La policía turca irrumpió este miércoles en la sede de Halk TV, interrumpió su emisión en directo y puso el canal bajo la administración de un interventor designado por el Gobierno. La cadena, una de las más vistas entre las opositoras, es el quinto gran medio intervenido en el país este año. La operación coincidió con la cobertura de un escándalo relacionado con fondos de inversión que salpica a altos cargos gubernamentales y reavivó las denuncias de censura y uso político de la justicia.
La señal de Halk TV pasó de forma abrupta de la noticia a una película turca de los años setenta. Mientras los agentes registraban las instalaciones, la reportera Gamze Altuna afirmó en X que cientos de policías y vehículos bloqueaban las calles y que los trabajadores no podían entrar en el edificio. Decenas de ciudadanos se congregaron ante la sede para protestar por la intervención.
Una investigación contra el presidente del canal
La medida se produjo en el marco de una investigación contra el presidente de Halk TV, Cafer Mahiroglu, acusado de soborno, manipulación de licitaciones y blanqueo de capitales. La policía detuvo a 11 personas y se emitieron órdenes de arresto contra otras 17. Mahiroglu, que niega los cargos, se encuentra fuera del país y no ha sido detenido. Según declaró, siete de los arrestados son familiares suyos, entre ellos su hermano, de 70 años.
El empresario calificó la jornada de «día oscuro para Turquía» y sostuvo que la intervención vulnera por motivos políticos el derecho de la ciudadanía a recibir información. «Usar la justicia como arma es el mayor daño que se puede hacer a Turquía», escribió. El director general, Suat Toktas, y la plantilla lamentaron que una cadena con casi dos décadas de historia hubiera sido «confiscada» y describieron la medida como parte de una «nueva normalidad».
Más medios bajo control judicial
Halk TV se suma a Flash TV, Ekotürk, Habertürk y Tele1, otros cuatro medios puestos bajo administración de interventores durante este año. La coincidencia entre la irrupción policial y la emisión de una información políticamente sensible ha alimentado las críticas, aunque las acusaciones contra Mahiroglu siguen su curso judicial y no equivalen a una condena. El caso plantea, por tanto, una cuestión doble: la investigación de posibles delitos y el efecto que el control estatal de un canal puede tener sobre la pluralidad informativa mientras se esclarecen esos cargos.
Esther Major, directora regional adjunta de Amnistía Internacional para Europa, señaló que la redada se produjo el mismo día en que Ekrem Imamoglu, exalcalde de Estambul y principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan, compareció en el juicio abierto contra él. Halk TV habría seguido de cerca ese proceso. Desde Bruselas, el eurodiputado Nacho Sánchez Amor advirtió de que la libertad de prensa y de expresión corre el riesgo de quedar relegada a un recuerdo ante las detenciones de periodistas y la censura.
Presión más allá de las redacciones
La intervención se inserta en una serie más amplia de medidas contra espacios vinculados a la oposición. En los últimos años, las autoridades han intervenido municipios gobernados primero por partidos prokurdos en el sureste y después por la formación socialdemócrata CHP, incluidos Estambul y varios de sus distritos. También se han investigado empresas relacionadas con partidos opositores por presuntas irregularidades. El analista Berk Esen interpreta la intensificación represiva como una respuesta a que la oposición no se ha desmoronado; se trata de una valoración política, no de una conclusión judicial.
La presión alcanza asimismo a las redes y a organizaciones civiles: durante el último mes se bloquearon más de 1.200 cuentas, entre ellas las de Amnistía Internacional en Turquía, el diario de izquierdas Evrensel, una asociación médica que atiende a personas con VIH y periodistas extranjeros críticos con Erdogan. Defensores de los derechos LGBTI denunciaron redadas y más de 80 personas en prisión preventiva por cargos de «obscenidad», «prostitución» o «vínculos financieros en el extranjero», incluidos abogados y periodistas. La sucesión de intervenciones en medios, instituciones locales y plataformas digitales amplía el alcance del debate: no solo afecta a quién administra una cadena, sino también a la capacidad de la oposición y de la sociedad civil para comunicar y fiscalizar al poder.