María Corina Machado convirtió una exigencia institucional en el centro de su estrategia política: fijar cuanto antes una fecha para las elecciones presidenciales venezolanas. En una entrevista concedida en Ciudad de Panamá al Grupo de Diarios América, la dirigente sostuvo que “la fecha de la elección es la fecha de la liberación” y vinculó el calendario electoral con la reconstrucción de la legitimidad del Estado, el retorno de millones de migrantes y la recuperación económica del país.

La declaración no debe leerse únicamente como una consigna opositora. Expone el principal problema de la transición que se negocia en Venezuela: quién define las reglas, quién controla las instituciones que organizan la votación y qué garantías existen para que el proceso no sea una prolongación del poder actual bajo una nueva fórmula. Machado reclamó tres decisiones concretas: renovar el Consejo Nacional Electoral, designar un Tribunal Supremo de Justicia independiente y establecer una fecha presidencial. Sin esos tres elementos, a su juicio, cualquier diálogo corre el riesgo de convertirse en una administración temporal sin horizonte democrático verificable.

La entrevista también revela una disputa más profunda por la representación. Mientras una mesa integrada por figuras como Dinorah Figuera y Jorge Rodríguez intenta administrar las condiciones de la transición, Machado busca trasladar el centro de gravedad hacia la movilización ciudadana. Su propuesta consiste en organizar asambleas nacionales, consultas y mecanismos tecnológicos para que millones de venezolanos participen en la definición del futuro político. El objetivo es evitar que la transición quede restringida a un pacto entre élites partidistas, funcionarios del chavismo y actores internacionales.

La fecha electoral no es un detalle técnico

El primer punto de la argumentación de Machado es que la elección funciona como un mecanismo de coordinación política. En un país fragmentado por la migración, el deterioro de los servicios públicos y la desconfianza institucional, una fecha creíble puede ordenar las expectativas de ciudadanos, partidos, fuerzas armadas, gobiernos extranjeros y empresas. Sin calendario, cada actor opera con incentivos propios: el Gobierno interino busca prolongar su margen de maniobra, la oposición compite por interlocución y los actores internacionales calibran si conviene presionar, negociar o esperar.

La dirigente recordó la primaria opositora del 22 de octubre de 2023, en la que, según sus cifras, participaron más de tres millones de personas pese a la falta de recursos, cobertura mediática y garantías oficiales. Presentó ese episodio como la prueba de que la sociedad venezolana conserva capacidad de organización y que la oposición puede superar las barreras partidistas cuando existe un objetivo común. También reivindicó la movilización del 28 de julio de 2024 y la participación de más de un millón de voluntarios en la defensa del voto.

Esos datos son políticamente relevantes, aunque su valor institucional depende de verificaciones independientes y de la capacidad de traducir la movilización en reglas aceptadas por todos. Una elección no se legitima únicamente por la cantidad de votantes o por la energía de las calles. Requiere un registro electoral confiable, observación nacional e internacional, acceso equitativo a los medios, mecanismos para resolver impugnaciones y garantías de que los derrotados reconocerán el resultado. La fortaleza social que Machado describe puede impulsar una transición, pero también elevar el costo de cualquier resultado que sea percibido como manipulado.

El problema de fondo: una transición administrada desde arriba

La segunda idea central es que el conflicto no se limita a la continuidad de Nicolás Maduro. Machado sostiene que, aunque Maduro haya salido del poder, la estructura política, económica y coercitiva permanece. En su descripción, Delcy Rodríguez aparece como responsable directa de la crisis y como figura que intenta ganar reconocimiento internacional mientras administra un aparato estatal deteriorado. Esa acusación expresa la posición de la oposición, pero plantea una pregunta práctica: ¿puede una transición ser conducida por quienes formaron parte del sistema que debe ser reformado?

La respuesta no es sencilla. Las transiciones suelen necesitar a sectores del poder anterior para evitar un colapso administrativo, desactivar resistencias y mantener en funcionamiento servicios esenciales. Excluir a todos los funcionarios vinculados con el chavismo podría dejar sin capacidad operativa al Estado y empujar a sectores militares o económicos hacia una resistencia abierta. Pero integrar sin condiciones a quienes participaron en la represión, la corrupción o la captura institucional produciría el efecto contrario: una continuidad maquillada, con elecciones formales y sin rendición de cuentas.

El equilibrio dependerá de la diferencia entre inclusión política y impunidad. Machado rechazó una amnistía general para violadores de derechos humanos y afirmó que no habrá revancha. Esa combinación es difícil de ejecutar. La justicia transicional deberá distinguir entre responsabilidades de mando, delitos graves, colaboración forzada y faltas administrativas. Si todos son perseguidos, habrá incentivos para bloquear la apertura. Si nadie responde, las víctimas perderán confianza y las instituciones democráticas nacerán con una deuda de legitimidad.

La economía necesita algo más que un cambio de gobierno

La dimensión económica de la propuesta es igualmente ambiciosa. Machado planteó convertir a Venezuela de “hub criminal de las Américas” en “hub energético” regional. Afirmó que el país podría alcanzar una producción de cinco o seis millones de barriles diarios, pero advirtió que para ello serían necesarios alrededor de 200.000 millones de dólares de inversión. También señaló que Venezuela produce unos 4.000 millones de pies cúbicos de gas al día, de los cuales la mitad se quema, y vinculó ese desperdicio con las necesidades energéticas de Colombia.

Las cifras ilustran el potencial y, al mismo tiempo, la distancia entre el recurso disponible y la capacidad real de recuperación. La producción petrolera no depende solo de reservas subterráneas. Requiere infraestructura, personal especializado, cadenas de suministro, seguridad, financiamiento, transparencia contractual y un marco de arbitraje confiable. Después de años de expropiaciones, sanciones, deterioro operativo y cambios regulatorios, los inversionistas exigirán garantías que no se resuelven con una elección aislada.

La propuesta de crear una agencia venezolana de hidrocarburos inspirada en el modelo colombiano apunta a una reforma institucional concreta. También menciona licitaciones competitivas, protección internacional de las inversiones y un régimen fiscal atractivo. El riesgo está en que la urgencia por obtener capital lleve a privatizaciones opacas o contratos excesivamente favorables para empresas extranjeras. La transición tendrá que atraer inversión sin repetir la concentración de rentas que alimentó la corrupción. El sector energético puede financiar la reconstrucción, pero también puede convertirse en el botín que fracture la coalición democrática.

Colombia, migración y seguridad: la dimensión regional

El vínculo con Colombia ocupa un lugar estratégico en la entrevista. Machado calcula que ese país alberga a más de 2,8 millones de venezolanos y sostiene que la estabilidad de la frontera depende de la democratización de Venezuela. La afirmación coincide con una realidad regional: la crisis venezolana dejó efectos migratorios, comerciales y de seguridad que ningún Gobierno vecino puede gestionar de forma aislada.

La dirigente atribuye a Venezuela el papel de retaguardia de grupos armados colombianos como el ELN y la Segunda Marquetalia, y propone reconstruir unas fuerzas armadas subordinadas a la Constitución. Esa promesa enfrenta dos obstáculos. Primero, la cooperación militar exige depurar mandos vinculados con narcotráfico, extorsión o violaciones de derechos humanos sin desarticular por completo la cadena de mando. Segundo, una operación conjunta con Colombia podría ser interpretada por sectores nacionalistas como una pérdida de soberanía, especialmente si se realiza durante un periodo de alta fragilidad institucional.

La frontera ofrece oportunidades económicas evidentes: energía, transporte, agricultura, comercio e integración de mercados. Pero también concentra los riesgos más inmediatos. Un deterioro del proceso político podría aumentar los cruces irregulares, fortalecer economías ilegales y generar nuevos desplazamientos. Para Colombia, una transición estable significaría potencialmente el retorno de parte de los migrantes y una reducción de la presión sobre los servicios públicos. Sin embargo, ese retorno no será automático: dependerá de empleo, seguridad, vivienda, escuelas y confianza en el Estado venezolano.

La sociedad está movilizada, pero la paciencia tiene límites

Machado describe protestas por falta de electricidad, alimentos e insumos, y advierte que Venezuela se encuentra en ebullición. Su razonamiento es consistente: cuanto más tiempo transcurra sin una fecha electoral, más difícil será pedir a una población empobrecida que mantenga la contención. La ausencia de un horizonte puede transformar la movilización cívica en frustración, y la frustración, en violencia localizada o en nuevas olas migratorias.

El Gobierno y sus aliados, en cambio, pueden argumentar que una elección apresurada aumentaría el riesgo de desorden, interferencia externa y quiebre institucional. El chavismo reafirma además que Maduro y Cilia Flores están “secuestrados” en Estados Unidos, una acusación que busca mantener un relato de confrontación y presentar la presión internacional como una agresión contra la soberanía venezolana. Esta narrativa puede consolidar a la base oficialista, pero dificulta la negociación si convierte cualquier concesión en una capitulación.

La principal disputa no será solo quién gana una elección, sino quién controla la interpretación de la transición. Para la oposición, la presión social debe acelerar el calendario. Para el oficialismo, puede ser una amenaza que justifica controles y dilaciones. Para Estados Unidos, según la lectura de Machado, la prioridad sería consolidar una salida que combine justicia, seguridad hemisférica y recuperación energética. Para los países latinoamericanos, el dilema consiste en respaldar la democracia sin quedar atrapados en una intervención política o militar.

El escenario de 2027 y los riesgos de una oportunidad incompleta

El senador estadounidense Bernie Moreno propuso celebrar las presidenciales el 24 de julio de 2027, fecha asociada al natalicio de Simón Bolívar, y otros legisladores respaldaron la idea. El calendario puede ofrecer un punto de referencia, pero no resuelve por sí mismo la preparación técnica. Un proceso electoral creíble necesita tiempo para actualizar el registro, facilitar el voto de los venezolanos en el exterior, permitir la inscripción de candidatos y organizar observación independiente. Cada mes adicional puede mejorar la calidad del proceso, pero también prolongar la crisis social y dar margen a quienes buscan conservar el control.

El primer riesgo es una elección con instituciones renovadas solo en apariencia. El segundo es una transición sin acuerdo entre civiles y militares, capaz de producir sabotajes, fragmentación armada o violencia territorial. El tercero es económico: la expectativa de grandes inversiones puede provocar una carrera por repartir activos antes de reconstruir la legalidad. El cuarto es humanitario: si las protestas aumentan sin canales institucionales, nuevas familias podrían abandonar el país, agravando la presión sobre Colombia y otros vecinos.

La hipótesis más estable sería un acuerdo que combine fecha electoral, autoridad electoral independiente, garantías para todos los competidores, liberación y protección de presos políticos, cooperación internacional y un programa de emergencia para electricidad, salud y alimentos. Esa fórmula no satisface por completo a ningún actor, pero reduce los incentivos para el bloqueo. La posición de Machado aporta una fuerza social difícil de ignorar; la mesa de transición aporta la negociación necesaria para administrar el Estado. El desafío consiste en que ninguna de las dos sustituya a la otra.

Venezuela se encuentra ante una oportunidad que puede abrir una recuperación democrática o producir una nueva decepción. La frase de Machado resume la presión que atraviesa todo el proceso: la fecha electoral representa esperanza para millones, pero también una prueba concreta de que la transición existe. Convertir esa esperanza en instituciones exigirá más que liderazgo opositor, apoyo internacional o recursos energéticos. Requerirá reglas verificables, justicia sin revancha, seguridad bajo control civil y una economía capaz de devolver a los ciudadanos razones materiales para quedarse y regresar.