Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han comenzado a definir sus estrategias para las elecciones generales del 29 de noviembre. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) se dispone a situar a Gabriel Rufián al frente de su candidatura al Congreso, mientras el PSOE y Frente Amplio exploran listas conjuntas para el Senado con un objetivo concreto: impedir que la concentración del voto progresista facilite una mayoría del Partido Popular en la Cámara Alta.

Las dos decisiones pertenecen a planos distintos, pero responden a una misma urgencia electoral. ERC debe cerrar el liderazgo de su candidatura en un momento de debate interno sobre su relación con el resto de la izquierda, y socialistas y miembros de Frente Amplio necesitan resolver con rapidez si una alianza territorial puede transformar la suma de sus votos en escaños efectivos. El calendario deja poco margen: el plazo para comunicar coaliciones concluye el 16 de octubre.

ERC se encamina a despejar la incógnita de Rufián

La Ejecutiva Nacional de ERC podría aprobar este domingo la candidatura encabezada por Rufián, según medios locales. La decisión tendría que completarse después con los congresos regionales y con la validación de las listas al Congreso y al Senado por parte de los órganos internos del partido, prevista para el 20 de octubre.

La continuidad del portavoz parlamentario no estaba garantizada. Sus diferencias con la dirección republicana se habían centrado en la conveniencia de construir acuerdos más amplios con fuerzas de izquierda y antifascistas en el conjunto de España. Rufián había reclamado unas “mínimas condiciones” para volver a liderar la candidatura, una fórmula que reflejaba tanto sus reservas políticas como la necesidad de obtener respaldo explícito de la organización.

Oriol Junqueras, presidente de ERC, había defendido públicamente que Rufián era el “mejor candidato”. Si finalmente se confirma su elección, el partido cerrará una disputa que no era únicamente personal. También estaba en juego el modelo de campaña: una ERC más centrada en su perfil propio y en la agenda catalana, o una formación con mayor disposición a participar en alianzas estatales de izquierdas.

El Senado se convierte en el terreno decisivo

En paralelo, el PSOE y Frente Amplio, la coalición que reúne a las formaciones hasta ahora integradas en Sumar, celebraron este domingo una reunión para estudiar candidaturas conjuntas al Senado. La negociación se concentra especialmente en aquellas provincias donde la dispersión del voto de izquierdas puede traducirse en una ventaja desproporcionada para el PP.

La lógica del Senado explica la importancia de estas conversaciones. En la mayoría de las provincias se eligen cuatro senadores y la candidatura más votada suele obtener tres escaños. En ese sistema, varios partidos progresistas pueden acumular un respaldo significativo sin convertirlo en una representación equivalente si presentan listas separadas. Una candidatura coordinada, en cambio, podría concentrar el voto suficiente para disputar algunos de esos escaños.

La fórmula no está cerrada y los socialistas aseguran que estudian distintas alternativas tanto para el Congreso como para el Senado. La diferencia entre ambas cámaras es determinante: mientras el Congreso articula la investidura y la formación del Gobierno, el Senado puede funcionar como un contrapeso institucional durante la legislatura. Evitar una mayoría del PP en esa Cámara sería, por tanto, una forma de limitar su capacidad de bloqueo y de reducir la presión parlamentaria sobre un eventual Ejecutivo progresista.

El voto de los nacionalizados añade una disputa institucional

La precampaña incorporó este domingo otro frente de tensión. Durante un acto celebrado en Ponferrada, el segundo de su precampaña, Sánchez reclamó al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar del derecho a voto de unos 400.000 ciudadanos nacionalizados al amparo de la llamada ley de nietos.

El Alto Tribunal adoptó la medida el pasado 8 de septiembre a petición del PP y Vox y debe decidir ahora si la mantiene o la revoca. La resolución llega cuando está previsto el cierre del censo electoral, lo que convierte el calendario judicial en un elemento con impacto directo sobre la preparación de los comicios. No se trata únicamente de una discusión jurídica: la decisión determinará quién puede participar en una elección convocada para dentro de pocas semanas.

Sánchez calificó la iniciativa de “atropello” y defendió que “en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza”. También rechazó la acusación de la derecha de que el Gobierno estaría “fabricando votantes”. El presidente recordó que muchos de los afectados son descendientes de exiliados y cuestionó que se les impida votar después de haber participado en procesos electorales anteriores.

Una campaña marcada por la aritmética y la movilización

Los tres asuntos —el liderazgo de Rufián, la posible coordinación para el Senado y la situación de los nacionalizados— muestran que la campaña del 29N se está configurando antes de que comiencen formalmente los grandes debates electorales. La primera batalla no será solo por ganar votos, sino por organizarlos: quién encabeza cada candidatura, en qué territorios conviene competir conjuntamente y qué electores quedarán finalmente incluidos en el censo.

Para la izquierda, el riesgo es doble. La división entre partidos puede reducir su representación en el Senado, mientras que las discrepancias internas pueden debilitar el mensaje de unidad que pretende proyectar la negociación entre el PSOE y Frente Amplio. Para el PP y Vox, la controversia sobre el voto de los nacionalizados ofrece una oportunidad para cuestionar las decisiones del Gobierno y presentar la disputa como un problema de garantías electorales, aunque la resolución definitiva corresponda al Tribunal Supremo.

En ese contexto, la llamada de Sánchez a “llenar las urnas” busca convertir la participación en el eje de su discurso. Su advertencia —“si no, ganan los de arriba”— resume una estrategia basada en movilizar a los votantes progresistas y en presentar la elección como una disputa entre representación y desmovilización. Pero la movilización, por sí sola, no resolverá las dificultades de fondo: las alianzas deberán concretarse antes del 16 de octubre, las listas tendrán que aprobarse el día 20 y la decisión judicial sobre el censo puede alterar las expectativas de todos los bloques.