Las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre llegan marcadas por una paradoja: se presentan como una disputa entre candidatos, pero el margen real de desacuerdo sobre la cuestión palestina es cada vez más estrecho. Las encuestas anticipan un empate técnico entre Benjamin Netanyahu y su principal rival, Gadi Eisenkot, mientras ningún partido parece capaz de alcanzar los 61 escaños necesarios para controlar en solitario la Knéset, que cuenta con 120 diputados. El resultado más probable, por tanto, no es un cambio nítido de rumbo, sino la negociación de otra coalición frágil, condicionada por formaciones ultranacionalistas y partidos ultraortodoxos.

El dato electoral más importante no es solo quién quede primero, sino quién tendrá capacidad para construir una mayoría y a qué precio. Netanyahu conserva opciones pese a estar imputado en tres causas judiciales, a la orden de detención emitida contra él por la Corte Penal Internacional y a la responsabilidad política que se le atribuye por el fallo de seguridad del 7 de octubre de 2023. Durante su mandato, Israel ha afrontado una guerra prolongada en Gaza, una escalada regional con Irán y un deterioro de su posición jurídica internacional, incluido el proceso abierto por la Corte Internacional de Justicia sobre un posible genocidio en Gaza. La supervivencia política del primer ministro revela hasta qué punto la seguridad ha desplazado a la rendición de cuentas como criterio dominante del electorado.

La anomalía se ha convertido en sistema

Durante 38 años, Israel no había logrado aproximarse tanto a completar una legislatura sin convocar elecciones anticipadas. En cualquier otra democracia parlamentaria, ese hecho podría interpretarse como una señal de estabilidad. En el caso israelí, sin embargo, la longevidad del Ejecutivo ha coincidido con una polarización extrema y con una concentración inédita de poder en torno a Netanyahu. La continuidad institucional no ha significado normalidad política: ha permitido consolidar una agenda de guerra, expansión de los asentamientos y debilitamiento de los controles democráticos.

El intento del Comité Electoral Central de excluir a todos los partidos árabes palestinos mostró el alcance de esa transformación. La medida afectaba a Ra’am, también conocido como Lista Árabe Unida, y a la Lista Conjunta, integrada por Hadash, Ta’al y Balad. Entre ambas fuerzas sumaban diez diputados en la legislatura actual. El Tribunal Supremo revocó finalmente la prohibición, pero el episodio dejó una consecuencia que va más allá del resultado jurídico: una parte sustancial del sistema político intentó limitar la representación de una ciudadanía que constituye aproximadamente una quinta parte de la población israelí.

La controversia plantea una pregunta central sobre el modelo democrático israelí. Si los ciudadanos árabes pueden votar, pero sus partidos son considerados ilegítimos para formar una mayoría o participar en el Gobierno, la igualdad política queda reducida a un derecho formal. La excepción de 2021, cuando partidos árabes desempeñaron un papel decisivo en la formación de una coalición, no modificó la regla histórica. La mayoría de esas fuerzas continúa excluida de los pactos de Gobierno, incluso cuando sus escaños pueden resultar determinantes para desbloquear una Knéset fragmentada.

La disputa electoral se ha desplazado hacia la derecha

La principal conclusión política es que la competencia no se desarrolla entre una opción militarista y otra pacificadora. Se desarrolla entre distintos grados de dureza dentro del mismo marco estratégico. Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir y Avigdor Liberman acusan a Netanyahu de ser demasiado tolerante con los palestinos, mientras Eisenkot afirma que nunca aceptará un Estado palestino. El antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel promete eliminar militarmente a Hamás en Gaza en un plazo de 18 meses y califica de delirante la defensa de la solución de dos Estados.

Esta convergencia no es un simple recurso retórico de campaña. Tiene una lógica electoral concreta. Tras el 7 de octubre, la seguridad se convirtió en el principal mecanismo de legitimación política. En ese contexto, cualquier candidato que plantee concesiones territoriales, una negociación con representación palestina o un Estado binacional corre el riesgo de ser presentado como incapaz de proteger a la población israelí. La consecuencia es un desplazamiento del debate: ya no se discute qué solución puede reducir la violencia, sino quién ofrece la garantía más contundente de que no habrá concesiones.

El primer efecto de esa dinámica es la normalización de objetivos maximalistas. “Erradicar” a Hamás deja de ser una consigna de guerra y pasa a presentarse como una promesa administrativa, con calendario y resultados mensurables. Sin embargo, la experiencia de campañas militares anteriores demuestra que destruir estructuras armadas no equivale necesariamente a eliminar sus causas sociales o políticas. Mientras no exista una autoridad palestina viable, un horizonte de reconstrucción y un acuerdo sobre la gobernanza de Gaza, la victoria militar puede producir un vacío que otras organizaciones ocupen.

El segundo efecto es la reducción del espacio para una oposición basada en derechos civiles. El debate sobre los rehenes, el coste humano en Gaza, la situación de los desplazados y la legalidad de las operaciones militares queda subordinado a una pregunta más estrecha: si el Gobierno ha empleado suficiente fuerza. La política de seguridad deja así de ser una herramienta para proteger a la población y se convierte en una prueba permanente de identidad nacional. Esa transformación favorece a los partidos que pueden prometer una escalada sin tener que explicar cómo terminaría.

Netanyahu conserva una ventaja que las encuestas no captan por completo

El desgaste de Netanyahu es real, pero no necesariamente se traduce en una derrota. La investigación sobre los fallos que precedieron al ataque del 7 de octubre afecta a toda la cadena de mando política y militar, pero el primer ministro puede presentarse como el dirigente con mayor experiencia para gestionar un entorno regional hostil. Su relación con la Casa Blanca refuerza esa posición. El respaldo visible del presidente estadounidense le ofrece una imagen de acceso privilegiado al principal aliado de Israel, aunque también vincula su destino al de una Administración que ha asumido costes internacionales por su apoyo.

La alianza personal con la Casa Blanca tiene una doble consecuencia. En el corto plazo, facilita a Netanyahu presentarse como el interlocutor imprescindible en cuestiones militares, financieras y diplomáticas. En el medio plazo, si pierde, puede complicar la relación del nuevo primer ministro con Washington, especialmente si la derrota se interpreta como un revés para la estrategia estadounidense en la región. El apoyo externo, por tanto, no es neutral: puede movilizar a los votantes favorables a una política de fuerza, pero también alimentar la percepción de que la soberanía israelí está subordinada a una asociación personal entre líderes.

Netanyahu cuenta además con una coalición social y política que no depende exclusivamente de su popularidad individual. Los partidos ultraortodoxos necesitan preservar sus privilegios institucionales, sus presupuestos y sus excepciones frente al servicio militar. Las formaciones ultranacionalistas buscan ampliar los asentamientos, endurecer la política en los territorios ocupados y bloquear cualquier reconocimiento de un Estado palestino. Estos grupos pueden criticar al primer ministro, pero necesitan negociar con él o con cualquier sucesor que aspire a gobernar.

Ahí reside una de las claves menos visibles de la elección: incluso una victoria de Eisenkot no garantizaría un cambio sustantivo. Para reunir una mayoría tendría que pactar con sectores que condicionarán la política de seguridad, la relación con los palestinos y la distribución del gasto público. El sistema parlamentario puede cambiar el nombre del primer ministro sin alterar la estructura de incentivos que produce las decisiones. La derrota de Netanyahu sería relevante para la rendición de cuentas, pero insuficiente para modificar por sí sola la orientación nacional.

Una democracia con fronteras políticas asimétricas

El electorado habilitado para votar ronda los 7,3 millones de israelíes mayores de 18 años, incluidos los aproximadamente 750.000 colonos asentados ilegalmente en el territorio palestino ocupado. En cambio, más de tres millones de adultos de Gaza y Cisjordania no participan en unas elecciones cuyo resultado afecta directamente a sus movimientos, su economía, sus recursos, su seguridad y su acceso a servicios básicos. Esta asimetría no es un detalle administrativo: define quién puede decidir sobre un territorio y quién queda sometido a decisiones ajenas.

La contradicción se vuelve más profunda cuando se combina con la expansión de los asentamientos y con el control militar sobre distintas áreas palestinas. Los colonos participan en la elección del Gobierno que determina la política territorial; los palestinos que viven bajo esa autoridad no tienen una vía equivalente para influir en ella. El resultado es una arquitectura política diferenciada por origen y estatus, difícil de conciliar con la descripción de Israel como “la única democracia de Oriente Próximo” si esa fórmula se utiliza para ocultar la realidad de los territorios ocupados.

La misma tensión aparece en la política regional. Mientras la campaña electoral gira alrededor de la defensa nacional, las fuerzas armadas israelíes han intervenido en Líbano y Siria, han atacado Irán y han llevado a cabo operaciones con un enorme impacto sobre la población palestina. El Gobierno presenta estas acciones como parte de una estrategia preventiva contra amenazas existenciales. Sus críticos sostienen que la expansión del frente militar reduce los controles jurídicos, aumenta la probabilidad de errores de cálculo y debilita la capacidad de Israel para distinguir entre defensa legítima y castigo colectivo.

El coste institucional y económico de una coalición inestable

La ausencia de una mayoría absoluta obligará a negociar un programa de Gobierno antes incluso de resolver la cuestión del liderazgo. En la práctica, cada socio minoritario podrá exigir concesiones desproporcionadas a su peso electoral. Las exigencias ultraortodoxas pueden aumentar la presión sobre el presupuesto, especialmente en educación, subsidios y exenciones del servicio militar. Las formaciones nacionalistas reclamarán más recursos para seguridad, asentamientos y control territorial. El resultado será una combinación difícil: más gasto militar, menos margen fiscal y mayor conflicto sobre quién debe asumir el coste de la guerra.

Para la economía israelí, la inestabilidad política tiene efectos que van más allá de la duración del Ejecutivo. Las empresas necesitan previsibilidad regulatoria, acceso a mercados y estabilidad en la fuerza laboral. Una guerra prolongada puede afectar la movilización de reservistas, retrasar inversiones y elevar el gasto público en defensa y reconstrucción. Si además aumenta el aislamiento diplomático o se multiplican los procedimientos internacionales, algunas compañías afrontarán riesgos reputacionales, restricciones de financiación y dificultades para operar en mercados sensibles al cumplimiento del derecho internacional.

El sector tecnológico, uno de los pilares de la economía israelí, tampoco queda al margen. Su ecosistema depende de capital extranjero, cooperación científica y contratación internacional. La prolongación del conflicto puede impulsar industrias vinculadas a ciberseguridad, defensa y vigilancia, pero esa expansión tiene un precio: una economía más dependiente del gasto militar y menos diversificada hacia innovación civil. El crecimiento de empresas de seguridad no compensa necesariamente el deterioro de la confianza internacional ni la salida de profesionales que buscan entornos menos expuestos a la movilización y a la incertidumbre.

Tres escenarios para después del 27 de octubre

El primer escenario es la continuidad de Netanyahu mediante una coalición de derechas. Sería la opción con mayor probabilidad de mantener la actual política sobre Gaza, los asentamientos y la confrontación con Irán. La estabilidad inicial podría ser engañosa: los socios ultranacionalistas tendrían incentivos para impedir cualquier alto el fuego duradero o acuerdo de reconstrucción que no garantice una presencia israelí permanente. El riesgo sería una guerra de desgaste con episodios recurrentes de escalada regional.

El segundo escenario es una coalición encabezada por Eisenkot. Su llegada podría abrir investigaciones más creíbles sobre los fallos del 7 de octubre y mejorar la relación con sectores de la oposición, pero no implicaría automáticamente una salida del conflicto. Si mantiene la promesa de derrotar militarmente a Hamás y rechaza tanto los dos Estados como un Estado binacional, el cambio sería principalmente institucional. La comunidad internacional podría recibirlo como una renovación, mientras la realidad sobre el terreno conservaría muchos de sus rasgos actuales.

El tercer escenario es el bloqueo parlamentario. Si ninguno de los bloques logra reunir apoyos suficientes, Israel podría entrar en un ciclo de negociaciones fallidas, presupuestos provisionales y nuevas elecciones. Esa opción prolongaría la incertidumbre y elevaría el poder de veto de los partidos pequeños. También dificultaría adoptar decisiones sobre rehenes, reconstrucción de Gaza, servicio militar y relación con los tribunales internacionales. En un entorno de guerra, la parálisis no es neutral: favorece a quienes controlan los hechos sobre el terreno y reduce el margen de las instituciones civiles.

El riesgo más grave no es únicamente que la próxima coalición sea inestable, sino que la inestabilidad se convierta en una justificación para gobernar mediante la excepción. Cuando cada crisis de seguridad se utiliza para cerrar el debate, limitar la representación árabe o deslegitimar la crítica jurídica, la democracia conserva sus procedimientos mientras pierde capacidad de corregir el rumbo. Las elecciones podrán renovar el Parlamento, pero no resolverán por sí mismas la contradicción entre control territorial y exclusión política.

La cuestión decisiva será, en última instancia, si la sociedad israelí acepta que la seguridad exige una guerra indefinida y una ciudadanía palestina permanentemente subordinada. Si la respuesta electoral vuelve a premiar al candidato que prometa mayor contundencia militar, el conflicto seguirá organizando la vida política y económica del país. Si, por el contrario, emerge una mayoría capaz de vincular seguridad con responsabilidad institucional, igualdad política y una salida negociada, el cambio será más profundo que la sustitución de un primer ministro. Por ahora, la campaña apunta en la dirección contraria: la competencia no está abriendo una alternativa al ciclo de violencia, sino elevando el precio electoral de cualquier intento de abandonarlo.