La plaza de los Rehenes de Tel Aviv volvió a convertirse este sábado en el escenario de una movilización política de gran carga simbólica. Durante casi dos años, ese espacio había concentrado la presión social para exigir el regreso de los secuestrados en Gaza. Ahora, con todos los rehenes ya fuera de la Franja y a tres días de las elecciones, la plaza recuperó su función de altavoz contra Benjamín Netanyahu. El mensaje de los manifestantes fue inequívoco: la votación del martes no debe limitarse a elegir un nuevo Gobierno, sino servir para exigir responsabilidades por el ataque de Hamás del 7 de octubre.

La protesta reúne a supervivientes, antiguos secuestrados, familiares de las víctimas, organizaciones de derechos humanos, activistas por la paz y partidos de la oposición. Esa composición revela que la disputa ya no gira únicamente en torno a la gestión de la guerra, sino a una cuestión más profunda: quién tiene legitimidad para explicar el mayor fracaso de seguridad sufrido por Israel en décadas y quién puede seguir ejerciendo el poder después de aquel día. Los organizadores reclaman una comisión estatal independiente que determine qué falló, establezca responsabilidades y extraiga consecuencias personales y políticas.

La elección se ha transformado en un referéndum sobre la responsabilidad

El principal efecto político del 7 de octubre es que ha desplazado el eje tradicional de la campaña. Netanyahu intenta presentar su trayectoria reciente como una demostración de fortaleza: habla de éxito en Gaza, Líbano e Irán y procura conservar entre sus seguidores la imagen de “Mister Security”. Sin embargo, para una parte significativa de la sociedad israelí, el ataque de Hamás destruyó precisamente el fundamento de esa marca política. Si la seguridad era la principal promesa del primer ministro, la penetración de los atacantes, la muerte de unos 1.200 israelíes y el secuestro de aproximadamente 250 personas constituyen una impugnación directa de su credibilidad.

La oposición ha entendido que no necesita competir con Netanyahu en el terreno de las operaciones militares. Le basta con situar el foco en la prevención, la cadena de mando y la rendición de cuentas. Gadi Eisenkot, líder de Yashar y antiguo jefe del Ejército, ha planteado la elección entre “asumir la responsabilidad y huir de ella”. Su argumento combina autoridad institucional y experiencia personal: perdió a un hijo combatiendo en Gaza y sostiene que quienes estaban al mando el 7 de octubre no deberían regresar a puestos de liderazgo.

Naftali Bennett y Avigdor Lieberman han formulado acusaciones todavía más directas al atribuir a Netanyahu una responsabilidad personal por la masacre. El objetivo no es únicamente obtener una mayoría parlamentaria, sino convertir la continuidad del primer ministro en una cuestión moral y de confianza pública. La operación opositora tiene una lógica clara: mientras el Gobierno intenta que el electorado valore los resultados militares posteriores, sus adversarios quieren que valore la incapacidad de impedir el ataque inicial.

El bloqueo de una investigación alimenta la desconfianza

La negativa de Netanyahu a impulsar una investigación estatal independiente se ha convertido en un problema político por sí mismo. El primer ministro prefiere centrar el debate en la amenaza de Teherán, un encuadre que le permite presentarse como el dirigente mejor preparado para afrontar un entorno regional hostil. Pero esa estrategia tiene un coste: muchos ciudadanos interpretan el aplazamiento de la investigación como un intento de retrasar o evitar conclusiones que podrían afectar a la cúpula política, militar y de inteligencia.

La controversia no se limita a una disputa procedimental. Una comisión independiente tendría que revisar las advertencias previas, la evaluación de la amenaza, la coordinación entre los servicios de inteligencia, la preparación de las comunidades fronterizas y las decisiones adoptadas antes y durante el ataque. Cada una de esas áreas puede producir responsabilidades distintas. Por ello, la investigación no es percibida solo como un mecanismo de aprendizaje institucional, sino también como la posible antesala de dimisiones, procesos políticos y cambios en la doctrina de seguridad.

El argumento del Gobierno es igualmente reconocible: abrir ahora una investigación con la guerra y las tensiones regionales aún presentes podría dividir al país, debilitar la capacidad de decisión y convertir la seguridad nacional en un campo de batalla partidista. Esa objeción tiene peso para quienes consideran que Israel todavía enfrenta amenazas activas. Sin embargo, confunde dos planos. La investigación puede diseñarse para proteger información sensible y, al mismo tiempo, establecer una cronología independiente de los hechos. El riesgo de politizarla existe, pero el vacío de rendición de cuentas también es una forma de politización: deja que cada bloque construya su propia versión de lo ocurrido.

La aritmética parlamentaria será más decisiva que el resultado del partido ganador

Las encuestas dibujan un escenario de bloqueo. Yashar aparece con entre 22 y 23 escaños, por delante del Likud, situado entre 19 y 21. El dato más relevante, sin embargo, no es la ventaja de Eisenkot, sino la ausencia de una mayoría clara. La oposición reuniría entre 52 y 56 diputados, mientras el bloque de Netanyahu se movería alrededor de 50, muy lejos ambos de los 61 escaños necesarios para gobernar.

Los partidos árabes, con una previsión de entre 14 y 16 escaños, pueden convertirse en los árbitros de la formación del próximo Ejecutivo. Esa posibilidad expone una contradicción central de la política israelí. Numerosos partidos opositores responsabilizan a Netanyahu de haber debilitado la seguridad nacional, pero algunos siguen rechazando depender de formaciones árabes para construir una mayoría. El discurso de que cooperar con esos partidos equivale a traicionar al país, atribuido a la estrategia política del Likud durante años, continúa condicionando las opciones de gobierno.

La primera consecuencia es que una victoria electoral de la oposición no garantizaría un cambio de poder. La segunda es que Netanyahu podría mantenerse como figura central incluso si el Likud no termina como primera fuerza. En un Parlamento fragmentado, la capacidad para negociar apoyos, unir sectores ideológicamente incompatibles y ofrecer garantías sobre seguridad puede pesar más que la posición obtenida en las urnas. La elección, por tanto, no resolverá necesariamente el conflicto político; puede trasladarlo a una fase de pactos frágiles, vetos cruzados y eventual repetición electoral.

Ese riesgo es especialmente alto porque el 7 de octubre ha creado una frontera emocional que dificulta los acuerdos. Para los familiares de las víctimas y los supervivientes, cualquier pacto que permita continuar a quienes consideran responsables puede ser visto como una traición. Para los sectores conservadores, una coalición que dependa de partidos árabes puede parecer una cesión inaceptable en materia de seguridad. La aritmética parlamentaria obliga a negociar precisamente sobre las cuestiones que la campaña ha convertido en símbolos de identidad.

La protesta también cuestiona la lógica de una guerra permanente

La movilización de Tel Aviv no expresa una sola alternativa. Adva Wallis, llegada desde Madrid para protestar y votar, reclama un cambio político y una investigación que permita aprender de lo sucedido. Ester Diner, de Mujeres Activas por la Paz, desplaza el énfasis hacia la negociación: sostiene que evitar otro 7 de octubre exige hablar con la otra parte y alcanzar acuerdos. Miguel Turkenich, de Looking the Occupation in the Eye, resume esa posición con un mensaje que reivindica la cooperación entre árabes y judíos y rechaza la idea de que una guerra cada vez más prolongada sea la solución.

La presencia de estas voces revela una disputa estratégica dentro de la oposición. Un sector quiere utilizar el fracaso de seguridad para exigir un relevo de liderazgo, pero sin cuestionar necesariamente la arquitectura militar de la respuesta. Otro considera que la misma lógica que no impidió el ataque puede volver a producir una catástrofe si se limita a ampliar la guerra. Entre ambos extremos existe una discusión menos visible sobre los objetivos políticos: eliminar amenazas, recuperar la capacidad de disuasión, negociar acuerdos de seguridad o modificar la relación con los palestinos y con los partidos árabes israelíes.

La diferencia es importante porque una comisión de investigación podría identificar fallos operativos sin abordar las decisiones políticas que los hicieron posibles. Si el análisis se limita a señalar errores de inteligencia o deficiencias en la vigilancia fronteriza, el sistema puede corregir procedimientos y conservar intacta la estrategia que alimenta el conflicto. Si, por el contrario, la investigación vincula seguridad, ocupación, polarización interna y exclusión política, sus conclusiones serán más difíciles de aceptar, pero también más relevantes para impedir una repetición.

El impacto excede a los partidos: afecta a las instituciones y a la cohesión social

Para las familias de los rehenes y de los muertos, la elección representa una oportunidad de recuperar capacidad de presión después de meses en los que la agenda nacional estuvo dominada por la conducción militar. Su influencia puede ser decisiva porque combina autoridad moral, visibilidad pública y una demanda concreta: saber quién decidió, quién advirtió y quién no actuó. La salida de todos los rehenes de Gaza reduce la urgencia humanitaria inmediata, pero no elimina el conflicto político. Al contrario, puede liberar espacio para que la pregunta por la responsabilidad ocupe el centro de la agenda.

Para las fuerzas armadas y los servicios de seguridad, el debate encierra un riesgo institucional. Una investigación percibida como una purga partidista puede erosionar la confianza en las cadenas de mando y hacer que los responsables futuros actúen pensando más en su protección jurídica que en la gestión de crisis. Pero la ausencia de una revisión creíble puede producir un efecto aún más dañino: que la ciudadanía concluya que las élites se protegen mutuamente y que las lecciones del ataque se subordinan a la supervivencia electoral.

También está en juego la relación entre la mayoría judía y los ciudadanos árabes. Si los partidos árabes se convierten en indispensables para formar Gobierno, las consignas de exclusión pueden chocar con la realidad parlamentaria. Una alianza formal o una cooperación externa obligaría a redefinir qué significa seguridad nacional y quién participa en las decisiones del Estado. El resultado podría abrir una vía de integración política, pero también desencadenar una reacción de la derecha, movilizaciones y una nueva campaña basada en el miedo a la influencia árabe.

El próximo Gobierno tendrá poco margen para administrar el conflicto

El escenario más probable tras las elecciones es una negociación prolongada. Si ninguno de los bloques alcanza los 61 escaños, el presidente deberá encargar la formación de Gobierno en un contexto en el que las líneas rojas son más fuertes que los incentivos al compromiso. Un Ejecutivo estrecho podría aprobar una comisión de investigación limitada, con mandato ambiguo o plazos dilatados, para aliviar la presión sin aceptar de inmediato consecuencias personales. Esa solución reduciría la tensión a corto plazo, pero difícilmente satisfaría a los manifestantes.

Una segunda posibilidad sería una coalición opositora amplia que incluya partidos centristas, formaciones de derecha crítica con Netanyahu y apoyo árabe. Su ventaja sería ofrecer un mandato explícito de renovación institucional. Su debilidad, la dificultad de conciliar las posiciones sobre Gaza, Irán, los asentamientos, la relación con los partidos árabes y la investigación del 7 de octubre. Cuanto más heterogénea sea la coalición, más probable será que sobreviva mediante acuerdos mínimos y que posponga las decisiones más conflictivas.

La tercera opción es la repetición electoral. El bloqueo previsto por los sondeos hace que no pueda descartarse. Una nueva campaña prolongaría la incertidumbre, mantendría la seguridad como instrumento de movilización y retrasaría la investigación. También aumentaría el desgaste económico y social de un país que lleva años sometido a una intensa polarización política y a la presión de la guerra. En ese escenario, Netanyahu conservaría una ventaja: cada semana sin conclusiones oficiales le permitiría insistir en que el debate sobre responsabilidades debe esperar.

El riesgo principal no es únicamente que gane o pierda un candidato. Es que la elección convierta una tragedia nacional en un mecanismo de inmunidad política. Si el 7 de octubre se utiliza solo para castigar electoralmente a un dirigente, pero no para revisar las instituciones que fallaron, el resultado será una alternancia sin aprendizaje. Si, en cambio, la presión social consigue una investigación con independencia, transparencia y capacidad para atribuir responsabilidades, la votación puede marcar el inicio de una reconstrucción de la confianza pública.

La plaza de los Rehenes ha dejado atrás la demanda inmediata de liberar a quienes permanecían en Gaza, pero conserva una función decisiva: recordar que la seguridad no se mide solo por la fuerza de la respuesta posterior, sino también por la capacidad de prevenir, proteger y rendir cuentas. Israel llega a las urnas dividido entre el temor a una nueva amenaza y la necesidad de examinar la cadena de decisiones que permitió la anterior. El desenlace electoral determinará quién gobierna; la forma en que se afronte la investigación determinará si el país logra aprender del fracaso o queda atrapado en él.