La discusión pública sobre los dominicanos vinculados al conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha quedado atrapada en una palabra de fuerte carga política y jurídica: “mercenarios”. El término aparece con frecuencia en titulares, entrevistas y comentarios digitales, utilizado como sinónimo de extranjero que recibe dinero por combatir. Esa simplificación puede resultar comprensible en el lenguaje cotidiano, pero es insuficiente cuando se pretende describir la condición jurídica de personas cuya incorporación a la guerra todavía presenta zonas oscuras, testimonios contradictorios y posibles indicios de engaño durante el reclutamiento.

El dato central conocido hasta ahora es que varios ciudadanos dominicanos habrían viajado a Rusia atraídos por ofertas laborales relacionadas con seguridad u otras actividades remuneradas. Algunos reportajes sostienen que, una vez fuera del país, terminaron vinculados a funciones militares o directamente a las hostilidades. La diferencia entre la actividad ofrecida y la ocupación efectivamente desempeñada no es un detalle secundario: puede modificar la interpretación jurídica de los hechos, determinar si existió consentimiento informado y abrir preguntas sobre intermediarios, mecanismos de contratación, responsabilidades estatales y eventuales redes de captación.

La palabra que parece evidente, pero no lo es

El artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra establece una definición acumulativa de mercenario. No basta con que una persona sea extranjera, reciba una remuneración o participe en un conflicto armado. Debe haber sido especialmente reclutada, localmente o en el extranjero, para combatir; participar directamente en las hostilidades; estar motivada esencialmente por el deseo de obtener un beneficio privado y recibir una compensación material sustancialmente superior a la prometida o pagada a combatientes de rango y funciones similares; no ser nacional de una parte en conflicto ni residente en territorio controlado por ella; no pertenecer a las fuerzas armadas de una parte; y no haber sido enviada oficialmente por un Estado que no participa en el conflicto como miembro de sus fuerzas armadas.

La acumulación de condiciones es decisiva. Si falta una sola, la calificación prevista en ese artículo no queda jurídicamente configurada. Esto explica por qué la nacionalidad dominicana no demuestra el mercenarismo, del mismo modo que una paga, por sí sola, tampoco lo prueba. En las guerras contemporáneas existen voluntarios extranjeros, contratistas de seguridad, miembros de unidades integradas a ejércitos estatales, personas reclutadas mediante engaño y combatientes con distintos estatutos legales. Colocarlos bajo una misma etiqueta borra diferencias que pueden ser determinantes para la protección humanitaria y la investigación penal.

Además, la condición de mercenario no debe confundirse automáticamente con la de combatiente ilegal o delincuente. El artículo 47 dispone que los mercenarios no tienen derecho al estatuto de combatiente ni al de prisionero de guerra cuando sean capturados, pero esa exclusión no elimina las obligaciones básicas de trato humano aplicables a toda persona bajo el poder del enemigo. Tampoco autoriza la tortura, las desapariciones, las ejecuciones sumarias o la negación de garantías judiciales. La etiqueta tiene consecuencias jurídicas concretas, pero no funciona como una licencia para despojar a una persona de sus derechos fundamentales.

El reclutamiento es el punto donde cambia la historia

El primer aspecto que debe aclararse es la finalidad original del viaje. Si los dominicanos fueron captados para tareas de vigilancia, protección de instalaciones, logística o empleos civiles, y posteriormente trasladados al frente o incorporados a operaciones militares sin información suficiente, el caso no encaja de manera automática en la idea de una persona especialmente reclutada para combatir. Podría tratarse de una contratación fraudulenta, de coerción, de trata con fines de explotación laboral o de una incorporación posterior a una estructura militar. Cada hipótesis exige pruebas distintas.

El engaño también altera la lectura sobre la motivación. La definición internacional exige que el beneficio privado sea la motivación esencial. Eso no significa que un combatiente deje de ser mercenario solo porque tenga necesidades económicas, pero sí obliga a examinar las circunstancias concretas: qué se le prometió, cuánto debía ganar, qué actividad aceptó, qué información recibió sobre el destino y si tuvo una posibilidad real de rechazar la participación armada una vez llegado al lugar. Una persona que acepta una oferta de trabajo no necesariamente consiente convertirse en combatiente.

La cadena documental será más importante que las declaraciones improvisadas. Contratos, mensajes de reclutadores, transferencias bancarias, formularios migratorios, publicaciones en redes sociales, pasaportes, registros de entrada y salida, videos de entrenamiento y órdenes de incorporación podrían establecer la secuencia de los hechos. También será necesario identificar quién hizo la oferta y quién tenía capacidad para enviarlos a una zona de guerra. Sin esa trazabilidad, el debate quedará dominado por presunciones basadas en fotografías, uniformes o testimonios aislados.

Una segunda conclusión se desprende de allí: el problema no es únicamente terminológico. La clasificación pública puede afectar la asistencia consular, la búsqueda de desaparecidos y la disposición de las familias a denunciar. Si una persona es presentada desde el principio como mercenario, sus familiares pueden ser estigmatizados y las autoridades pueden sentirse presionadas a tratar el asunto como una conducta voluntaria, aun cuando existan señales de fraude o coacción. La forma de nombrar el caso puede influir en la forma de investigarlo.

Incorporación al ejército ruso: una frontera jurídica relevante

Las informaciones disponibles también apuntan a una posibilidad distinta: que algunos extranjeros hayan sido incorporados formalmente a las Fuerzas Armadas rusas. Si existió una integración efectiva a una estructura de mando, con uniforme, subordinación, funciones militares definidas y sometimiento al régimen disciplinario estatal, el análisis se aproxima más al estatuto de miembro de las fuerzas armadas que al de mercenario. La incorporación formal no resuelve todas las preguntas, pero sí puede excluir uno de los requisitos expresos del artículo 47: no pertenecer a las fuerzas armadas de una parte en conflicto.

La práctica de reclutar extranjeros para reforzar capacidades militares, mediante contratos o procedimientos acelerados de naturalización, complica todavía más las categorías tradicionales. Puede haber controversia sobre la legalidad interna del reclutamiento, sobre la validez del consentimiento o sobre la conducta posterior de esas unidades, pero la pertenencia institucional sigue siendo un elemento jurídicamente relevante. En términos prácticos, no es igual un civil contratado por una empresa privada, un voluntario extranjero integrado a una unidad estatal, un prisionero obligado a combatir o un individuo que actúa por cuenta propia.

Para Rusia, reconocer una incorporación formal puede servir para presentar a los dominicanos como miembros regulares de sus fuerzas armadas y negar que opere una red privada de combatientes. Para Ucrania, en cambio, la identificación de extranjeros en unidades rusas puede alimentar investigaciones sobre reclutamiento transnacional o participación directa en hostilidades. Las familias dominicanas tienen otra prioridad: saber si sus parientes están vivos, heridos, detenidos o desaparecidos. La diferencia entre estas perspectivas explica la tensión entre el lenguaje estratégico de los Estados y las necesidades humanitarias de las personas afectadas.

La tercera tesis es que la categoría jurídica puede estar siendo utilizada como instrumento de comunicación política. “Mercenario” produce una imagen inmediata de oportunismo y responsabilidad individual; “trabajador engañado” desplaza la atención hacia el reclutador y la posible vulnerabilidad de la víctima; “militar extranjero” fortalece la narrativa de una incorporación estatal. Ninguna de esas expresiones debe sustituir la prueba. El riesgo aparece cuando una denominación útil para propaganda comienza a orientar prematuramente la investigación oficial o la cobertura periodística.

El costo humano de la contratación opaca

La dimensión laboral y migratoria merece un lugar central. Las personas que aceptan empleos en el extranjero suelen evaluar salarios, estabilidad y oportunidades de salida, no las reglas aplicables a un conflicto armado internacional. En contextos de desempleo, endeudamiento o precariedad, una oferta de seguridad puede parecer razonable, incluso cuando oculta riesgos extremos. La distancia geográfica, las barreras idiomáticas y la dependencia del empleador dificultan que el trabajador pueda verificar la información o pedir ayuda.

Cuando el empleo prometido se transforma en una obligación militar, la asimetría de poder aumenta. El trabajador puede no comprender los documentos que firma, desconocer la legislación local, carecer de representación legal y estar sometido a amenazas de arresto, pérdida de salario o deportación. La retención de pasaportes, el aislamiento, la confiscación de teléfonos y la obligación de desplazarse a zonas de combate serían señales de alarma que deberían investigarse con criterios de protección de víctimas, no solamente de seguridad nacional.

El Estado dominicano enfrenta una doble exigencia. Debe proteger a sus nacionales sin legitimar la participación de terceros en un conflicto extranjero ni interferir indebidamente en procesos judiciales ajenos. Eso requiere fortalecer la asistencia consular, crear canales de denuncia para familiares, verificar las ofertas de empleo internacional y coordinar con organismos especializados en trata, migración y derechos humanos. Una reacción limitada a comunicados generales dejaría a las familias dependiendo de intermediarios, redes sociales y versiones no verificadas.

Las empresas de reclutamiento y las plataformas digitales también tienen responsabilidad. Una oferta que utiliza salarios extraordinarios, promesas de seguridad sin experiencia previa o descripciones deliberadamente vagas puede ser el primer eslabón de una operación de captación. La supervisión no debe partir de la presunción de que toda contratación transfronteriza es ilícita, pero sí exigir transparencia sobre empleador real, funciones, lugar de trabajo, riesgos, seguros, mecanismos de renuncia y contacto consular. La ausencia de esos datos debería activar controles reforzados.

Lo que está en disputa entre gobiernos, familias y medios

Para las autoridades rusas, la narrativa más conveniente puede ser la de contratos voluntarios con ciudadanos extranjeros o la de combatientes integrados legítimamente a sus fuerzas. Para las autoridades ucranianas, documentar la presencia de extranjeros en el bando contrario puede apoyar denuncias sobre la internacionalización del conflicto. Para el Gobierno dominicano, cada declaración tiene un costo diplomático: una acusación apresurada puede poner en peligro negociaciones consulares; un silencio prolongado puede ser interpretado como abandono de sus ciudadanos.

Las familias, por su parte, no suelen disponer de información completa. Pueden conocer que un pariente viajó por una oferta laboral, pero ignorar qué contrato firmó, dónde se encuentra o quién administra su salario. En ese escenario, la prensa tiene la obligación de distinguir entre una persona identificada, una denuncia familiar, una afirmación de una fuente oficial y un hecho comprobado. Revelar nombres sin verificar puede exponer a los afectados a represalias, mientras que ocultar sistemáticamente la identidad de los reclutadores puede proteger a quienes organizan estas operaciones.

El debate también afecta a los medios de comunicación. El uso reiterado de “mercenarios” aumenta el impacto de una historia, pero puede reducir su precisión. El periodismo de investigación debería reconstruir rutas, contratos, empresas, intermediarios y cadenas de mando, en lugar de limitarse a reproducir declaraciones. Una cobertura sólida puede mostrar simultáneamente que algunas personas participaron voluntariamente en hostilidades y que otras pudieron haber sido engañadas. La complejidad no debilita la noticia; evita que una sola narrativa absorba todos los casos.

Un escenario de mayor reclutamiento y mayor confusión

La guerra ruso-ucraniana ha demostrado que el mercado de personal extranjero puede crecer cuando los Estados necesitan ampliar sus fuerzas, cuando las empresas privadas ofrecen servicios de seguridad y cuando las plataformas digitales permiten reclutar a distancia. Es razonable prever que aumenten las campañas dirigidas a ciudadanos de países con salarios bajos o alta migración laboral. El reclutamiento puede presentarse como empleo, servicio militar temporal, protección de instalaciones o acceso acelerado a residencia. La combinación de promesas económicas y escasa verificación facilita nuevas captaciones.

También es probable que la clasificación jurídica sea cada vez más disputada. Los Estados pueden utilizar contratos civiles para incorporar personal a funciones de apoyo, mientras los individuos pasan después a tareas de combate. Al mismo tiempo, algunos gobiernos podrían acelerar la naturalización de extranjeros para transformar su estatuto formal. Esa evolución hará insuficiente la pregunta “¿es extranjero?” y obligará a investigar cuándo se produjo la incorporación, qué autoridad la ordenó y qué función desempeñaba la persona en cada momento.

El mayor riesgo inmediato es que la falta de información produzca dos errores simultáneos: tratar como delincuentes a posibles víctimas de engaño y tratar como víctimas a personas cuya participación voluntaria en crímenes de guerra debe ser investigada. La protección humanitaria no excluye la rendición de cuentas. Si un dominicano participó en ataques contra civiles, torturas o ejecuciones, su nacionalidad no lo exime; pero tampoco puede inferirse responsabilidad penal solo porque aparezca en una zona de guerra o vista un uniforme.

La respuesta más responsable pasa por un protocolo público de verificación. Debe incluir la identificación del reclutador, la naturaleza del contrato, la fecha y modalidad de incorporación, la relación con las fuerzas armadas, la remuneración comparada, el destino efectivo y la evidencia de participación directa en hostilidades. Mientras esos elementos no sean examinados de forma individual, afirmar que todos los dominicanos involucrados son mercenarios carece de la precisión exigida por el Derecho Internacional Humanitario.

La discusión no debería cerrarse con una etiqueta, sino abrirse con preguntas verificables: ¿qué se prometió?, ¿quién reclutó?, ¿qué se firmó?, ¿cuándo cambió la función?, ¿existió una orden estatal?, ¿hubo posibilidad real de retirarse?, ¿qué ocurrió con quienes intentaron hacerlo? Responderlas permitirá proteger a las familias, identificar eventuales redes de explotación y establecer responsabilidades individuales. En una guerra donde la propaganda disputa cada palabra, llamar a cada extranjero “mercenario” no aclara los hechos: puede ocultar precisamente la estructura que la investigación necesita revelar.