La incorporación de la facturación electrónica representa uno de los cambios más importantes de la modernización tributaria en la República Dominicana, pero también expone una brecha que no puede resolverse únicamente con nuevas obligaciones legales: la desigual capacidad de las empresas para adaptarse a la transformación digital. Mientras las grandes compañías suelen disponer de sistemas informáticos, personal contable y asesoría especializada, miles de micro y pequeñas empresas todavía administran sus operaciones con herramientas básicas y procedimientos manuales.

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgó una prórroga general de seis meses a los contribuyentes clasificados como pequeños, micro y no clasificados. Con la medida, el plazo para completar la incorporación al sistema fue trasladado al 15 de noviembre de 2026. La decisión ofrece un margen adicional para quienes no han logrado cumplir con la transición, pero también confirma que una parte significativa del tejido empresarial enfrenta dificultades que van más allá de la falta de tiempo.

Un plazo adicional no elimina las barreras

La Ley núm. 32-23, sobre Facturación Electrónica, establece el marco para sustituir progresivamente los comprobantes físicos por documentos tributarios electrónicos. El objetivo es fortalecer la trazabilidad de las operaciones, mejorar el control fiscal, reducir el uso de papel y hacer más eficiente la gestión de las obligaciones tributarias. Desde la perspectiva del Estado, se trata de una herramienta para conocer con mayor precisión el movimiento económico y limitar espacios de informalidad o subdeclaración.

Sin embargo, el impacto de la medida no es igual para todos los contribuyentes. En una empresa grande, la implementación puede integrarse a un proceso más amplio de actualización tecnológica. Es posible asignar equipos, contratar consultores, capacitar a varios empleados y corregir errores sin detener por completo la operación. En un pequeño negocio familiar, en cambio, la persona que vende, compra, registra los ingresos y atiende las obligaciones fiscales puede ser la misma. Cada exigencia tecnológica compite entonces con el tiempo y los recursos necesarios para mantener abierto el establecimiento.

La DGII cuenta con un facturador gratuito, una alternativa que reduce el costo directo de adquirir una plataforma. Pero que una herramienta no tenga precio de licencia no significa que la transición sea gratuita. El contribuyente puede necesitar una computadora o un teléfono adecuado, conexión estable a internet, capacitación, soporte técnico y tiempo para aprender a emitir, corregir y conservar correctamente los comprobantes. También debe comprender cómo manejar las contingencias cuando falle la conexión o se produzca un error en la información enviada.

La transición revela una brecha empresarial

El debate no debe limitarse a determinar cuántos contribuyentes ya están incorporados al sistema. Una adopción formal, basada en la emisión ocasional de documentos o en el uso incorrecto de la plataforma, no equivale a una implementación efectiva. El verdadero indicador será la capacidad de las empresas para utilizar el mecanismo de manera continua, conservar sus registros, responder a requerimientos y convertir la información tributaria en una herramienta de gestión.

Esta diferencia resulta especialmente relevante para las mipymes, que tienen un peso decisivo en el empleo y en la actividad económica nacional. Cuando una obligación administrativa se diseña bajo el supuesto de que todos los contribuyentes poseen capacidades similares, el costo relativo de cumplir puede terminar siendo mucho mayor para los negocios más pequeños. La misma hora de capacitación, el mismo equipo o la misma asistencia técnica representan una carga distinta para una compañía con departamentos especializados y para un comercio atendido por sus propietarios.

La facturación electrónica, bien aplicada, podría generar beneficios internos para las propias empresas. Un registro ordenado facilita conocer las ventas, controlar inventarios, identificar gastos y preparar declaraciones. También puede ayudar a demostrar ingresos ante entidades financieras y favorecer el acceso a crédito formal. Pero esos beneficios no aparecen automáticamente con la activación de una cuenta. Requieren conocimientos, acompañamiento y una adaptación que tenga en cuenta el nivel de madurez administrativa de cada negocio.

El desafío de fiscalizar sin debilitar al pequeño negocio

La ley contempla infracciones y sanciones vinculadas con las obligaciones de facturación electrónica. La existencia de un régimen sancionador es necesaria para preservar la igualdad ante las normas y evitar que el incumplimiento se convierta en una ventaja competitiva. No obstante, su aplicación debe guardar proporción con la conducta, la capacidad real de cumplimiento y el esfuerzo demostrado por el contribuyente para regularizar su situación.

Una fiscalización centrada exclusivamente en castigar puede producir un efecto contrario al buscado. Si un pequeño negocio percibe que la transición representa un riesgo económico desproporcionado, podría retrasar su formalización, reducir operaciones registradas o incluso considerar el cierre. La autoridad tributaria debe combinar control con prevención: comunicar con claridad, advertir antes de sancionar cuando la situación lo permita, ofrecer canales de ayuda y distinguir entre el fraude deliberado y el error derivado de una insuficiente preparación.

La prórroga hasta noviembre de 2026 debe aprovecharse para identificar los obstáculos concretos que todavía persisten. No todos los contribuyentes necesitan la misma respuesta. Algunos requerirán capacitación básica; otros, asistencia para integrar sus sistemas contables; y ciertos negocios necesitarán soluciones sencillas para operar en zonas con conectividad limitada. La política pública será más eficaz si segmenta el apoyo en lugar de tratar a las mipymes como un grupo homogéneo.

Modernizar también significa acompañar

La responsabilidad de la DGII no termina con la publicación de una fecha límite. La institución debe medir si las instrucciones son comprensibles, si los canales de atención responden con rapidez y si los pequeños contribuyentes pueden resolver sus problemas sin depender de intermediarios costosos. Las asociaciones empresariales, contadores, ayuntamientos y entidades de apoyo a las mipymes también pueden contribuir mediante jornadas prácticas y orientación cercana a las realidades de cada sector.

El éxito de la facturación electrónica no debería medirse solamente por la cantidad de comprobantes emitidos. También debe evaluarse por la reducción de errores, la continuidad de las operaciones, la calidad de la información y el efecto de la reforma sobre la sostenibilidad de los negocios. Una administración tributaria moderna necesita más datos, pero una economía formal sostenible necesita que quienes producen y emplean puedan cumplir sin quedar fuera del mercado.

La República Dominicana tiene razones para avanzar hacia un sistema tributario más transparente y eficiente. La digitalización puede mejorar la relación entre el Estado y los contribuyentes, siempre que la exigencia tecnológica esté acompañada de soluciones accesibles. Para las mipymes, la factura electrónica no debe convertirse en una barrera adicional, sino en una transición gradual que combine reglas claras, apoyo efectivo y una aplicación proporcional de las obligaciones. Modernizar el Estado implica incorporar tecnología, pero también reconocer las condiciones concretas de las personas y empresas que deben utilizarla.