La Comisión de Fiscalización del Gasto Público rechazó la Cuenta Pública 2024 del Ayuntamiento de Tijuana, en un dictamen que reúne observaciones sobre obra pública, obligaciones fiscales, seguridad social y registros contables. La decisión fue aprobada con cuatro votos en contra de diputados de Morena y una abstención del PAN. El documento todavía deberá ser sometido a consideración del pleno del Congreso de Baja California en los próximos días, por lo que el rechazo de la comisión no constituye aún la resolución legislativa definitiva.

La revisión corresponde a un ejercicio compartido entre dos administraciones: hasta septiembre de 2024 estuvo encabezada por Montserrat Caballero Ramírez y, a partir de octubre, por Ismael Burgueño Ruiz. La Auditoría Superior del Estado (ASE) formuló 75 observaciones, de las cuales 44 fueron solventadas. El resultado deja 31 señalamientos pendientes, aunque su peso no depende únicamente del número, sino de la naturaleza de los asuntos involucrados: contratos de infraestructura, retenciones fiscales, adeudos con el sistema de pensiones y recursos destinados a indemnizar a personal operativo fallecido.

Una obra costera bajo cuestionamiento

Entre los principales hallazgos se encuentran los contratos para la rehabilitación del malecón de Playas, identificados con las claves DOIUM-2024-MRM-R23-ENH-LP-001, -002, -003 y -004. El informe individual de la ASE señala que parte de la obra se construyó dentro de los límites de la Zona Federal Marítimo Terrestre, sin que se acreditara el cumplimiento de la franja de 20 metros establecida en la legislación aplicable.

La observación no se limita a una deficiencia documental. El Ayuntamiento no presentó evidencia del estudio de mecánica de suelos, del cálculo estructural ni de las factibilidades correspondientes de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) y de la Comisión Federal de Electricidad. Tampoco acreditó que, antes de formalizar los contratos, hubiera obtenido la evaluación de impacto ambiental, el permiso de construcción y la autorización de no afectación o concesión dentro de la zona federal.

El primer contrato tuvo un importe modificado de 50 millones de pesos, incluido el IVA. De acuerdo con la auditoría, la falta de previsión de las descargas de la CESPT provocó estancamientos de aguas residuales. Durante la inspección física también se identificaron daños en el muro de contención y en los gaviones, que habrían ocurrido durante trabajos para liberar el agua acumulada. La combinación de permisos incompletos, estudios técnicos no acreditados y deterioro visible convierte el caso en uno de los puntos con mayor exposición financiera y administrativa para el gobierno municipal.

El fideicomiso de seguridad no registró pagos

La ASE determinó que el Ayuntamiento no ha dado cumplimiento al fideicomiso creado para indemnizar, en caso de fallecimiento, al personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, antes Dirección de Seguridad Pública. La cuenta bancaria no presentó salidas de recursos para cubrir esas indemnizaciones durante el periodo comprendido entre 2016 y 2024.

Al 31 de diciembre de 2024, el fideicomiso registraba 39 millones 225 mil 763.51 pesos. La ausencia de pagos durante ocho años no demuestra por sí misma que existieran beneficiarios pendientes de recibir una indemnización, pero sí revela que el municipio no acreditó ante el órgano fiscalizador la operación efectiva del mecanismo para el que fueron reservados esos recursos. El asunto tiene una dimensión institucional adicional: se trata de fondos vinculados con la protección económica de familias de servidores públicos de seguridad, no de un saldo ordinario de tesorería.

Impuestos y cuotas: obligaciones que se acumulan

Otro bloque de observaciones corresponde al Impuesto Sobre la Renta. El Ayuntamiento reportó 30 millones 550 mil 575.90 pesos en el rubro de retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo. La auditoría señaló que esos saldos provenían de 2024, 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 y ejercicios anteriores, sin una depuración contable o entero suficiente ante el Servicio de Administración Tributaria.

Además, la ASE indicó que durante 2024 el gobierno municipal no efectuó correctamente las retenciones del ISR porque omitió incluir en la base gravable pagos identificados como “Seguro Social”, por 587 millones de pesos, y “Previsión social múltiple”, por 571.4 millones. La observación no equivale automáticamente al monto de un crédito fiscal, pero sí apunta a una posible subestimación de obligaciones y a la necesidad de aclarar cómo fueron calculadas las remuneraciones y prestaciones del personal.

En el caso del ISSSTECALI, el Ayuntamiento reconoció un adeudo de 101.6 millones de pesos al cierre de 2024, mientras que el organismo reportó una deuda de 45.9 millones. La diferencia de 55.6 millones quedó sin aclarar. El contraste entre ambas cifras evidencia una debilidad de conciliación entre entidades públicas y afecta la confiabilidad de los estados financieros municipales, especialmente cuando se trata de obligaciones relacionadas con pensiones y seguridad social.

Pasivos sin detalle y presión sobre el presupuesto

La cuenta presentó un saldo de 1 mil 171 millones 430 mil 703 pesos en cuentas por pagar a corto plazo, sin integrar de forma clara el nombre y el monto adeudado a cada proveedor o contratista en la balanza de comprobación, las notas o los estados financieros. Sin esa desagregación, el Congreso y la ciudadanía enfrentan dificultades para distinguir entre obligaciones exigibles, adeudos en disputa, compromisos vencidos y registros que requieren depuración.

La auditoría también observó que el gasto en servicios personales excedió el límite autorizado del 3% previsto en la Ley de Disciplina Financiera. El presupuesto aprobado para 2024 fue de 6 mil 223.9 millones de pesos, lo que representó un aumento real de 10.93% frente al presupuesto aprobado para 2023. A ello se suma una diferencia por aclarar de 7.9 millones de pesos en Fondos Tijuana y el déficit presupuestal señalado por la ASE, reportado en el informe como de 14 mil 559 millones de pesos, cifra cuya integración deberá precisarse durante la revisión legislativa debido a su magnitud frente al presupuesto anual.

La disputa por las responsabilidades

Ismael Burgueño sostuvo que las observaciones corresponden principalmente a la administración anterior y precisó que su gobierno fue responsable de los últimos tres meses del ejercicio. El alcalde afirmó que no se trataba de “aventarle la bolita a nadie”, pero remarcó que cada funcionario deberá responder por lo que hizo o dejó de hacer durante el periodo bajo su cargo.

La delimitación temporal puede ser relevante para establecer responsabilidades administrativas, aunque no elimina la responsabilidad institucional del Ayuntamiento como sujeto fiscalizado. La Sindicatura deberá determinar si existen faltas y quiénes pudieron incurrir en ellas; cuando se trate de conductas graves, corresponderá a la Fiscalía evaluar la posible responsabilidad penal. El siguiente paso será conocer si el pleno del Congreso ratifica el rechazo y cómo se traducen las observaciones pendientes en procedimientos concretos, recuperación de recursos, correcciones contables o sanciones.

Más allá del desenlace político, la cuenta pública deja un problema de gestión: una administración que no acredita con precisión permisos y estudios de obra, acumula obligaciones fiscales y de seguridad social, mantiene saldos sin conciliar y no demuestra movimientos en un fideicomiso destinado a indemnizaciones. La respuesta institucional tendrá que probar si las irregularidades fueron errores corregibles de registro o señales de decisiones administrativas con consecuencias financieras y legales para Tijuana.