La proliferación de vídeos creados con inteligencia artificial en Brasil antes de las elecciones presidenciales no es solo una disputa tecnológica entre candidatos, plataformas y autoridades. También afecta a cualquier ciudadano que reciba un vídeo político en su teléfono, lo comparta en un grupo familiar o forme su opinión a partir de publicaciones que aparecen en sus redes sociales. La pregunta práctica no es únicamente si una imagen o una voz son falsas, sino cuánto pueden alterar la percepción de una elección antes de que exista tiempo para comprobarlas.

El vídeo que llega al móvil puede parecer una prueba

Brasil reúne varias condiciones que vuelven especialmente relevante este experimento electoral: una población de 214 millones de personas, un uso intensivo de internet, una fuerte cultura de los memes y una larga historia reciente de desinformación política. En ese contexto, la inteligencia artificial reduce de manera drástica el coste y el tiempo necesarios para fabricar una escena convincente. Ya no hace falta una gran organización para producir un vídeo en el que un candidato parece pronunciar una frase, reunir una multitud inexistente o aparecer vinculado a un escándalo.

El efecto sobre el votante no depende de que la falsedad sea perfecta. Un contenido puede ser absurdo y, aun así, reforzar una sospecha previa. Un vídeo que presenta a Lula como corrupto puede consolidar el rechazo de quienes ya desconfían de él; otro que convierte a Flávio Bolsonaro en un héroe puede fortalecer la identidad política de sus seguidores. La IA no siempre cambia de opinión a una persona, pero sí puede endurecer sus convicciones y hacer más difícil una conversación basada en hechos compartidos.

La etiqueta ayuda, pero no resuelve el problema

El Tribunal Electoral brasileño prohíbe los deepfakes durante las campañas y obliga a identificar claramente los contenidos generados con IA. También ha exigido a empresas como Meta, Google y OpenAI que expliquen cómo pretenden controlar la producción y circulación de este material. Estas reglas ofrecen una referencia importante: un candidato no debería poder presentar como real una declaración que nunca hizo ni utilizar imágenes sintéticas para simular respaldo popular.

Sin embargo, la regulación enfrenta una dificultad esencial. No todo contenido generado por IA intenta engañar. Un vídeo satírico, una parodia o una animación política pueden formar parte de la libertad de expresión. El problema aparece cuando las autoridades deben decidir rápidamente si una creación es humor, propaganda o manipulación. Según el abogado André Giacchetta, las normas no fijan un umbral suficientemente preciso para separar la expresión creativa de una posible interferencia electoral. Una vigilancia demasiado amplia podría retirar contenidos legítimos; una vigilancia demasiado débil permitiría que una mentira se volviera viral antes de ser corregida.

La velocidad favorece al engaño

La principal desventaja del sistema actual es temporal. Un tribunal puede ordenar que se retire un vídeo, pero una publicación dañina puede alcanzar cientos de miles de visualizaciones mientras se presenta la denuncia, se revisa el material y se emite una decisión. Cristina Tardáguila, de Agência Lupa, señaló que cerca del 10 % del contenido político creado con IA detectado por su organización no llevaba la etiqueta correspondiente. La cifra muestra que incluso las obligaciones formales tienen dificultades para aplicarse de manera uniforme.

Además, las redes sociales ya no funcionan como simples cronologías donde todos ven los mismos mensajes. Sus algoritmos seleccionan contenidos según el historial, las interacciones y los intereses de cada usuario. Esto puede crear realidades políticas paralelas: dos ciudadanos de la misma ciudad reciben vídeos distintos, cada uno diseñado para confirmar sus temores. Los bots agravan el problema al multiplicar publicaciones y aparentar que una acusación tiene un respaldo social que en realidad no existe.

Para el ciudadano, esto significa que la ausencia de una corrección visible no equivale a que el contenido sea cierto. Cuando un vídeo desaparece, es posible que ya haya sido descargado, editado y vuelto a publicar en otros canales. La moderación tecnológica puede detectar marcas de agua, rostros manipulados o patrones biométricos, pero los creadores pueden modificar el archivo, añadir subtítulos o trasladarlo rápidamente a otra plataforma.

Qué cambia para quienes votan

La responsabilidad no puede recaer por completo en el votante. Las plataformas tienen más capacidad técnica y económica para identificar campañas coordinadas, explicar por qué recomiendan un contenido y conservar pruebas de publicaciones retiradas. Los candidatos, por su parte, deben asumir que una etiqueta poco visible o una aclaración tardía no compensan el impacto de difundir material diseñado para confundir.

Pero los usuarios sí pueden reducir su exposición a las manipulaciones más eficaces. Antes de compartir un vídeo político conviene comprobar si otros medios confiables informan del mismo hecho, buscar la declaración completa y revisar quién publicó originalmente el contenido. Las escenas que muestran multitudes enormes, encuestas sin fuente, confesiones inesperadas o supuestas noticias de última hora merecen una pausa especial. También conviene desconfiar de los mensajes que apelan exclusivamente a la indignación y exigen compartirlos de inmediato.

El riesgo va más allá de las elecciones

La experiencia brasileña importa incluso para quienes no viven allí. Las mismas herramientas pueden utilizarse en campañas locales, conflictos sociales, publicidad comercial o ataques contra instituciones. Los chatbots añaden una dimensión distinta: al ofrecer respuestas personalizadas a millones de personas, pueden influir en la forma en que un usuario interpreta una acusación o decide qué candidato le parece más confiable, aunque no reproduzcan un vídeo falso.

La inteligencia artificial no inventó la propaganda ni la desinformación. Lo que ha cambiado es la escala, la velocidad y el aspecto de autenticidad que puede proporcionar a narrativas ya existentes. Por eso, la defensa del voto no depende solo de descubrir cada falsificación. También exige transparencia de las plataformas, reglas aplicables con rapidez, medios de verificación independientes y ciudadanos conscientes de que una imagen convincente no constituye por sí misma una evidencia.