.000 euros para viajar al Reino Unido y matar a una persona cuya identidad no se ha hecho pública. Fue detenido en marzo de 2025 en un hotel de Huddersfield con armas y munición y condenado a veinte años de prisión.

La conexión con la organización sueca Foxtrot resulta esencial para entender el modelo. Su líder, Rawa Majid, conocido como el “zorro kurdo”, se refugió en Irán en 2023 para evitar una orden internacional de detención. Según la información reunida por los servicios de seguridad, Teherán ofreció protección a cambio de utilizar la infraestructura de la banda en operaciones contra intereses israelíes, instituciones judías y disidentes. La externalización permite a Irán conservar distancia operativa y, al mismo tiempo, aprovechar redes que ya dominan la violencia, el transporte clandestino y la captación digital.

El narcotráfico como infraestructura de operaciones

La alianza con organizaciones criminales no se limita a contratar ejecutores para una misión concreta. También puede proporcionar dinero, logística, documentos, armas y canales de reclutamiento. El experto en seguridad Anthony Glees sostiene que los intermediarios buscan especialmente a personas drogodependientes, cuya necesidad de financiar el consumo las hace más manipulables y dispuestas a aceptar encargos extremos.

En ese esquema aparece la red de Naji Sharifi Zindashti, un narcotraficante que, tras el asesinato de su hija en Estambul en 2014, pasó a colaborar con la Guardia Revolucionaria iraní. Teherán le habría proporcionado refugio e impunidad para mantener su imperio internacional, mientras su organización asumía tareas de secuestro, asesinato y ataques contra opositores en el extranjero. El contrabando de opio y heroína procedente de Afganistán cumple así una doble función: genera recursos para las operaciones exteriores y mantiene activas las redes criminales que pueden ser empleadas por el Estado.

La ventaja para Irán es estratégica. En lugar de comprometer directamente a unidades de la Guardia Revolucionaria, puede pagar a bandas o simpatizantes que ejecuten la operación. Esa separación dificulta la atribución inmediata y permite presentar los hechos como conflictos entre delincuentes, ajustes de cuentas o actos aislados. Pero la negación plausible no elimina el riesgo: desplaza la frontera entre terrorismo patrocinado por un Estado y criminalidad organizada hasta hacerla deliberadamente borrosa.

Drones baratos y periodistas bajo presión

La presión también se proyecta sobre las infraestructuras y el espacio público. Según Glees, más de cien drones han sobrevolado en los últimos diez meses instalaciones militares y de defensa británicas, incluidas instalaciones nucleares. El MI5 no ha confirmado que sean aparatos iraníes de largo alcance como los Shahed; se trataría de drones comerciales sencillos. Precisamente esa simplicidad reduce el coste de la amenaza. El comandante Andrew Fox calcula que un dron FPV puede costar unas 500 libras y ser transportado oculto en un vehículo común, lo que convierte la protección de cientos de instalaciones en un problema permanente de vigilancia y defensa.

La dimensión más visible de esta campaña se encuentra, sin embargo, entre los periodistas iraníes exiliados en Londres. Tres ciudadanos iraníes están siendo juzgados en Woolwich por presuntamente ayudar a los servicios de inteligencia de su país a espiar a dos periodistas de Iran International y preparar un ataque contra al menos uno de ellos. En marzo de 2024, el presentador Pouria Zeraati fue apuñalado cerca de su domicilio en Wimbledon. Los atacantes rumanos habrían recibido 95.000 euros mediante intermediarios vinculados a la Guardia Revolucionaria.

La cadena afirma que todos sus periodistas han restringido el contacto directo con sus familiares en Irán para no ponerlos en peligro. En los próximos meses están previstos otros cinco procesos relacionados con planes contra sus trabajadores, y en todos los casos los acusados son delincuentes comunes. Reino Unido afronta así una amenaza que combina intimidación política, subcontratación criminal y tecnología accesible. Las sanciones contra coordinadores iraníes y la proscripción de la Guardia Revolucionaria han elevado el coste diplomático para Teherán, pero también han provocado que el régimen declare al Reino Unido un “objetivo legítimo”. La respuesta británica deberá proteger a sus instalaciones y a sus comunidades sin permitir que la apariencia de delincuencia común oculte el origen político de la campaña.