Las críticas atribuidas al rey Mohammed VI contra las leyes españolas de inmigración han vuelto a colocar en el centro de la agenda una relación marcada por la interdependencia y la desconfianza. El debate no se limita a la gestión de las llegadas irregulares. Abarca el control de las fronteras de Ceuta y Melilla, la cooperación policial, la protección de los menores no acompañados, los acuerdos económicos y la posición de Madrid sobre el Sáhara Occidental. También afecta a la credibilidad de las instituciones españolas cuando una cuestión de seguridad se convierte en un intercambio de reproches entre gobiernos.

El texto de partida presenta una interpretación abiertamente militante: describe la presión migratoria como una “invasión”, acusa al Gobierno español de actuar subordinado a Rabat y atribuye a organizaciones sociales y religiosas un interés económico generalizado en la inmigración. Esas afirmaciones no pueden tratarse como hechos probados sin distinguir entre datos, opiniones y acusaciones políticas. Sí existe, en cambio, un problema verificable: España afronta una presión sostenida sobre sus fronteras, carece de un sistema plenamente eficaz para tramitar retornos y mantiene una distribución territorial de menores que genera tensiones entre administraciones.

Una frontera convertida en instrumento diplomático

La crisis de Ceuta de mayo de 2021 mostró hasta qué punto la frontera puede convertirse en una herramienta de presión bilateral. Miles de personas entraron en la ciudad autónoma desde Marruecos en un periodo muy corto, mientras las autoridades españolas intentaban contener una situación humanitaria y de seguridad excepcional. La llegada coincidió con una grave crisis diplomática provocada por la presencia en España, por razones médicas, del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. La respuesta marroquí evidenció que el control de los flujos migratorios no es únicamente una cuestión técnica: depende de decisiones políticas tomadas al otro lado de la frontera.

La crisis de 2021 tuvo consecuencias inmediatas. España reforzó los dispositivos de vigilancia, aceleró devoluciones en los casos permitidos por la legislación y reabrió el debate sobre la cooperación con Marruecos. Sin embargo, el episodio también dejó claro que la capacidad española para actuar unilateralmente es limitada. La frontera terrestre de Ceuta y Melilla se encuentra en territorio español, pero la prevención de los cruces depende en gran medida de la colaboración marroquí. Cuando esa colaboración disminuye, el sistema queda expuesto en cuestión de horas.

La misma lógica apareció en otros episodios. En junio de 2022, el intento de entrada masiva en Melilla terminó con decenas de muertos según distintas investigaciones y organizaciones internacionales, además de denuncias sobre el uso de la fuerza y sobre la falta de asistencia adecuada a personas atrapadas en la zona fronteriza. El caso puso bajo escrutinio la actuación de Marruecos y la respuesta española, y demostró que la externalización del control migratorio puede reducir llegadas, pero también desplazar la responsabilidad hacia espacios menos transparentes.

El cambio de posición sobre el Sáhara y el coste de la ambigüedad

La relación bilateral entró en una nueva fase en 2022, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez respaldó públicamente el plan marroquí de autonomía para el Sáhara Occidental como la base “más seria, realista y creíble” para resolver el conflicto. El giro permitió recomponer la relación con Rabat y favoreció la reapertura de la cooperación diplomática, comercial y policial. Pero también provocó críticas internas y externas, especialmente por la ruptura con la posición histórica de neutralidad española y por el deterioro de la relación con Argelia, principal respaldo del Frente Polisario y proveedor energético relevante para España.

Ese episodio explica parte de la percepción de subordinación que aparece en el artículo original, aunque la conclusión política no sea automáticamente demostrable. Los gobiernos negocian concesiones en ámbitos distintos y rara vez publican el coste exacto de cada acuerdo. Cuando una decisión sobre el Sáhara coincide con una mejora en la cooperación migratoria, es comprensible que la oposición y parte de la opinión pública se pregunten si existe un intercambio implícito. La respuesta exige transparencia parlamentaria, información sobre los compromisos adquiridos y evaluación independiente de los resultados, no únicamente acusaciones de traición.

La interdependencia es real y funciona en ambas direcciones. Marruecos necesita el acceso al mercado europeo, la conexión logística a través de España, la inversión y la movilidad de sus ciudadanos. España necesita cooperación para combatir el tráfico de personas, el narcotráfico y el terrorismo, además de estabilidad en un vecino situado a pocos kilómetros de sus costas. El problema surge cuando esa dependencia se gestiona como una relación personal entre dirigentes y no como una política de Estado sometida a controles democráticos.

La inmigración irregular entre la seguridad y la protección legal

La crítica a unas leyes “obsoletas” simplifica un conflicto que tiene varias capas. España está obligada por su Constitución, el derecho europeo, la Convención de Ginebra y las normas de protección de la infancia. La devolución inmediata de cualquier persona que carezca de autorización no es legalmente posible en todos los casos: debe comprobarse su identidad, garantizarse el acceso al asilo cuando proceda y respetarse la prohibición de expulsar a alguien hacia un país donde pueda sufrir persecución o tratos inhumanos.

La dificultad aumenta con los menores no acompañados. Un niño extranjero que llega solo no puede ser tratado como un adulto sujeto únicamente a un procedimiento de retorno. La administración debe determinar su edad, localizar a su familia cuando sea posible, estudiar las condiciones del país de origen y garantizar su protección. La comparación con menores europeos que regresan rápidamente a sus hogares no es equivalente: dentro de la Unión Europea existen mecanismos de cooperación judicial, registros y servicios de protección con capacidad de respuesta coordinada. En muchos países de origen africanos, esos mecanismos son más débiles o inexistentes.

Eso no significa que el sistema español funcione bien. La saturación de centros, la desigual distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas y la lentitud en la documentación generan incentivos perversos. Un menor puede permanecer años bajo tutela sin un itinerario claro de formación, regularización o retorno. En Ceuta y Canarias, las llegadas superan periódicamente la capacidad ordinaria de acogida, mientras otras comunidades reciben a los jóvenes sin recursos suficientes. El resultado es una combinación de abandono administrativo, tensión vecinal y explotación política del malestar.

También es necesario separar la inmigración irregular de la delincuencia. Los problemas de seguridad en una ciudad pueden ser reales y deben investigarse con datos sobre delitos, víctimas y reincidencia. Pero atribuir comportamientos delictivos a una nacionalidad o presentar a todos los recién llegados como una amenaza colectiva deteriora la convivencia y dificulta la identificación de los responsables concretos. La eficacia policial depende precisamente de esa distinción: perseguir delitos individualizados, no construir culpabilidades por origen.

El dinero público y la necesidad de controles verificables

El artículo sostiene que la atención a inmigrantes alimenta una industria vinculada a organizaciones no gubernamentales, asociaciones y entidades religiosas. Es cierto que el Estado contrata servicios de acogida con empresas y entidades sociales, y que el crecimiento de las llegadas implica un aumento notable del gasto público. También es cierto que cualquier sistema de subvenciones puede generar conflictos de interés, falta de competencia o controles insuficientes. Pero convertir esa posibilidad en una acusación general contra todo el sector exige pruebas concretas: contratos, beneficiarios, costes por plaza, resultados y auditorías.

La transparencia debería ser una exigencia compartida por todos los gobiernos, independientemente de su posición sobre la inmigración. Los contratos de emergencia, los convenios de acogida y los fondos europeos deben publicar sus importes, criterios de adjudicación y niveles de ocupación. Las organizaciones que reciben dinero público han de demostrar qué servicios prestan y con qué resultados. Si existen irregularidades, deben corregirse mediante fiscalización y sanciones. Sin esa información, tanto la defensa acrítica del sistema como la denuncia de un supuesto entramado clientelar quedan atrapadas en la propaganda.

Una lógica similar se aplica a la cooperación internacional. España financia proyectos de desarrollo, educación, salud y gobernanza en numerosos países. Algunos programas presentan resultados difíciles de medir y otros pueden estar mal diseñados, pero la afirmación de que los fondos se desvían sistemáticamente requiere investigaciones específicas. Además, la cooperación no es ajena a la política migratoria: mejorar oportunidades laborales, reforzar la identificación consular y apoyar la reintegración puede facilitar retornos sostenibles. La ayuda no sustituye a una política fronteriza, pero tampoco es necesariamente un mecanismo de saqueo.

Lo que está en juego para los próximos años

La disputa tiene tres efectos de largo alcance. El primero afecta a la política española: obliga a decidir si la gestión migratoria seguirá basada en acuerdos coyunturales con países vecinos o si se integrará en una estrategia europea estable. La Unión Europea ha intentado avanzar mediante acuerdos de cooperación y financiación para el control fronterizo, pero esa fórmula puede producir dependencia de gobiernos externos cuando no incluye mecanismos sólidos de supervisión y derechos humanos.

El segundo efecto es social. En Ceuta, Melilla, Canarias y algunas zonas del sur peninsular, los servicios públicos soportan una presión que alimenta la sensación de abandono. Si el Estado no garantiza recursos para vivienda, educación, salud y seguridad, el conflicto migratorio se convierte en un conflicto entre territorios y comunidades. La respuesta no puede consistir en negar los costes ni en atribuirlos exclusivamente a los recién llegados. Requiere financiación estable, reparto previsible de menores y políticas de integración que reduzcan la marginalidad.

El tercer efecto concierne a la relación con Marruecos. La cooperación puede ser necesaria sin ser ilimitada. España necesita una frontera segura, pero también necesita que cada acuerdo tenga objetivos, plazos, mecanismos de revisión y rendición de cuentas. Rabat defenderá sus intereses nacionales, como hacen todos los Estados. Madrid debe hacer lo mismo sin convertir la negociación en una confrontación permanente ni aceptar que la presión fronteriza determine por sí sola decisiones sobre soberanía, justicia o derechos fundamentales.

La cuestión central no es si España debe cooperar con Marruecos, sino bajo qué condiciones. Un marco estable debería combinar control fronterizo eficaz, vías legales y ordenadas de migración laboral, procedimientos de asilo ágiles, retorno cuando sea legalmente posible y protección real para los menores. También debería incluir una comunicación pública basada en cifras comprobables y no en etiquetas como “invasión” o “sumisión”, que movilizan apoyos inmediatos pero dificultan cualquier solución duradera. La relación hispano-marroquí seguirá siendo indispensable; precisamente por eso necesita menos gestos personalistas, más transparencia y una defensa coherente de los intereses españoles dentro del derecho.