El Foro Mundial de la Alimentación de la FAO comienza esta semana en Roma con una agenda que pretende superar la discusión técnica sobre producción agrícola y situar la transformación de los sistemas agroalimentarios en el centro de las políticas públicas. Bajo el lema “Innovar hoy. Alimentar el mañana”, la reunión congregará hasta el viernes 16 a gobiernos, organismos internacionales, investigadores, empresas y organizaciones vinculadas con el campo y la alimentación. La presencia de varios dirigentes latinoamericanos, entre ellos la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, añade una dimensión política a un encuentro que busca presentar la innovación como una respuesta global a la inseguridad alimentaria.

La inauguración formal está prevista para mañana, con un discurso del director general de la FAO, Qu Dongyu, quien afronta el último año de su mandato. Después intervendrán, presencialmente o por videoconferencia, varios jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Letsie II de Lesoto, los presidentes de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço; de Bolivia, Rodrigo Paz, y de República Dominicana, Luis Abinader. La selección de participantes revela una intención concreta: vincular las necesidades de países con estructuras productivas muy distintas, pero expuestos a problemas comunes como la volatilidad de los precios, los efectos climáticos, la degradación del suelo y la dificultad de financiar cambios tecnológicos.

Una agenda nacida de varias crisis simultáneas

La alimentación mundial ya no depende únicamente de cuánto se produce. También está condicionada por el costo de la energía, la disponibilidad de fertilizantes, las interrupciones del transporte, la concentración de proveedores y la capacidad de los hogares para comprar alimentos. Cuando aumenta el precio de los combustibles o se encarece un insumo agrícola, el impacto se transmite desde la parcela hasta los mercados urbanos. El resultado puede ser una cosecha más cara, una dieta menos variada y una mayor presión sobre los presupuestos públicos destinados a subsidios o asistencia social.

En ese contexto, la palabra “innovación” adquiere un significado más amplio que la incorporación de maquinaria o plataformas digitales. Incluye semillas adaptadas a sequías, sistemas de riego que reduzcan el desperdicio, mejores redes de almacenamiento, seguros para pequeños productores, información meteorológica accesible y mecanismos que permitan llevar la producción al consumidor con menos intermediarios. Una tecnología puede elevar el rendimiento, pero si solo está al alcance de grandes empresas o requiere una conectividad inexistente en las zonas rurales, corre el riesgo de ampliar la brecha entre productores en lugar de reducirla.

América Latina ocupa una posición estratégica en ese debate. La región es una gran exportadora de alimentos y materias primas agrícolas, pero convive con altos niveles de desigualdad, concentración de la tierra y amplios sectores de población que no acceden de manera estable a una alimentación saludable. Esa contradicción obliga a distinguir entre seguridad alimentaria, entendida como disponibilidad de alimentos, y soberanía o resiliencia alimentaria, relacionada con la capacidad de una sociedad para producir, distribuir y consumir sin quedar excesivamente expuesta a decisiones externas.

El caso latinoamericano: exportar mucho, proteger a muchos

La participación de Bolivia y República Dominicana permite observar dos desafíos diferentes. En países con una fuerte presencia de pequeños agricultores, la transición tecnológica necesita crédito, asistencia técnica y mercados previsibles. Sin esos instrumentos, el productor puede asumir el costo de una nueva variedad o de un sistema de riego sin tener garantizada la venta de su cosecha. En economías abiertas y dependientes del turismo, como la dominicana, una interrupción logística o un aumento internacional de precios puede trasladarse rápidamente al costo de la canasta básica, aunque el país mantenga una actividad agropecuaria relevante.

Bolivia, por su parte, enfrenta la tensión entre la expansión de determinados cultivos comerciales y la protección de sistemas productivos familiares e indígenas. La innovación que aumente la productividad sin cuidar la disponibilidad de agua, la fertilidad del suelo y la diversidad de semillas puede ofrecer resultados inmediatos, pero crear vulnerabilidades posteriores. La lección es aplicable al conjunto de la región: la modernización agrícola no puede medirse solamente por toneladas producidas, sino también por la estabilidad de los ingresos rurales y por la capacidad de las comunidades para resistir una mala temporada.

El foro también puede reabrir una discusión sobre el destino de la inversión. Los grandes proyectos agroindustriales suelen atraer capital con mayor facilidad porque ofrecen escalas, contratos y garantías de exportación. Sin embargo, la seguridad alimentaria cotidiana depende en buena medida de redes más dispersas: agricultores familiares, mercados locales, cooperativas, sistemas de transporte secundarios y pequeñas plantas de almacenamiento. Si la inversión se concentra únicamente en los segmentos más rentables, puede aumentar la producción exportable sin resolver la inseguridad alimentaria de las poblaciones vulnerables.

Venezuela y la dimensión política de la representación

La presencia de Delcy Rodríguez introduce una controversia que la FAO no puede separar completamente de su agenda técnica. La dirigente venezolana llega al foro después de participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y en un momento marcado, según la información difundida, por un terremoto que afectó al norte de Venezuela pocos meses atrás. La reconstrucción posterior a un desastre natural convierte el acceso a alimentos, agua, semillas y medios de vida en una cuestión urgente, no solo humanitaria, sino también de planificación territorial y recuperación económica.

Un terremoto puede destruir caminos rurales, centros de acopio, sistemas de riego y mercados locales incluso cuando las pérdidas agrícolas inmediatas no sean las mayores. Esa cadena de daños obliga a coordinar ayuda de emergencia con políticas de recuperación: restablecer el transporte, proteger a los productores endeudados, evitar la especulación y garantizar que la reconstrucción no deje fuera a las comunidades alejadas. El caso venezolano puede servir, por tanto, para recordar que la innovación alimentaria también comprende la capacidad institucional de responder a crisis repentinas.

La protesta de colectivos venezolanos en Roma muestra, al mismo tiempo, que la legitimidad política forma parte del entorno en el que operan los organismos multilaterales. Para la FAO, invitar a una autoridad permite mantener canales de diálogo sobre producción, nutrición y asistencia. Para sus críticos, una invitación de alto nivel puede interpretarse como reconocimiento político o como una normalización de decisiones cuestionadas. La tensión no se resuelve excluyendo automáticamente a un gobierno ni ignorando las denuncias de sus opositores. Se gestiona mediante transparencia, pluralidad de voces y una separación clara entre cooperación humanitaria y respaldo partidista.

La prueba estará fuera de las salas de Roma

El foro tendrá valor si consigue convertir declaraciones generales en compromisos verificables. “Ampliar soluciones” exige responder quién financiará los proyectos, quién asumirá los riesgos y cómo se medirá el beneficio. Una alianza que solo reúna a grandes empresas y gobiernos puede producir anuncios de inversión, pero dejar sin respuesta a quienes carecen de garantías para acceder a la tecnología. En cambio, la participación de cooperativas, universidades, organizaciones campesinas y autoridades locales puede revelar obstáculos que no aparecen en los planes nacionales.

También será decisivo el destino de los datos agrícolas. Las plataformas que anticipan lluvias, enfermedades o rendimientos pueden ayudar a tomar mejores decisiones, pero plantean preguntas sobre privacidad, propiedad de la información y dependencia tecnológica. Si los agricultores entregan datos sobre sus parcelas sin recibir servicios concretos, la digitalización se convertirá en una nueva forma de extracción de valor. Si los gobiernos comparten información climática y fortalecen la extensión rural, esa misma herramienta puede reducir pérdidas y mejorar la planificación.

El resultado más importante del encuentro no será necesariamente un anuncio espectacular, sino la definición de prioridades capaces de sobrevivir a los cambios de gobierno y a las crisis coyunturales. La agricultura necesita inversiones de largo plazo, mientras que la política suele premiar resultados inmediatos. Restaurar un suelo degradado, formar técnicos, mejorar una carretera rural o desarrollar una semilla resistente requiere años. La presión por mostrar avances rápidos puede favorecer proyectos visibles, pero frágiles, en detrimento de reformas menos llamativas y más decisivas.

La FAO llega a Roma con la oportunidad de colocar a América Latina en el centro de una conversación global sobre innovación, pero también con el riesgo de reducirla a una fuente de alimentos y declaraciones políticas. La región necesita producir con mayor eficiencia, aunque también distribuir mejor, proteger a sus trabajadores rurales y responder a desastres que alteran de golpe la vida de millones de personas. La verdadera medida del foro será comprobar si sus alianzas logran conectar la ciencia con el territorio y si la innovación termina reflejándose en precios más accesibles, ingresos rurales más estables y sistemas alimentarios menos vulnerables.