Indonesia lleva tres meses respirando una mezcla de gases y cenizas procedentes de los incendios forestales de Borneo. La nube tóxica ha reducido la visibilidad, ha cubierto de amarillo y naranja calles enteras y se ha desplazado hacia Singapur y Malasia. En el archipiélago, la contaminación ya no se percibe únicamente como una emergencia ambiental: se ha convertido en una crisis sanitaria y en una prueba decisiva para la capacidad de respuesta del Gobierno.

La protesta nace de una emergencia que ya afecta a millones

Las movilizaciones, iniciadas en agosto y ampliadas durante la última semana, se extienden por más de media docena de ciudades. La mayoría de sus participantes pertenece a la Generación Z, que reclama al presidente Prabowo Subianto que declare los incendios un desastre natural o un estado de emergencia nacional. Esa declaración obligaría al Ejecutivo a activar medidas más contundentes y permitiría concentrar recursos en las zonas más afectadas.

Las consignas reflejan el cambio de tono de la protesta. “Tenemos derecho a respirar” resume una demanda inmediata, mientras que “Esto no es un desastre natural, sino político” apunta directamente a la gestión pública. Las manifestaciones coinciden con el segundo aniversario de la presidencia de Subianto, un contexto que ha transformado el balance de los incendios en un juicio sobre los dos primeros años de su mandato.

El coste más visible está en los hospitales y las aulas

La dimensión sanitaria explica por qué el malestar ha dejado de ser una reacción localizada. Más de 306.309 residentes de las siete provincias indonesias más afectadas han sufrido enfermedades respiratorias agudas durante los dos últimos meses, según las autoridades médicas. Casi la mitad de los casos, 146.037, corresponden a menores de diez años. Especialistas advierten, además, de que los registros oficiales podrían no reflejar el alcance real de la exposición y de que algunos problemas respiratorios pueden hacerse crónicos.

La educación también ha quedado condicionada por la calidad del aire. Unos 12.800 centros de Sumatra y Borneo permanecen cerrados y han trasladado sus clases al formato telemático. Save the Children calcula que más de 1,4 millones de estudiantes se han visto obligados a estudiar a distancia. La interrupción no solo altera el aprendizaje: amplía las desigualdades entre familias con acceso estable a dispositivos y conexión y aquellas que carecen de esos recursos.

Para la organización, el episodio no constituye únicamente una crisis ambiental o sanitaria, sino también una crisis de derechos de la infancia. La exposición prolongada al humo, la suspensión de las clases presenciales y la pérdida de normalidad se concentran especialmente en comunidades que tienen menos capacidad para protegerse o trasladarse a zonas con aire limpio.

El Gobierno promete recursos, pero evita el paso político que le reclaman

El Ejecutivo sostiene que está empleando tropas terrestres, aeronaves y voluntarios para combatir el fuego y asegura que la emergencia es su “máxima prioridad”. Sin embargo, Subianto se resiste a declarar los incendios un desastre natural y ha defendido que, en última instancia, la única solución real es la lluvia. Esa respuesta deja abierta una contradicción: la lluvia puede aliviar las condiciones meteorológicas, pero no corrige las prácticas que permiten que el fuego se extienda ni reemplaza las medidas preventivas.

Los manifestantes vinculan la expansión de los incendios con prácticas agrícolas destructivas y con la industria del aceite de palma. La quema para despejar terrenos, la tala y décadas de degradación forestal han reducido la capacidad de los ecosistemas para resistir una estación seca extrema. Por eso, para una parte de la sociedad indonesia, la cuestión central no es solo cómo apagar los focos actuales, sino quién debe responder por las condiciones que los hicieron posibles.

El clima agrava un problema construido durante décadas

Indonesia convive habitualmente con incendios durante la estación seca, que comienza en abril, pero los de este año son considerados los peores registrados. El calentamiento global y El Niño han contribuido a reducir las lluvias, limitar la formación de nubes y prolongar los periodos de sequedad. Esos factores climáticos no originan por sí solos todos los focos, pero aumentan la velocidad de propagación y dificultan cualquier operación de extinción.

La combinación es especialmente peligrosa: un bosque degradado arde con mayor facilidad, una atmósfera seca favorece la expansión del fuego y la ausencia de lluvias prolonga la permanencia de la contaminación. El fenómeno deja así de ser un episodio estacional aislado y pasa a comportarse como un riesgo recurrente, alimentado por decisiones económicas, vulnerabilidad climática y una prevención insuficiente.

Las cifras enfrentadas alimentan la desconfianza

La controversia también alcanza a la superficie destruida. En su último recuento, realizado en julio y ya desactualizado, el Gobierno calculó que habían ardido unos 2.020 kilómetros cuadrados. Plataformas de datos abiertos como Nusantara Atlas elevan la estimación hasta aproximadamente 19.166 kilómetros cuadrados de superficie forestal afectada. La diferencia no es un detalle técnico: determina la percepción de la magnitud de la emergencia, el volumen de recursos necesarios y la credibilidad de la información oficial.

Ante la falta de avances, Nafas Kalbar, una coalición de organizaciones civiles de Kalimantan Occidental, presentó una demanda colectiva por negligencia contra el Ejecutivo. La acusación sostiene que las autoridades no lograron frenar los incendios ni adoptaron medidas preventivas ante la llegada previsible de El Niño. El litigio puede convertir la gestión de la crisis en una disputa institucional sobre responsabilidades, no solo en una discusión sobre coordinación operativa.

La humareda ya es un conflicto regional

Singapur ha anunciado que podría emprender acciones legales contra empresas sospechosas de estar relacionadas con los incendios. Su ministra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Grace Fu, afirmó que una investigación apunta a terrenos pertenecientes a siete compañías indonesias y advirtió de que la calidad del aire podría alcanzar niveles peligrosos según las condiciones meteorológicas. El Gobierno singapurense prepara notificaciones preventivas y mantiene abiertas opciones como multas o demandas.

La disputa muestra que el humo no respeta fronteras, pero también que la responsabilidad sí puede perseguirse mediante instrumentos legales y económicos. Para Yakarta, el desafío ya no consiste únicamente en recuperar el control sobre los incendios: debe demostrar que puede medirlos con transparencia, proteger a la población y limitar las actividades que los alimentan. Mientras la lluvia no llega y las aulas permanecen vacías, la presión sobre Prabowo crece porque la emergencia ambiental empieza a definir la legitimidad de su Gobierno.