La policía turca irrumpió este miércoles en la sede de Halk TV, uno de los canales opositores más vistos del país, interrumpió su emisión y dejó la cadena bajo control de un administrador judicial designado por el Gobierno. La operación eleva a cinco el número de grandes medios intervenidos este año, después de Flash TV, Ekotürk, Habertürk y Tele1.
El corte se produjo mientras Halk TV informaba sobre un escándalo relacionado con fondos de inversión que salpica a altos cargos gubernamentales. Sin transición, la señal fue sustituida por una película turca de los años setenta. La reportera Gamze Altuna denunció que cientos de policías y vehículos bloquearon las carreteras y que los trabajadores no podían entrar en el edificio mientras los agentes lo registraban. Decenas de ciudadanos se congregaron frente a la sede para protestar.
Una investigación penal, un control inmediato
La medida se enmarca en una investigación contra el presidente de la cadena, Cafer Mahiroglu, acusado de soborno, manipulación de licitaciones y blanqueo de capitales. La policía detuvo a 11 personas y se emitieron órdenes de arresto contra otras 17. Mahiroglu, que se encuentra fuera del país, niega los cargos y afirma que siete de los detenidos son familiares suyos, entre ellos su hermano de 70 años.
El proceso judicial y la intervención del medio son hechos relacionados, pero distintos: las acusaciones deberán resolverse en los tribunales, mientras que el nombramiento de un administrador altera de inmediato quién controla la cadena y su capacidad de decidir qué emitir. Esa diferencia concentra la preocupación de periodistas y organizaciones de derechos humanos, que han calificado la operación de censura y advertido de un retroceso en la libertad de prensa.
La disputa por el derecho a informar
Mahiroglu describió la jornada como un “día oscuro para Turquía” y sostuvo que la ciudadanía ve vulnerado por motivos políticos su derecho a estar informada. “Usar la justicia como arma es el mayor daño que se puede hacer a Turquía”, escribió. El director general, Suat Toktas, y la plantilla lamentaron que una cadena con casi dos décadas de trayectoria hubiera sido “confiscada”, y presentaron el caso como parte de una nueva normalidad para el sector.
Esther Major, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, destacó la coincidencia con la declaración judicial de Ekrem İmamoğlu, exalcalde de Estambul y considerado el principal rival político de Recep Tayyip Erdogan. Halk TV habría seguido el proceso con detalle. Desde Bruselas, el eurodiputado Nacho Sánchez Amor advirtió que, entre detenciones de periodistas y censura, la libertad de prensa y expresión corre el riesgo de quedar relegada a un recuerdo.
Un patrón que rebasa las redacciones
La presión descrita en el país no se limita a los medios. En los últimos años, las autoridades han intervenido municipios gobernados por la oposición, primero en zonas del sureste dirigidas por partidos prokurdos y, más recientemente, en ayuntamientos controlados por el socialdemócrata CHP, incluido Estambul y varios de sus distritos. También han sido objeto de operaciones empresas vinculadas a formaciones opositoras, bajo acusaciones de presuntas irregularidades.
En el último mes, según la información disponible, se bloquearon más de 1.200 cuentas en redes sociales. Entre las afectadas figuran Amnistía Internacional en Turquía, el diario de izquierda Evrensel, una asociación médica que atiende a personas con VIH y periodistas extranjeros críticos con Erdogan. Defensores de los derechos LGBTI denuncian, además, redadas y detenciones: más de 80 personas permanecen en prisión preventiva bajo acusaciones de “obscenidad”, “prostitución” y “vínculos financieros en el extranjero”, entre ellas abogados y periodistas.
El analista político Berk Esen interpreta la intensificación de las medidas como una respuesta a una oposición que, a su juicio, no se ha desmoronado. La intervención de Halk TV adquiere así un alcance que va más allá de una disputa sobre la propiedad o la gestión de una cadena: al coincidir el control judicial con la retirada de una emisión crítica, pone en cuestión si los medios opositores podrán cubrir procesos políticos y judiciales con autonomía.