La estimación de que Cuba mantiene con Venezuela una deuda petrolera de entre 20.000 y 25.000 millones de dólares reabre una de las cuentas más controvertidas de la relación entre ambos países. No se trata únicamente de determinar cuánto crudo fue enviado o cuánto quedó pendiente de pago. El problema central es que el Convenio Integral de Cooperación, vigente durante 25 años, mezcló suministro energético, servicios médicos, asistencia técnica, programas sociales y objetivos políticos dentro de un mecanismo cuya contabilidad permaneció en gran medida fuera del escrutinio público.
Las cifras citadas por los economistas Rafael Quiroz Serrano y José Toro Hardy deben leerse como estimaciones, no como un balance auditado. La diferencia entre los más de 20.000 millones calculados por algunos expertos, los 25.000 millones señalados por Toro Hardy y los 44.500 millones que el Miranda Center for Democracy atribuye al valor corriente del petróleo transferido muestra que existen varias formas de medir el mismo acuerdo: el valor de los envíos, el saldo financiero impago, el costo de oportunidad para Venezuela o el valor actualizado de los recursos. Confundir esas categorías podría alimentar conclusiones políticas, pero no resolvería la magnitud real de la obligación.
Una alianza que convirtió el petróleo en instrumento de política exterior
El convenio pactado en 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro partía de una fórmula aparentemente sencilla: Venezuela suministraría petróleo y derivados, mientras Cuba aportaría médicos, personal sanitario, entrenadores, educadores y asistencia técnica. El acuerdo inicial contemplaba 53.000 barriles diarios, un plazo de hasta 15 años para pagar, financiación de una parte de la factura y una tasa preferencial del 2%. En la práctica, sin embargo, el intercambio de bienes y servicios de naturaleza muy distinta dificultó establecer un precio verificable para cada componente.
Durante los años de mayor cooperación, los envíos llegaron a superar ampliamente las necesidades energéticas cubanas. El consumo normal de la isla se calcula en torno a 110.000 barriles diarios, de los cuales unos 40.000 procederían de la producción nacional. Que Venezuela llegara a enviar hasta 157.000 barriles diarios plantea una cuestión económica relevante: una parte del combustible podía ser almacenada, destinada a generación eléctrica, utilizada para refinar productos o revendida en mercados internacionales. La acusación de reventa, mencionada por Quiroz Serrano, exige documentación específica y no debería presentarse como un hecho plenamente probado sin contratos, registros de carga y trazabilidad comercial.
La estructura permitió a La Habana obtener energía en condiciones mucho más favorables que las disponibles en el mercado internacional. Ese beneficio pudo sostener el transporte, la electricidad y determinadas actividades productivas cubanas durante años de restricciones externas. También hizo posible que Cuba mantuviera y ampliara la exportación de servicios médicos, una fuente importante de divisas y de influencia diplomática. Para Caracas, el convenio facilitó una alianza política estratégica en el Caribe y proyectó la imagen de Venezuela como proveedor energético y patrocinador de programas sociales regionales.
El beneficio inmediato tuvo un costo diferido
La principal vulnerabilidad del acuerdo fue que sus beneficios sociales y diplomáticos se financiaron con ingresos petroleros que dependían de la capacidad productiva de Pdvsa. Entre 2005 y 2012, los envíos promediaron alrededor de 105.000 barriles diarios, según el informe citado en la información de origen. Después comenzaron a caer junto con la producción venezolana: los volúmenes reportados alcanzaron unos 69.000 barriles diarios en 2016, 55.000 en 2017, 56.000 en 2023, 32.000 en 2024 y cerca de 30.000 en 2025.
La disminución no fue solo una consecuencia de la contracción petrolera venezolana. También evidenció que el acuerdo carecía de un mecanismo suficientemente flexible para adaptarse a la pérdida de ingresos de una de las partes. Cuando Caracas dejó de disponer del excedente que había sostenido las entregas, el compromiso pasó de ser una herramienta de cooperación a convertirse en una carga financiera difícil de administrar. La paralización de los envíos después del 31 de enero, atribuida a una orden arancelaria firmada por Donald Trump contra países que suministraran petróleo a Cuba, puede acelerar esa ruptura, pero no elimina los saldos acumulados.
Para Venezuela, el costo de oportunidad es especialmente delicado. Cada barril enviado en condiciones preferenciales era un barril que no podía venderse a precio de mercado, utilizarse para generar divisas o destinarse a importaciones urgentes. El reportaje de Televen relaciona esos recursos no ingresados con el deterioro del producto interno bruto y con déficits que agravaron la crisis. La relación causal no puede reducirse a una sola decisión: la caída productiva de Pdvsa, la mala gestión, la falta de inversión, las sanciones y la pérdida de capacidad operativa también fueron determinantes. Aun así, un convenio de semejante escala pudo limitar el margen financiero disponible para atender infraestructura esencial.
Los ejemplos sobre el costo de estabilizar el sistema eléctrico, calculado entre 9.000 y 15.000 millones de dólares, o de recuperar la red de agua potable, estimado en 3.300 millones, ayudan a dimensionar el debate. No demuestran que todo ese dinero habría terminado automáticamente en obras públicas, pero sí muestran que la transferencia de recursos tuvo alternativas concretas. El riesgo político consiste en convertir esa comparación en una explicación total de la crisis venezolana; el riesgo económico contrario es ignorar que la magnitud de los envíos pudo agravar una fragilidad ya existente.
La opacidad contable dificulta una salida ordenada
El intercambio de petróleo por servicios hizo casi imposible establecer una factura convencional. ¿Cómo debía valorarse la jornada de un médico, el trabajo de una enfermera, la participación de un entrenador deportivo o la asistencia de un técnico agrícola? Las tarifas podían fijarse administrativamente, variar según el programa o quedar sujetas a decisiones políticas. La observación de Quiroz Serrano sobre la incapacidad de Pdvsa para determinar esos costos apunta a una debilidad institucional: una empresa estatal asumió compromisos internacionales sin disponer de criterios transparentes y homogéneos para reconocer activos, pasivos e ingresos.
Ese vacío crea riesgos legales y diplomáticos. Venezuela podría reclamar una cifra elevada, pero tendría que demostrar el volumen de los cargamentos, las condiciones financieras, los pagos efectuados, el valor de los servicios recibidos y el tratamiento de posibles compensaciones. Cuba, por su parte, podría cuestionar que el valor del petróleo se calcule a precios internacionales sin descontar la cooperación prestada o las condiciones preferenciales pactadas. Sin documentación bilateral aceptada por ambas partes, una reclamación formal podría convertirse en un conflicto prolongado, con escasas posibilidades de recuperación efectiva.
También existe un riesgo para la rendición de cuentas interna. Si la deuda se considera incobrable, el Estado venezolano podría terminar absorbiendo una pérdida multimillonaria sin que se determine quién autorizó los envíos, bajo qué controles y con qué evaluación de solvencia. Si se reconoce como activo recuperable, Pdvsa y el Gobierno tendrían que explicar por qué ese activo no genera ingresos ni puede utilizarse como garantía. En ambos escenarios, la falta de auditorías independientes reduce la credibilidad de las cifras y dificulta que ciudadanos, acreedores e instituciones públicas conozcan la situación patrimonial real.
Cuba enfrenta una presión energética y financiera creciente
Para Cuba, el fin de los suministros venezolanos baratos supone una presión inmediata sobre el combustible disponible, el transporte y la generación eléctrica. La isla puede buscar proveedores alternativos, reducir el consumo o elevar la eficiencia, pero cada opción tiene costos. Comprar petróleo en mercados internacionales requiere divisas que el país necesita para alimentos, medicamentos, repuestos y otras importaciones. Reducir el consumo puede traducirse en más apagones, menor actividad industrial y nuevas restricciones para la población.
La interrupción también puede acelerar una renegociación. Un acuerdo sobre plazos, quitas, pagos parciales o compensaciones mediante servicios permitiría evitar un deterioro mayor de la relación bilateral. Sin embargo, la capacidad cubana de ofrecer servicios como forma de pago tiene límites: esos servicios no sustituyen de manera inmediata los ingresos petroleros de Venezuela y su valor depende de la demanda, de los contratos y de la posibilidad de convertirlos en divisas. Mantener el modelo sin cambios trasladaría el problema al futuro y conservaría los incentivos para una contabilidad poco clara.
La presión externa añade incertidumbre. Las medidas estadounidenses pueden encarecer cualquier operación de suministro, elevar el riesgo para bancos, navieras y aseguradoras, y desalentar a proveedores potenciales. Pero la eficacia de esas medidas dependerá de su alcance jurídico, de la disposición de terceros países a asumir riesgos y de la capacidad de Cuba para reorganizar sus compras. La interrupción atribuida a la orden de enero no debe interpretarse necesariamente como permanente: podría modificarse por razones políticas, judiciales o comerciales.
Una deuda difícil de cobrar, pero imposible de ignorar
La cuestión petrolera no terminará con la suspensión de los envíos. Si la cifra se mantiene en el entorno de 20.000 o 25.000 millones de dólares, el pasivo representa una carga extraordinaria para una economía cubana con escaso acceso a crédito y para una Venezuela que necesita recursos para recuperar Pdvsa y sus servicios públicos. La solución más realista exigiría publicar los contratos, auditar los cargamentos y separar tres conceptos: el valor comercial del petróleo, el saldo financiero pendiente y el valor reconocido de los servicios cubanos.
Esa separación no resolvería por sí sola la disputa, pero permitiría comparar cifras con criterios comunes y abrir una negociación menos dependiente de declaraciones políticas. También ayudaría a determinar si hubo reventas, desvíos o beneficios para terceros, asuntos que requieren pruebas documentales y no solo testimonios. La transparencia tendría un costo político para ambos gobiernos, pero la opacidad ya tiene un costo económico acumulado.
El legado del convenio dependerá de si ambos países lo tratan como un episodio cerrado de solidaridad política o como una obligación pública que debe ser esclarecida. Sus defensores pueden señalar que sostuvo servicios sociales y una alianza estratégica durante años; sus críticos pueden responder que subordinó la disciplina financiera a objetivos ideológicos y dejó a Venezuela sin ingresos que hoy resultan indispensables. Ambas perspectivas contienen elementos verificables. Lo que sigue sin estar resuelto es cuánto se transfirió realmente, cuánto se compensó y quién asumirá las pérdidas. Mientras esas preguntas permanezcan abiertas, la deuda seguirá siendo no solo un problema bilateral, sino un indicador de los riesgos que surgen cuando la política exterior, la energía y las cuentas públicas quedan sometidas a acuerdos sin controles transparentes.