Nayib Bukele anunció que su Gobierno evalúa permitir la salida anticipada y condicional de cerca del 50% de las personas condenadas por colaborar con pandillas y detenidas desde el inicio del régimen de excepción. La cifra apunta a una revisión de gran alcance, pero todavía no describe una política lista para aplicarse: el presidente no precisó calendario, criterios de selección ni las condiciones concretas de supervisión.

El planteamiento parte de una distinción entre quienes integraban las estructuras criminales y quienes colaboraban con ellas en distintos grados. Bukele mencionó, por ejemplo, a personas que avisaban sobre la llegada de la policía. La propuesta no las declararía inocentes: podrían seguir siendo consideradas culpables y cumplir fuera de prisión una parte de la condena, bajo monitoreo. Esa diferencia entre absolución y libertad condicional es central para entender tanto el alcance como los límites del anuncio.

Una cifra grande, pero todavía sin reglas públicas

El principal interrogante no es solo cuántas personas podrían salir, sino cómo se determinará quiénes. Para que la revisión sea creíble, la clasificación anunciada tendría que apoyarse en expedientes individuales, pruebas verificables y criterios aplicados de forma consistente. Sin esos elementos, “cerca del 50%” funciona como una estimación política, no como una medida que permita anticipar quién será beneficiado o por qué.

La distinción propuesta reconoce una realidad difícil de reducir a categorías simples: en comunidades bajo control territorial de las pandillas, colaborar podía responder a grados diversos de coacción, conveniencia o participación voluntaria. Pero el ejemplo de alertar sobre un operativo policial no resuelve por sí mismo la cuestión de culpabilidad. Para evaluar cada caso habría que saber qué hizo la persona, durante cuánto tiempo, con qué intención, qué daño produjo y qué pruebas sostienen la condena. La responsabilidad individual no puede deducirse únicamente del lugar donde alguien vivía ni del rótulo de “colaborador”.

De ahí surge un primer efecto institucional: la revisión puede corregir decisiones injustas, pero también pondrá a prueba la calidad de los procesos judiciales que produjeron las condenas. Si los expedientes no permiten diferenciar con claridad entre participación criminal y supervivencia bajo coerción, el problema no se soluciona simplemente trasladando a una persona de la cárcel a una medida condicional. La libertad anticipada puede aliviar consecuencias de una condena, pero no sustituye una revisión judicial capaz de examinar errores de hecho y de procedimiento.

La libertad fuera de prisión no elimina la necesidad de garantías

El anuncio se produce en un contexto de cuestionamientos sobre las detenciones masivas bajo el régimen de excepción. La Prensa Gráfica recordó que en abril de 2026 Ibrajim Bukele, hermano del presidente, afirmó en publicaciones en X que existía un equipo para revisar casos, incluidas denuncias de detenciones arbitrarias y muertes bajo custodia. Según las declaraciones atribuidas a él por el medio, ese equipo trabajaba con instituciones estatales vinculadas con la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y los centros penales. Nayib Bukele, sin embargo, negó que su hermano participara en una comisión de ese tipo. La discrepancia hace especialmente importante conocer qué instancia revisaría ahora los casos y qué autoridad tendría para decidir.

Para las personas detenidas y sus familias, una salida condicional podría significar recuperar vínculos, ingresos y vida comunitaria. Para las víctimas de pandillas, en cambio, el anuncio puede generar preocupación si no se explica cómo se valorarán los daños y cómo se gestionará la seguridad. Ambos intereses son legítimos, pero no se atienden con promesas generales: requieren decisiones motivadas, vías para impugnarlas y mecanismos de protección adecuados.

Un segundo punto de análisis es que el monitoreo solo aporta garantías cuando está definido con precisión. Debe aclararse quién supervisa, qué conductas se prohíben, qué apoyos permiten cumplir las condiciones y qué ocurre ante un incumplimiento. Si la supervisión consiste únicamente en restricciones sin recursos para sostener una reintegración, aumentará el riesgo de reincidencia o de nuevas detenciones discutibles. Y si las condiciones son opacas, las personas beneficiadas podrían quedar expuestas a decisiones arbitrarias incluso después de salir de prisión.

El contraste: excarcelación selectiva y régimen prolongado

Bukele sostuvo que el régimen de excepción se mantendrá porque todavía existen estructuras criminales y dijo que le gustaría eliminarlo en algún momento. La combinación de ambas posiciones define el dilema político: el Ejecutivo considera posible revisar condenas individuales sin desmontar las facultades extraordinarias que hicieron posibles las detenciones masivas. La primera medida podría presentarse como una corrección focalizada; la segunda conserva el marco que, según organizaciones nacionales e internacionales, ha estado asociado a restricciones del debido proceso y vulneraciones de derechos humanos.

Infobae reportó que el vicepresidente Félix Ulloa afirmó recientemente que El Salvador acumula más de 91 mil capturas y defendió que las personas detenidas son puestas a disposición de autoridades judiciales. Esa cifra mide la escala de la actuación estatal, pero no responde por sí sola cuántas personas fueron condenadas, cuántas permanecen detenidas, cuántas fueron liberadas ni qué proporción de expedientes fue revisada. Tampoco equivale a un dato sobre culpabilidad. Para evaluar la nueva propuesta harán falta cifras desglosadas y verificables: solicitudes recibidas, decisiones favorables y desfavorables, fundamentos y resultados posteriores.

La política también puede tener efectos sobre la confianza pública. Una revisión transparente podría mostrar que la seguridad no exige tratar todos los casos como idénticos y que el Estado puede corregir excesos sin renunciar a perseguir delitos graves. En cambio, si la selección depende de criterios reservados o de una decisión centralizada sin revisión independiente, la medida podría percibirse como discrecional: indulgencia para unos, severidad para otros. Esa percepción afectaría tanto a las familias de los detenidos como a las comunidades que esperan protección frente a las pandillas.

La prueba estará en la revisión, no en el porcentaje

El próximo paso decisivo será la publicación de reglas antes de que comiencen las liberaciones. Un mecanismo sólido tendría que establecer quién puede solicitar la revisión, qué pruebas se consideran, cómo se pondera la coacción, qué autoridad resuelve y qué recurso existe contra la decisión. También necesitaría separar los casos de colaboración de aquellos que involucren violencia directa, extorsión u otros delitos graves, sin asumir que una etiqueta general basta para resolverlos.

Si el Gobierno hace públicos esos criterios y permite escrutinio independiente, la propuesta podría convertirse en una vía para corregir condenas desproporcionadas y administrar mejor el sistema penitenciario. Si no lo hace, la cifra de beneficiarios será difícil de auditar y cada liberación quedará expuesta a interpretaciones políticas. El riesgo no se limita a que salga alguien que representa una amenaza: también incluye mantener encarceladas a personas cuya responsabilidad no fue evaluada adecuadamente, y debilitar la confianza en los tribunales al no explicar cómo se trazó la diferencia.

El anuncio, por tanto, abre una oportunidad y plantea una exigencia. La oportunidad consiste en reconocer que colaborar con una pandilla no describe una única conducta ni un grado uniforme de responsabilidad. La exigencia es que esa distinción se traduzca en decisiones comprobables, no solo en una declaración presidencial. Mientras el régimen de excepción continúe, la revisión de estos casos será también una medida del compromiso estatal con límites, garantías y rendición de cuentas.