Las elecciones del 27 de octubre llegan en el momento más delicado de la política israelí en años. Más de siete millones de ciudadanos están convocados a las urnas, en los primeros comicios celebrados desde el comienzo de la guerra en Gaza y la ofensiva contra Irán, pero también después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. El resultado no solo decidirá quién ocupa la jefatura del Gobierno: determinará la capacidad de Israel para tomar decisiones durante un conflicto prolongado, el futuro de su sistema judicial y el margen de maniobra de Benjamín Netanyahu frente al proceso por corrupción que enfrenta desde 2020.

La aritmética parlamentaria es especialmente frágil. La Knesset tiene 120 escaños y la mayoría absoluta exige 61. Sin embargo, los sondeos dibujan dos bloques incapaces, por ahora, de alcanzar ese umbral con comodidad. El Canal 11 atribuye 50 diputados a la coalición de Netanyahu y 52 al bloque opositor, mientras que el Canal 12 calcula 56 para la oposición y 50 para los partidos próximos al primer ministro. La diferencia entre ambas proyecciones no es un detalle estadístico: refleja un escenario en el que unos pocos escaños, o incluso el paso de una formación por debajo del umbral electoral del 3,5%, pueden alterar por completo el equilibrio.

La elección no decide solo quién gana, sino quién puede construir una mayoría

El principal rival de Netanyahu es Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor y líder de Yashar. Su crítica a los fallos estratégicos posteriores a los ataques del 7 de octubre de 2023 le ha permitido presentarse como una figura de autoridad militar capaz de disputar a la derecha el control de la agenda de seguridad. Pero la popularidad individual no equivale a una mayoría parlamentaria: las encuestas le conceden entre 20 y 22 escaños, muy lejos de los 61 necesarios para gobernar.

La oposición reúne a fuerzas heterogéneas. Junto a Yashar aparecen Juntos, de Yair Lapid y Naftali Bennett, Los Demócratas de centroizquierda e Israel Beitenu, nacionalista y laico. El bloque oficialista, encabezado por el Likud, depende de partidos ultraortodoxos como Shas y de la extrema derecha de Otzma Yehudit, dirigida por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. La coalición de Netanyahu tiene una ventaja ideológica más clara, pero también arrastra contradicciones: sus socios no coinciden necesariamente en prioridades económicas, relación con los tribunales, servicio militar o gestión de la guerra.

La primera conclusión analítica es que las elecciones pueden producir un vencedor electoral sin producir un gobierno operativo. En Israel no basta con obtener más escaños que el rival. La coalición que logra más votos afirmativos que negativos en la Knesset necesita sostener acuerdos con partidos que tienen intereses muy distintos y que pueden exigir ministerios, presupuestos o compromisos legislativos a cambio de su apoyo. La negociación posterior será, por tanto, tan determinante como la noche electoral.

Los partidos árabes pueden pasar de la periferia al centro del poder

La variable más decisiva puede encontrarse fuera de los dos grandes bloques. Según el sondeo más reciente del Canal 12, la oposición obtendría 56 escaños y la coalición de Netanyahu 50. Los 14 restantes se repartirían entre la Lista Conjunta, con nueve diputados, y Ra’am, con cinco. En ese escenario, los partidos árabes no tendrían que entrar formalmente en un Gobierno para convertirse en árbitros de su investidura. Una abstención coordinada podría permitir la formación de un Ejecutivo opositor, siempre que este lograra superar los votos negativos en la Knesset.

Ese mecanismo colocaría a las formaciones árabes ante una disyuntiva compleja. Apoyar indirectamente a la oposición podría abrir espacio para exigir inversiones, igualdad presupuestaria, políticas de seguridad distintas en las comunidades árabes o una mayor atención a la situación palestina. Pero también expondría a sus dirigentes a la acusación de legitimar a un bloque que, pese a su tono más moderado, no ha prometido un cambio radical en la estrategia militar israelí.

El intento del Likud de impedir la participación electoral de esos partidos, bajo la acusación de que respaldan la lucha armada de Hamás, muestra hasta qué punto su presencia es políticamente sensible. La Corte Electoral aceptó inicialmente la petición, pero el Tribunal Supremo anuló posteriormente el veto. La disputa revela una tensión de fondo: una parte del sistema político pretende definir la legitimidad de la representación árabe desde criterios de seguridad nacional, mientras la justicia intenta preservar su derecho a competir electoralmente. El resultado puede reforzar o debilitar la confianza de una quinta parte de la población en las instituciones israelíes.

El umbral del 3,5% convierte cada voto en una pieza estratégica

La posible entrada de Los Reservistas añade incertidumbre. Se trata de una formación de centroderecha centrada en el servicio militar universal, incluida la incorporación de los ultraortodoxos, que actualmente están exentos. Algunos sondeos la dejan fuera de la Knesset y otros la sitúan dentro. La diferencia entre ambas posibilidades puede modificar el reparto de escaños de los dos bloques y obligar a rediseñar los pactos de gobierno.

La cuestión del servicio militar tiene una importancia que va más allá de la política de defensa. La guerra ha intensificado el debate sobre quién asume los costes humanos del conflicto y quién queda exento. Los reservistas y buena parte del sector laico consideran insostenible que una parte de la sociedad pueda mantener sus excepciones mientras aumenta la carga sobre los soldados movilizados y sus familias. Los partidos ultraortodoxos, por el contrario, defienden sus acuerdos históricos y consideran que la continuidad de sus instituciones religiosas es una prioridad nacional.

Si Los Reservistas supera el umbral, puede convertirse en un socio necesario para cualquier coalición que busque una mayoría estable. En ese caso, la reforma del reclutamiento podría transformarse en la primera gran prueba de gobernabilidad. Un acuerdo demasiado exigente para los ultraortodoxos podría fracturar el bloque de Netanyahu; una propuesta ambigua de la oposición podría decepcionar a sus votantes y mantener la crisis abierta.

El resultado electoral puede cambiar la posición jurídica de Netanyahu

La dimensión judicial convierte estos comicios en algo más que una disputa por la política pública. Netanyahu está siendo juzgado por tres causas relacionadas con soborno, fraude y abuso de confianza. El Tribunal de Distrito de Jerusalén escucha los testimonios después de que el primer ministro terminara su declaración a comienzos del verano. El cargo no le concede inmunidad, pero sí le proporciona influencia política, capacidad de negociación y una plataforma para defender su versión de los hechos.

Una derrota le privaría de esa ventaja institucional. Los líderes de la oposición han rechazado concederle un indulto y han anunciado que, si llegan al poder, crearán una comisión estatal de investigación sobre los fallos que precedieron a los ataques del 7 de octubre. Varias investigaciones periodísticas han señalado que Netanyahu recibió advertencias procedentes de países vecinos sobre los planes de Hamás. La comisión tendría que determinar qué información llegó a las autoridades, cómo se evaluó y quién tomó las decisiones que dejaron al país expuesto.

La segunda conclusión es que el juicio y la investigación estatal pueden reforzarse mutuamente como motores de polarización. Para los adversarios de Netanyahu, ambos procesos son instrumentos de rendición de cuentas después del peor ataque terrorista sufrido por Israel. Para sus partidarios, representan una ofensiva política destinada a desalojar a un dirigente elegido y revisar decisiones adoptadas en condiciones de guerra. El riesgo no es solo el desenlace penal: es que una parte considerable de la sociedad deje de reconocer como legítimas las decisiones de los tribunales o de una futura comisión.

Un cambio de tono hacia Gaza no equivaldría a un cambio de estrategia

El debate internacional suele presentar las elecciones como una batalla entre el centro-derecha y la extrema derecha. Esa descripción es útil, pero insuficiente. Eisenkot y sus aliados podrían ser más sensibles a la presión de Estados Unidos y de otros países occidentales, facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza o actuar contra la violencia de los colonos en Cisjordania para evitar nuevas sanciones. Sin embargo, no hay indicios de que la oposición esté preparando una ruptura con los principales principios de seguridad del actual Gobierno.

La trayectoria de Eisenkot obliga a moderar las expectativas. Durante su etapa al frente de las Fuerzas Armadas fue asociado a la Doctrina Dahiya, basada en una respuesta militar desproporcionada contra infraestructuras y áreas civiles durante la guerra del Líbano de 2006. Esa referencia no permite equiparar automáticamente su política con la de Netanyahu, pero sí sugiere que un relevo en el Gobierno podría cambiar el lenguaje diplomático y la gestión de la ayuda sin modificar de manera sustancial la lógica militar aplicada en Gaza.

Para la población palestina, por tanto, el margen de mejora podría ser limitado y principalmente humanitario o diplomático. Para Israel, el cambio sería más visible en la relación con los aliados occidentales, la supervisión institucional de la guerra y el control de la violencia de los colonos. En las relaciones con Irán y Hizbulá, las diferencias podrían ser retóricas antes que estratégicas. La presión de los sectores militares, el temor a nuevos ataques y la influencia de la derecha nacionalista seguirían condicionando cualquier Ejecutivo.

El escenario más probable es la negociación prolongada, no una ruptura inmediata

La estrechez de los bloques hace plausible un periodo de bloqueo institucional que podría durar varios meses. Si ningún líder logra reunir una mayoría suficiente, Israel afrontaría negociaciones sucesivas, cambios de alianzas y posiblemente nuevas elecciones. Ese escenario tendría costes concretos: retrasaría decisiones presupuestarias, complicaría la planificación militar y mantendría paralizada la discusión sobre la reforma judicial y el reclutamiento ultraortodoxo.

El tercer gran riesgo está precisamente en esa parálisis. Un país en guerra necesita una cadena de mando política clara, pero una coalición construida mediante concesiones excesivas puede ser incapaz de adoptar decisiones impopulares. Netanyahu podría intentar conservar el poder mediante acuerdos con la extrema derecha y los partidos religiosos, aunque a cambio tendría que endurecer posiciones que agravarían el aislamiento internacional. La oposición, por su parte, podría depender de la abstención árabe y de socios laicos que exigirían reformas profundas, sin disponer de una base parlamentaria suficientemente cohesionada.

La elección decidirá, en última instancia, qué tipo de crisis afrontará Israel. Una victoria del bloque oficialista prolongaría el modelo nacionalista y ultrarreligioso, con continuidad en la guerra y mayor presión sobre los tribunales. Una victoria opositora abriría una etapa de rendición de cuentas, pero no garantizaría una transformación de la política hacia Gaza ni estabilidad parlamentaria. Y un empate práctico dejaría la llave en manos de partidos pequeños, árabes y no alineados. El dato decisivo no será únicamente quién obtenga más escaños, sino quién consiga convertir una mayoría mínima en una autoridad política capaz de gobernar durante una guerra, responder ante la justicia y mantener unida a una sociedad profundamente dividida.