El inicio del proyecto de la planta desaladora en Baja California representa un avance ante la demanda histórica de agua para Tijuana y Playas de Rosarito. Sin embargo, la obra no resolverá por sí sola el desafío hídrico de la zona metropolitana: su impacto dependerá tanto de una ejecución transparente y eficiente como de cambios sostenidos en el consumo.
De los anuncios a la operación
El suministro dejó de ser un asunto secundario y se convirtió en una condición para la viabilidad económica y social de la región. La escasez puede limitar la operación de empresas, reducir el atractivo para nuevas inversiones y afectar a la población en el acceso a un derecho humano fundamental. Frente a esos costos, la inversión en infraestructura adquiere una justificación económica y social, aunque su magnitud exige vigilancia pública.
La etapa decisiva comienza ahora: convertir la planeación en resultados verificables. La dimensión de una desaladora requiere que cada fase, desde la construcción hasta la puesta en marcha, se someta a estándares altos de transparencia y máxima publicidad. Para la ciudadanía y el sector productivo, no bastará con conocer los anuncios; será necesario evaluar cuándo empieza a operar la planta, qué eficiencia alcanza y cuánto contribuye al abasto regional.
Una obra necesaria, pero no suficiente
La nueva infraestructura ampliaría la oferta, pero la seguridad hídrica también depende de administrar mejor el agua disponible. Esa distinción importa: aumentar la producción no elimina las pérdidas ni corrige hábitos de consumo ineficientes. Por eso, la desalación debe entenderse como parte de una estrategia más amplia, junto con medidas para reducir la demanda y mejorar el uso del recurso en hogares, comercios e industrias.
La autora, contadora pública y presidenta de COPARMEX Tijuana, plantea que la coordinación con la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana puede impulsar estrategias operativas y ciudadanas de consumo responsable. Esa colaboración permitiría atender dos frentes complementarios: la eficiencia de los sistemas de servicio y las decisiones cotidianas de quienes utilizan el agua.
El ahorro como parte de la seguridad hídrica
Un ejemplo citado es la instalación de regaderas y sistemas de bajo flujo. La autora afirma que cambiar los dispositivos de todas las regaderas de su casa redujo el consumo a la mitad sin afectar el servicio. Se trata de una experiencia individual, no de una medición representativa para toda la población; aun así, muestra cómo una intervención concreta puede disminuir el uso doméstico y ofrece una medida susceptible de promoverse a mayor escala.
En el ámbito empresarial, el potencial incluye políticas de eficiencia interna, reciclaje de agua de proceso e incentivos para reducir consumos. Para que estas prácticas tengan efectos regionales, conviene traducirlas en objetivos medibles y seguimiento: sin indicadores, una política de ahorro puede quedarse en una declaración. La adopción corporativa también puede complementar las acciones de los hogares, donde las mejoras pequeñas se acumulan cuando se generalizan.
El resultado se medirá en el tiempo
El futuro hídrico de Tijuana dependerá de la combinación entre infraestructura mayor y disciplina de consumo. La desaladora será una respuesta efectiva si opera con eficiencia y aporta agua de manera comprobable; la conservación, por su parte, puede aliviar la presión sobre el balance regional mientras la obra avanza y después de su puesta en marcha. El reto público será sostener ambas vías, transparentar sus resultados y asegurar que los beneficios alcancen tanto a la actividad productiva como a la población.