Para quien vive o trabaja cerca de la Zona Norte y la canalización del Río Tijuana, la situación de mujeres que sobreviven en la calle no es solo una emergencia ajena: también plantea cómo responde la ciudad cuando una persona necesita atención médica, pero no puede o no quiere trasladarse por cuenta propia. Enfermeros Tácticos del Bordo A.C. pidió la intervención del gobierno municipal ante casos que, según la asociación, podrían agravarse hasta poner vidas en riesgo.

Cuando pedir ayuda no basta

El caso de Anabel, de alrededor de 50 años, muestra por qué la respuesta no se resuelve con ofrecer un traslado. Mark Rivera, director de la asociación, señaló que ella se refugia entre viviendas improvisadas, en condiciones insalubres que han afectado su piel. También reportó consumo de drogas y una enfermedad contagiosa y de transmisión sexual. Son datos atribuidos a la organización; la información disponible no precisa un diagnóstico clínico ni detalla qué servicios se han ofrecido.

La asociación describe obstáculos que pueden acumularse: falta de familiares que asuman cuidados, problemas de salud mental que dificultan aceptar el traslado y exposición a maltratos por ser mujeres. Esto importa porque la atención depende de algo más que la existencia de un hospital o un centro de rehabilitación. Hace falta que las instituciones puedan evaluar cada situación y enlazar atención médica, apoyo social y seguimiento, sin reducir a la persona a su consumo de drogas o a su condición de calle.

Lo que significa para quienes viven cerca

Para vecinos, comerciantes y personas que transitan por la zona, el deterioro de la salud en espacios públicos puede generar preocupación, pero no permite concluir que quienes viven en la calle sean una amenaza. La noticia apunta a una población expuesta y con necesidades desatendidas. Las condiciones sanitarias descritas también hacen relevante que las autoridades respondan con servicios adecuados, en vez de dejar que una crisis médica y social avance sin seguimiento.

Rivera afirmó que seis personas han muerto en las calles durante este año por problemas de salud que relacionó con la salud mental y la intoxicación por drogas. El reporte no ofrece más datos para evaluar cada fallecimiento, pero la cifra refuerza la pregunta sobre la capacidad de respuesta antes de que una situación se vuelva irreversible. Para el público, la diferencia entre una intervención puntual y una atención continua puede ser decisiva: retirar a alguien del lugar no equivale a garantizar diagnóstico, tratamiento o un espacio seguro al que regresar.

Qué puede hacer una persona que presencia un caso

Si alguien observa a una persona en peligro inmediato, puede solicitar ayuda a los servicios de emergencia locales y describir con claridad la ubicación y lo que está ocurriendo. Conviene evitar divulgar públicamente datos que identifiquen a la persona o afirmar diagnósticos no confirmados. Quienes trabajan en la zona también pueden comunicar necesidades concretas a las autoridades y organizaciones de atención, sin intentar forzar por cuenta propia un traslado que puede requerir evaluación profesional.

La petición de Enfermeros Tácticos del Bordo pone el foco en una responsabilidad pública concreta: crear una vía de intervención para personas que, por falta de redes de apoyo o por su estado de salud, no logran acceder por sí mismas a cuidados. Para Anabel y otras mujeres en circunstancias similares, esa respuesta puede determinar si la atención llega antes de que su salud siga deteriorándose. Para la comunidad, medirla exige mirar más allá del traslado y comprobar si después hay atención y continuidad.