A menos de 48 horas del desenlace de las elecciones presidenciales brasileñas, la campaña ha dejado de girar únicamente en torno a programas de gobierno y se ha convertido en una confrontación directa sobre soberanía económica, agricultura y seguridad pública. El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, ha llamado «lamebotas» al senador Flávio Bolsonaro y lo ha acusado de estar detrás del arancel del 25 % impuesto por Donald Trump a las importaciones procedentes de Brasil. El senador ha rechazado reiteradamente esa acusación y ha respondido situando en el centro del debate el deterioro del campo, los tipos de interés y una política criminal de máxima severidad.

La importancia del episodio no reside solo en la dureza del lenguaje. Las acusaciones cruzadas intentan transformar asuntos complejos, cuya solución depende de negociaciones internacionales, política monetaria, productividad y capacidad institucional, en pruebas de lealtad política. Lula presenta el conflicto comercial como una presión externa que Brasil puede superar diversificando sus destinos. Bolsonaro lo utiliza para cuestionar la capacidad diplomática y económica del Gobierno. En paralelo, su propuesta de reducir a 14 años la responsabilidad penal y aplicar castración química a condenados por violación desplaza la discusión hacia el terreno emocional y punitivo.

Un arancel convertido en argumento de campaña

El arancel del 25 % es el dato más concreto del enfrentamiento, pero también el más susceptible de simplificación política. Una tarifa de ese tamaño encarece los productos brasileños en el mercado estadounidense, reduce su competitividad relativa frente a proveedores de otros países y puede comprimir los márgenes de exportadores, cooperativas y empresas que dependen de contratos internacionales. El impacto final, sin embargo, no es uniforme: depende del producto afectado, de la posibilidad de trasladar el coste al comprador, del tipo de cambio y de la existencia de mercados alternativos.

Lula ha respondido que, si Estados Unidos deja de comprar determinados productos brasileños, Brasil buscará otros destinos. El presidente ha ligado esa capacidad de respuesta a la apertura de «cientos de nuevos destinos comerciales» durante su mandato. La afirmación contiene una estrategia reconocible de diversificación, pero no equivale a sustituir automáticamente el mercado estadounidense. Abrir un destino comercial no significa que exista de inmediato una demanda suficiente, una logística competitiva, certificaciones sanitarias compatibles ni precios capaces de compensar el coste de transporte.

La primera conclusión relevante es que la diversificación reduce la vulnerabilidad, pero no elimina el daño de una ruptura con un socio importante. La sustitución de compradores exige tiempo y coordinación. Los productores pueden necesitar adaptar estándares, renegociar contratos, modificar rutas portuarias o asumir costes de almacenamiento. En sectores agrícolas, donde la producción es estacional y muchos bienes son perecederos, esperar a que aparezcan nuevos compradores puede resultar más difícil que en industrias con inventarios duraderos.

La acusación de Lula contra Flávio Bolsonaro introduce otra dimensión: la posible utilización de vínculos políticos con la derecha estadounidense como explicación del castigo comercial. El senador niega estar detrás de la decisión. Sin pruebas públicas presentadas en el debate, la imputación funciona sobre todo como un recurso electoral: convierte una disputa arancelaria en una pregunta sobre patriotismo y subordinación externa. El calificativo «lamebotas» busca fijar una imagen de dependencia personal, no demostrar una cadena causal entre la actuación del candidato y la decisión de Washington.

El campo paga el coste de una discusión más amplia

Flávio Bolsonaro ha intentado apropiarse de la representación de las zonas agrícolas y ha acusado a Lula de «masacrar» al sector mediante tipos de interés elevados. Su argumento conecta con un problema estructural: el campo necesita crédito para comprar maquinaria, semillas, fertilizantes y combustible, y el coste de financiación afecta tanto a la inversión como a la capacidad de mantener la producción durante los ciclos de precios bajos. Una subida de los tipos puede proteger la estabilidad monetaria, pero también encarece la deuda de productores y empresas agroindustriales.

La controversia, por tanto, no enfrenta simplemente a un presidente favorable al comercio exterior con un candidato favorable al campo. Plantea una tensión entre dos políticas que pueden ser necesarias y contradictorias en el corto plazo. El control de la inflación y la defensa de la moneda requieren condiciones financieras restrictivas; la expansión agrícola y la renovación tecnológica demandan crédito accesible. La respuesta sostenible no consiste en negar una de las dos necesidades, sino en diseñar financiación dirigida, seguros de cosecha y mecanismos de cobertura que reduzcan el riesgo sin alimentar nuevas presiones inflacionistas.

La frase atribuida por Bolsonaro a Lula, según la cual los agricultores deberían «arrodillarse» ante el presidente por las inversiones realizadas por su Gobierno, añade un componente simbólico de humillación. El senador pregunta por qué el presidente «trata tan mal al sector agrícola». En una campaña polarizada, estas expresiones importan porque modifican la relación entre política pública e identidad social. El agricultor deja de aparecer como beneficiario o perjudicado por una medida concreta y pasa a formar parte de un bloque cultural enfrentado al Gobierno.

El riesgo para el sector es que la retórica tape las decisiones que realmente determinan sus ingresos: el coste del crédito, los precios internacionales, la infraestructura de transporte, el acceso a fertilizantes, la política cambiaria, las barreras sanitarias y la previsibilidad regulatoria. Si el debate electoral reduce todos esos factores a una disputa personal, los productores pueden obtener reconocimiento discursivo sin recibir soluciones operativas.

Seguridad penal: el giro punitivo y sus límites

La propuesta de Flávio Bolsonaro de eliminar la edad mínima de responsabilidad penal para los violadores ha tenido una fuerte resonancia porque se dirige a uno de los delitos que mayor indignación provocan. El candidato ha defendido que no debería haber límites de edad para que quien cometa una violación «pague» por sus crímenes. También ha planteado rebajar a los 14 años la responsabilidad penal de adolescentes acusados, de modo que respondan «como adultos», y ha incluido la castración química entre los castigos posibles.

La dureza de la propuesta le permite ocupar el espacio político de la respuesta inmediata ante el crimen, pero abre interrogantes jurídicos, científicos y administrativos. Equiparar automáticamente a un adolescente con un adulto ignora diferencias de desarrollo, capacidad de comprensión y posibilidades de reinserción. Además, cualquier reforma de este tipo tendría que enfrentarse a garantías procesales, reglas de prueba, protección de menores y límites constitucionales. El punto crítico no es únicamente si la sociedad quiere castigos más severos, sino si el Estado puede aplicarlos de forma proporcional, efectiva y compatible con el orden jurídico.

La castración química también plantea una distinción que el debate electoral tiende a borrar: una medida puede ser popular y, al mismo tiempo, tener eficacia incierta. Su aplicación requeriría definir los delitos comprendidos, la duración del tratamiento, el consentimiento, la supervisión médica y las consecuencias ante el incumplimiento. Sin una política de investigación criminal, protección de víctimas, atención psicológica y mejora de los tribunales, el endurecimiento de las penas puede producir titulares más contundentes que resultados en la reducción de las agresiones.

Bolsonaro ha prometido además «mano dura» contra el crimen organizado y ha acusado a Lula de situarse del lado de las principales facciones del país. Su intención de calificarlas como organizaciones «narcoterroristas» busca aumentar el coste político de cualquier enfoque basado en prevención, inteligencia financiera o negociación penitenciaria. El término tiene fuerza comunicativa, pero también puede ampliar las herramientas coercitivas del Estado sin resolver la economía criminal que sostiene a esas organizaciones.

Dos electorados y una misma lógica de polarización

Las posiciones de ambos candidatos se dirigen a preocupaciones distintas. Lula habla a quienes temen que la confrontación con Estados Unidos perjudique al empleo, a las exportaciones y a los ingresos públicos, y procura presentar la diversificación comercial como una muestra de autonomía nacional. Bolsonaro habla a agricultores que consideran insuficiente el apoyo estatal y a votantes que perciben la inseguridad como el principal fracaso de las instituciones. Cada uno convierte la vulnerabilidad de un grupo en una acusación contra el otro.

La controversia también revela una asimetría de responsabilidades. Lula, como presidente, debe responder por la situación económica, la diplomacia comercial y el coste de los tipos de interés. Bolsonaro, como candidato opositor y senador, puede formular promesas de castigo y denunciar supuestas lealtades externas sin haber demostrado todavía cómo financiaría, ejecutaría y evaluaría esas políticas. Esa diferencia no invalida sus críticas, pero obliga a examinar con mayor rigor la distancia entre una promesa electoral y una política aplicable.

El intercambio de insultos agrava la dificultad de verificar las acusaciones. Cuando el arancel se presenta como resultado de la influencia personal de un rival, se desplaza la atención desde los documentos, las negociaciones y los intereses comerciales hacia la intención atribuida a un individuo. Cuando los problemas agrícolas se describen como una «masacre», se corre el riesgo de confundir el perjuicio real de ciertos productores con una condena general de toda la política económica. El lenguaje moviliza, pero rara vez explica.

Lo que puede ocurrir después de las urnas

El resultado electoral no resolverá por sí solo ninguna de las dos crisis. Si Lula continúa en el poder, tendrá que demostrar que los nuevos destinos comerciales pueden convertirse en ventas reales y que la respuesta al arancel no se limita a declaraciones de resistencia. Será necesario proteger a los sectores más expuestos, negociar excepciones cuando sea posible y ofrecer instrumentos financieros a las empresas que pierdan competitividad. También deberá evitar que la defensa de la soberanía se transforme en una escalada diplomática que cierre más mercados.

Si Flávio Bolsonaro se impone, la presión para convertir sus propuestas penales en normas concretas será inmediata. La dificultad aparecerá en el Congreso, los tribunales, el sistema penitenciario y los servicios de protección de menores. Rebajar la edad de responsabilidad penal sin ampliar la capacidad de investigación y custodia podría saturar las instituciones y aumentar la reincidencia. Una política de seguridad eficaz necesita combinar persecución de las redes criminales, control de armas, inteligencia, protección de víctimas y prevención territorial; la severidad penal es solo una parte de esa arquitectura.

En el frente comercial, cualquier Gobierno deberá asumir que Estados Unidos puede seguir utilizando los aranceles como instrumento de presión. La dependencia no se elimina con una sola ronda de acuerdos. Brasil tendrá que equilibrar su relación con Washington, preservar sus exportaciones agrícolas y buscar compradores adicionales sin convertir la política exterior en una extensión de la disputa partidista. La previsibilidad será un activo económico: productores e inversores necesitan saber que los cambios de rumbo no dependerán de la temperatura de cada debate.

El principal riesgo inmediato es que la polarización convierta decisiones técnicas en pruebas de fidelidad política. En el campo, eso puede traducirse en inversiones aplazadas y mayor incertidumbre financiera. En seguridad, puede generar reformas precipitadas que sean difíciles de aplicar o terminen bloqueadas judicialmente. En comercio exterior, puede inducir represalias que encarezcan las exportaciones y afecten a empresas que no participaron en el conflicto político.

La campaña ha puesto sobre la mesa problemas reales: el coste de un arancel elevado, la vulnerabilidad de los productores al crédito caro, la violencia sexual y el poder de las organizaciones criminales. Pero la calidad de la respuesta dependerá de que esos problemas sean tratados como políticas públicas medibles y no solo como munición electoral. El enfrentamiento entre Lula y Flávio Bolsonaro anticipa una elección definida por la emoción; el día después exigirá, en cambio, negociación, evidencia y capacidad institucional.