José Antonio Marina volvió a poner en el centro del debate una distinción que suele perderse en la conversación pública: toda persona tiene derecho a expresar lo que piensa, pero eso no significa que todas las opiniones merezcan el mismo respeto intelectual. El filósofo español, de 87 años, sostiene que la libertad de expresión protege a quien habla, no necesariamente la calidad, la justicia o la solidez de aquello que afirma.

La idea cobró nueva circulación en las redes sociales después de que una intervención realizada años atrás fuera recuperada por medios y usuarios. Su planteo adquiere especial relevancia en un contexto marcado por la abundancia de mensajes, la velocidad de las plataformas digitales y la expansión de discursos sin matices. En ese escenario, la mera existencia de una opinión suele presentarse como razón suficiente para concederle legitimidad.

Una diferencia que cambia el sentido del debate

Marina cuestiona precisamente esa equivalencia. En sus clases de posgrado, según relató, suele preguntar a sus alumnos si todas las opiniones son respetables. La respuesta habitual es afirmativa. Sin embargo, el filósofo introduce una separación decisiva: lo respetable es el derecho a exponer una opinión sin sufrir una persecución por hacerlo; la opinión, en cambio, debe ser evaluada por su contenido y por las razones que la sostienen.

La distinción evita confundir dos planos que, cuando se mezclan, empobrecen la discusión. Una sociedad democrática debe proteger la posibilidad de disentir, incluso cuando una idea resulte incómoda o minoritaria. Pero esa protección no obliga a aceptar como razonable cualquier afirmación ni impide señalar sus errores, sus prejuicios o sus consecuencias dañinas.

El problema no es hablar, sino hablar sin justificar

La preocupación de Marina se concentra en la pérdida de rigor que observa en la comunicación contemporánea. Los mensajes breves, la reacción inmediata y la recompensa que reciben las frases provocadoras favorecen la circulación de ideas que no han sido desarrolladas ni comprobadas. La rapidez, que puede facilitar el acceso a la información, también reduce el tiempo disponible para preguntar de dónde surge una afirmación y qué pruebas la respaldan.

Cuando la opinión se desvincula de la argumentación, el debate deja de organizarse alrededor de la búsqueda de explicaciones y empieza a hacerlo alrededor de la visibilidad. En las redes, una ocurrencia contundente puede alcanzar más difusión que un análisis cuidadoso, no porque sea más verdadero, sino porque resulta más fácil de compartir. El volumen de adhesiones, por tanto, no constituye una prueba de validez.

Marina advierte que esta dinámica termina premiando el ruido sobre la razón. La dificultad no consiste solamente en que circulen opiniones equivocadas, algo inevitable en cualquier sociedad abierta, sino en que se las coloque automáticamente al mismo nivel que las ideas construidas con información, coherencia y reflexión.

Qué debería exigirse a una opinión

Para valorar una posición, el filósofo propone observar los elementos que la sostienen. Entre ellos menciona la motivación, la lógica, la coherencia y la ausencia de prejuicios. No se trata de exigir que cada intervención tenga la forma de un tratado académico, sino de recuperar un umbral básico de responsabilidad: quien afirma algo debería estar dispuesto a explicar por qué lo afirma y a revisar su postura cuando los hechos la contradicen.

Ese criterio también permite distinguir entre una opinión discutible y una afirmación abiertamente injusta o discriminatoria. Marina enumera como ejemplos las opiniones estúpidas, blasfemas, injustas o racistas. La enumeración no busca establecer una censura previa, sino recordar que el lenguaje puede expresar ideas cuya debilidad intelectual o cuyo daño social deben ser señalados, en lugar de quedar protegidos por una invocación automática al respeto.

La libertad de expresión, entendida de ese modo, no desaparece cuando una opinión es criticada. Al contrario, se vuelve más robusta cuando permite confrontar argumentos, identificar falacias y exponer los prejuicios que se presentan como verdades evidentes. Una conversación pública madura no protege a las ideas de la evaluación; protege a las personas para que puedan participar en esa evaluación.

La responsabilidad de escuchar también está en juego

El planteo de Marina no interpela únicamente a quienes publican mensajes. También obliga a revisar la forma en que los demás reciben y amplifican lo que circula. Compartir una afirmación sin comprobarla, aceptar una conclusión porque coincide con las propias preferencias o rechazar un argumento únicamente por quién lo pronuncia son prácticas que reducen la calidad del intercambio colectivo.

La educación ocupa un lugar central en esta discusión. La experiencia docente del filósofo sugiere que pensar críticamente no consiste en desconfiar de todo, sino en aprender a distinguir entre una afirmación, una interpretación y una evidencia. Esa capacidad permite escuchar opiniones diferentes sin asumir que todas tienen idéntico fundamento y sin convertir el desacuerdo en una amenaza personal.

En el fondo, la advertencia de Marina apunta a una cuestión política y cultural más amplia. Una democracia necesita libertad para hablar, pero también hábitos sociales capaces de separar la razón del prejuicio, la argumentación de la consigna y el conocimiento de la simple impresión. Sin esa segunda condición, el derecho a opinar puede conservarse formalmente mientras el espacio público se vuelve cada vez menos capaz de comprender los problemas que debe resolver.

“El derecho a opinar es respetable, pero no todas las opiniones lo son” resume así una exigencia de responsabilidad, no una invitación al silencio. La frase reclama que el respeto a la libertad no se convierta en renuncia al juicio crítico. En una época de mensajes instantáneos y certezas adquiridas sin examen, tomar en serio una opinión debería significar algo más que dejarla circular: debería implicar preguntarse qué la fundamenta, qué revela y qué efectos puede producir.