Cuba produce hoy menos electricidad que hace dos décadas, pero sus apagones son más extensos y frecuentes. La paradoja resume el deterioro del sistema: la demanda ha caído por la contracción de la economía, el cierre de industrias, la pérdida de turistas y la emigración, mientras la capacidad real de generación se ha desplomado todavía más.
En 2006, las centrales termoeléctricas produjeron 15.511 gigavatios-hora (GWh). La generación total llegó a su máximo en 2018, con 20.837 GWh, impulsada en parte por grupos electrógenos alimentados con diésel y fueloil. En 2025, sin embargo, la producción nacional se redujo a unos 14.100 GWh, incluso cuando la Isla todavía recibía petróleo venezolano. Los datos disponibles para 2026 apuntan a un resultado aún peor.
Una capacidad nominal que no llega a los hogares
Sobre el papel, Cuba dispone de entre 6.600 y 7.200 megavatios (MW) instalados, más del doble de la demanda máxima actual, situada ligeramente por encima de los 3.000 MW. Esa comparación sugiere que no debería existir una escasez estructural. El problema es que la potencia instalada no equivale a electricidad disponible: buena parte de las plantas permanece fuera de servicio por averías, falta de mantenimiento o ausencia de combustible.
Para este 18 de octubre, la Unión Eléctrica (UNE) preveía apenas 920 MW de disponibilidad frente a una demanda estimada de 2.800 MW, lo que implicaba un déficit de 1.880 MW. Si el país necesitara los 3.500 MW que las autoridades identificaban como una demanda máxima histórica, la brecha ascendería a 2.580 MW, un 37% más. La diferencia muestra cómo la caída del consumo está ocultando parte del deterioro productivo del sistema.

El descenso no se explica únicamente por la reducción del número de consumidores. En 2019, el consumo eléctrico por habitante rondaba los 1.541 kilovatios-hora anuales. Cinco años después había bajado a 1.435, una disminución cercana al 7%. Cada habitante utiliza menos electricidad, pero no porque el sistema haya ganado eficiencia, sino porque hogares y empresas operan bajo restricciones cada vez más severas.
Cuando el ahorro es una señal de empobrecimiento
Las estadísticas sectoriales permiten observar el cambio con mayor claridad. Según la Oficina Nacional de Estadística e Información, los consumidores residenciales utilizaron 8.843 GWh en 2024, aproximadamente el 63% de la electricidad facturada. Las entidades estatales consumieron 4.570 GWh, menos de un tercio del total. El predominio de las viviendas refleja, sobre todo, el retroceso de la actividad económica formal.
Una fábrica paralizada deja de consumir energía, pero también deja de producir cemento, alimentos u otros bienes. Un hotel sin huéspedes reduce su factura eléctrica, aunque elimina ingresos y empleos. Por eso, la caída del consumo no puede interpretarse automáticamente como una mejora de eficiencia. En muchos casos es la consecuencia directa de una economía que produce menos y funciona durante menos horas.
Las cifras manufactureras refuerzan esa lectura. Entre 2021 y 2025, numerosos productos industriales registraron descensos de entre el 65% y el 98%. La reducción de la electricidad utilizada por esas instalaciones es, por tanto, el reflejo de una capacidad productiva perdida. La escasez energética y la contracción económica se alimentan mutuamente: los apagones dificultan producir, y una economía debilitada genera menos recursos para reparar las plantas.
El respaldo de los grupos electrógenos también se agotó
La llamada generación distribuida, que durante años compensó las limitaciones de las grandes termoeléctricas, ha dejado de cumplir esa función. Los grupos electrógenos produjeron más de 5.900 GWh en 2021, pero apenas alcanzaron 2.095 GWh en 2024, una caída superior al 64%. El deterioro de los equipos y las restricciones de combustible redujeron precisamente el respaldo que debía sostener al sistema durante las averías.
Las termoeléctricas, muchas de ellas adaptadas para consumir crudo nacional, arrastran décadas de mantenimiento insuficiente. Ese combustible es altamente corrosivo y acelera el desgaste de instalaciones envejecidas. Aunque el ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, ha afirmado que la producción de crudo se mantiene estable, la disponibilidad de combustible no resuelve por sí sola la falta de inversiones, repuestos y reparaciones programadas.
La prioridad de inversión quedó en otra parte
Entre 2019 y 2024, cerca del 40% de la inversión nacional se concentró en hoteles, restaurantes y actividades inmobiliarias vinculadas al turismo. En 2020, ese sector recibió el 47,6% de las inversiones, frente al 9,4% destinado conjuntamente a electricidad, gas y agua. La distribución revela una decisión económica con consecuencias prolongadas: se expandió la infraestructura turística mientras se posponía la renovación de la base energética que debía sostenerla.
Desde finales de 2025, los planes obligatorios de ahorro se extendieron al sector privado. En marzo de 2026, más de 110.000 entidades habían recibido notificaciones sobre sus límites de consumo. Así, la demanda registrada puede ser inferior a la necesidad real porque las empresas tienen prohibido utilizar toda la energía que requieren. El dato de consumo deja entonces de medir solo la actividad económica y empieza a medir también el grado de racionamiento impuesto.
El dato decisivo sigue sin publicarse
Las importaciones muestran otra contradicción. En julio de 2026, las exportaciones estadounidenses a Cuba alcanzaron 3.222.000 barriles, principalmente de diésel y gasolina, y en agosto llegaron a 74,86 millones de dólares. Esos derivados, destinados en buena medida al sector privado, no sustituyen el crudo utilizado por las termoeléctricas, pero confirman que el combustible continúa entrando en volúmenes importantes. Sigue sin estar claro quién recibe esos cargamentos ni cuánto contribuyen al funcionamiento general de la economía.
Para medir la crisis no basta con anunciar cada día cuántos megavatios faltan. Hace falta conocer la electricidad realmente entregada, el consumo perdido por sectores y la energía que dejó de suministrarse durante las interrupciones. La pregunta central no es solo cuánto consume Cuba ahora, sino cuánto consumiría si sus fábricas, hoteles, comercios, alumbrado público y hogares pudieran funcionar con normalidad. Sin esa referencia, el descenso de la demanda puede confundirse con eficiencia, cuando en realidad podría ser una de las formas más visibles del hundimiento económico.