La democracia atraviesa su mayor prueba desde el inicio de la tercera ola democratizadora, según los principales informes internacionales publicados recientemente. El avance de la autocratización, la manipulación del debate público mediante inteligencia artificial y algoritmos, y el repliegue de Estados Unidos como garante del orden liberal han profundizado un deterioro que ya alcanza a democracias consideradas estables. A finales de 2025, V-Dem contabilizó 92 autocracias frente a 87 democracias, mientras el 74 % de la población mundial vivía bajo regímenes autocráticos.

El cambio más relevante no es solo cuantitativo. Las democracias ya no suelen quebrarse mediante golpes militares, sino a través de gobiernos elegidos que utilizan su legitimidad electoral para debilitar los controles institucionales, someter a la justicia, hostigar a la prensa y modificar las reglas de competencia política. El resultado es una forma de autoritarismo electoral que conserva elecciones, pero vacía progresivamente de contenido la separación de poderes, la rendición de cuentas y los derechos de las minorías.

Un deterioro sostenido y de alcance global

El diagnóstico se repite, con distintas metodologías, en los estudios de V-Dem, Freedom House e Idea Internacional. Freedom House registró en 2025 el vigésimo año consecutivo de retroceso de la libertad global: 54 países empeoraron en derechos políticos y libertades civiles, frente a 35 que avanzaron. Idea Internacional señaló que fue el undécimo año seguido en que los retrocesos democráticos superaron a las mejoras; 98 de los países evaluados, el 57 %, sufrieron deterioros.

La distribución del poder político confirma la gravedad del momento. Según V-Dem, solo cerca del 7 % de la población mundial reside en democracias liberales, mientras unos 2.300 millones de personas viven en autocracias cerradas. La proporción de habitantes sometidos a regímenes autocráticos supera así a la que vive en democracias electorales y liberales combinadas. No se trata, por tanto, de crisis aisladas, sino de una transformación del entorno internacional en el que las instituciones democráticas intentan sobrevivir.

Estados Unidos también forma parte de esta tendencia. El país ha descendido en varios indicadores hasta niveles no vistos en medio siglo y ha pasado de ser considerado una democracia liberal a una democracia electoral. Durante décadas, Washington combinó sus intereses geopolíticos con una promoción imperfecta, pero significativa, de la democracia. La reducción de la cooperación democrática durante la presidencia de Donald Trump y la normalización de relaciones con líderes autoritarios han debilitado ese respaldo externo.

El poder elegido que desmantela sus propios límites

La nueva dinámica autoritaria comienza normalmente con una victoria electoral legítima. Una vez en el poder, el líder presenta al Congreso, los tribunales, los medios y los organismos electorales como obstáculos impuestos por élites desconectadas de la ciudadanía. Con esa narrativa, concentra competencias, reemplaza funcionarios independientes, restringe la fiscalización y utiliza los recursos del Estado para favorecer a su mayoría política.

La estrategia es eficaz porque no elimina de inmediato todos los procedimientos democráticos. Mantiene elecciones, pero reduce la igualdad entre los competidores; conserva parlamentos, pero limita su capacidad de control; y preserva tribunales, aunque procura convertirlos en dependencias políticas. La erosión gradual dificulta la reacción social: cada medida puede presentarse como una reforma aislada, aun cuando el conjunto modifique el régimen.

La inteligencia artificial y la segmentación algorítmica agravan el problema. La desinformación puede difundirse con mayor velocidad, precisión y bajo costo, mientras los ciudadanos reciben versiones cada vez más personalizadas de la realidad política. En ese entorno, la polarización no solo divide a la sociedad: también impide construir acuerdos mínimos sobre hechos, procedimientos y límites institucionales.

América Latina conserva fortalezas, pero también señales de alarma

América Latina mantiene una posición singular. V-Dem estima que en 2025 el 71 % de su población vivía bajo regímenes democráticos, aunque apenas el 5 % lo hacía en democracias liberales. Uruguay conserva las instituciones de mayor calidad, acompañado en distintos niveles por Costa Rica y Chile. Cuba y Nicaragua son dictaduras, Venezuela atraviesa una situación descrita como “neoprotectorado” estadounidense, Haití enfrenta un colapso estatal y El Salvador avanza hacia un modelo autoritario respaldado por sectores que valoran los resultados oficiales en seguridad.

El panorama regional combina democracias resistentes, sistemas estancados y regímenes híbridos. El PNUD considera que Latinoamérica sigue siendo la región más democrática del mundo en desarrollo, pero esa conquista convive con una insatisfacción creciente: pasó del 56,2 % en 1995 al 64,7 % en 2024. La desigualdad, la corrupción, la violencia criminal, el narcotráfico, la fragmentación partidista y la incapacidad estatal para responder a las demandas sociales erosionan la confianza en las instituciones.

La paradoja es decisiva para el futuro regional. El 65 % de los latinoamericanos todavía considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, según LAPOP. Sin embargo, una parte importante de la población acepta sacrificar controles, derechos y procedimientos a cambio de soluciones inmediatas frente a la inseguridad, el desempleo o el deterioro de los servicios públicos. Cuando la democracia no produce resultados tangibles, los líderes fuertes pueden presentar sus abusos como eficacia.

La defensa exige resultados y ciudadanía activa

La respuesta no pasa únicamente por proteger elecciones, sino por reconstruir la legitimidad democrática en sus dos dimensiones: la legitimidad de origen, basada en comicios libres, y la legitimidad de ejercicio, vinculada con gobiernos eficaces, responsables y sometidos a la ley. Reducir la desigualdad, fortalecer la capacidad fiscal del Estado, combatir la corrupción y enfrentar la criminalidad dentro del Estado de derecho son condiciones políticas, no solo sociales.

También resulta urgente ampliar la participación ciudadana, proteger la libertad de expresión y formar ciudadanos capaces de identificar contenidos manipulados. La alfabetización mediática y la ciudadanía digital deben convertirse en políticas públicas permanentes, especialmente ante el uso creciente de sistemas automatizados para influir en el debate público.

En el plano regional, la defensa de la democracia requiere actualizar la Carta Democrática Interamericana para responder a formas de autoritarismo que no encajan en el viejo modelo del golpe de Estado. El desenlace sigue abierto: las instituciones y las sociedades civiles aún conservan recursos para contener el retroceso, pero ninguna democracia se mantiene por inercia. Su continuidad dependerá de que los ciudadanos exijan resultados sin renunciar a las reglas que permiten controlar el poder.