Igor Stanković ha recorrido a pie los kilómetros que separan Novi Sad de Belgrado después de pasar meses durmiendo en el suelo de una facultad ocupada. Tiene 21 años, estudia ingeniería técnica y encarna una de las preguntas decisivas de las elecciones serbias: si una generación movilizada por la corrupción puede transformar su protesta en poder institucional. Su respuesta es tan política como personal. Si la Lista de los Estudiantes pierde, dice, abandonará el país. No se trata de una amenaza retórica aislada. Entre 2013 y 2024, alrededor de medio millón de serbios emigraron y el 49% de los jóvenes afirma que planea marcharse.
Serbia vota después de casi dos años de protestas iniciadas tras el derrumbe de la marquesina de la estación de Novi Sad, en noviembre de 2024, que causó 16 muertes. La tragedia abrió una crisis de legitimidad mucho más amplia: los manifestantes no solo reclamaron responsabilidades por una infraestructura presuntamente marcada por la negligencia y la corrupción, sino también instituciones capaces de investigar al poder, medios menos sometidos y una democracia que no dependa de la voluntad de un dirigente.
La protesta cambia de naturaleza cuando entra en la papeleta
La novedad central no es únicamente que los estudiantes hayan creado una candidatura, sino que hayan aceptado las reglas de una contienda que hasta ahora denunciaban como desequilibrada. La Студентска листа presenta 250 candidatos, tantos como escaños tiene el Parlamento, pero ninguno de ellos es estudiante. La decisión busca reducir la sospecha de que el movimiento sea una plataforma de promoción personal y trasladar el protagonismo a profesores, profesionales y ciudadanos independientes.
Ese diseño contiene una intuición política relevante: la protesta estudiantil solo puede convertirse en alternativa de gobierno si supera su propio origen generacional. Los jóvenes encendieron la movilización, pero el movimiento ha intentado incorporar a docentes, agricultores, ecologistas y activistas. Para Dana Rodić, estudiante de Ingeniería Alimentaria, esa ampliación ha significado recorrer portales y pueblos para conversar con familias que ya han perdido a parientes por la emigración. La campaña se ha construido más con visitas domiciliarias, marchas en bicicleta y redes personales que con la exposición televisiva reservada a los partidos tradicionales.
La primera conclusión analítica es que los estudiantes no compiten únicamente por escaños. Compiten por demostrar que la energía de la calle puede conservar credibilidad cuando entra en una institución. La experiencia de otros movimientos europeos muestra que ese tránsito suele producir tensiones: una plataforma amplia puede ganar capacidad de convocatoria, pero también perder precisión programática; una candidatura compuesta por independientes puede evitar el desgaste partidista, aunque tenga dificultades para coordinar una mayoría legislativa. En Serbia, esa tensión será especialmente visible si la Lista obtiene un resultado suficiente para impedir una mayoría oficialista, pero insuficiente para gobernar por sí sola.

El poder de Vučić no depende solo del voto
Aleksandar Vučić llega a la cita electoral como el dirigente serbio dominante de la última década. Su Partido Progresista Serbio controla las principales palancas del Estado y mantiene una maquinaria de comunicación que combina disciplina partidista, presencia mediática y una narrativa de estabilidad. Vučić fue presidente y ahora concurre como candidato a primer ministro después de dimitir tácticamente para encabezar la lista del SNS, pese a que aún le quedaban más de siete meses de mandato. La maniobra revela hasta qué punto la elección se ha convertido en un plebiscito sobre su liderazgo.
Su experiencia política en los años noventa, cuando fue ministro de Información durante el régimen de Slobodan Milošević, también forma parte del método actual. La acusación de que las protestas son una “revolución de colores” dirigida desde el extranjero busca desplazar el debate desde la corrupción y la rendición de cuentas hacia la defensa de la soberanía nacional. Es una estrategia eficaz para un electorado que conserva una relación ambivalente con Europa, mira con simpatía a Rusia en sectores importantes y teme que la inestabilidad interna sea aprovechada por actores externos.
La organización cívica CRTA ha documentado una campaña caracterizada por la movilización de empleados públicos para acudir a mítines, la instalación de puestos y contramítines junto a actos estudiantiles y una atmósfera de intimidación. También se han registrado 116 incidentes graves en 34 ciudades, según Ivan Đurić, analista de la organización. Si la violencia política se normaliza durante la campaña, el problema deja de ser solo electoral: afecta a la capacidad de los ciudadanos para participar sin asumir costes laborales, físicos o familiares.
El desequilibrio informativo agrava esa situación. Las televisiones N1 y Nova S, el diario Danas y el semanario Radar fueron adquiridos recientemente por el fondo portugués Alpac Capital, una operación rodeada de sospechas sobre sus vínculos con el poder. El resultado es una estructura mediática en la que los medios tradicionales independientes pierden margen de maniobra precisamente cuando más necesaria es la verificación pública de los hechos. Según los datos citados en la campaña, el oficialismo ha ocupado casi tres cuartas partes del tiempo de los telediarios, mientras los estudiantes reciben un tratamiento sistemáticamente hostil.
La batalla generacional es también una batalla por la información
Los datos electorales describen una fractura social más compleja que el simple enfrentamiento entre jóvenes y mayores. El rechazo a Vučić es especialmente intenso entre los menores de 30 años, pero el oficialismo conserva su fortaleza entre votantes de mayor edad y menor nivel educativo, muchos de los cuales reciben la información principalmente de medios progubernamentales. La brecha no se explica solo por la edad. Incluye diferencias en el acceso a fuentes, en la confianza hacia las instituciones y en la exposición a las consecuencias de la emigración.
Para los jóvenes urbanos y universitarios, la corrupción se percibe como una barrera que bloquea el futuro profesional y convierte la salida del país en una decisión racional. Para parte de los votantes mayores, en cambio, el SNS puede representar continuidad, orden y protección frente a un escenario regional incierto. El poder ha entendido esa diferencia y la presenta como una elección entre estabilidad y caos. Los estudiantes intentan responder que la estabilidad construida sobre instituciones débiles es solo una forma aplazada de crisis.
La encuesta del Democracy Action Lab de Stanford añade un elemento sensible: cuatro de cada cinco menores de 30 años expresan preocupación por el uso de la fuerza policial contra los manifestantes. La cifra indica que la represión no ha disuelto la protesta, pero tampoco garantiza que se traduzca automáticamente en votos opositores. El miedo puede producir movilización, abstención o emigración. La conducta final dependerá de si los jóvenes creen que su participación puede alterar el resultado y de si perciben que los mecanismos de control electoral funcionarán.
El trabajo de Igor con 500 observadores electorales en Voivodina apunta a una segunda transformación del movimiento. La protesta ya no se limita a denunciar abusos; intenta construir una red de vigilancia capaz de registrar irregularidades y proteger el recuento. Esa labor puede ser decisiva en distritos disputados, pero también expone a los voluntarios a presiones, amenazas y litigios. La credibilidad de la elección se medirá tanto por el resultado como por la capacidad de documentar y procesar las incidencias.
Una victoria estudiantil no resolvería por sí sola la crisis
El escenario más sencillo para la oposición sería una victoria convincente de la Lista de los Estudiantes, pero incluso ese desenlace abriría problemas de gran magnitud. La candidatura tendría que convertir una coalición moral contra la corrupción en una mayoría legislativa con prioridades concretas: investigación del derrumbe de Novi Sad, reforma de los medios públicos, independencia judicial, control de la contratación estatal y garantías para la protesta. Cada decisión obligaría a pasar de los principios compartidos a compromisos que pueden dividir a sus aliados.
El primer riesgo sería la fragmentación. Una plataforma formada por independientes podría carecer de una estructura territorial estable y de experiencia para administrar el Parlamento. El segundo sería la reacción del aparato estatal. Si el SNS conserva influencia sobre la burocracia, los medios, las empresas públicas y sectores de la seguridad, una transición electoral no equivaldría de inmediato a una transición efectiva del poder. El tercer riesgo sería la frustración social: una generación que ha depositado en la elección una expectativa existencial podría interpretar cualquier acuerdo, demora o concesión como una traición.
También existe una controversia sobre la naturaleza de la candidatura. Sus defensores sostienen que la ausencia de estudiantes en las listas protege el movimiento de la personalización y facilita la incorporación de perfiles profesionales. Sus críticos pueden argumentar que esa fórmula diluye la responsabilidad política: si los candidatos no tienen una trayectoria común ni un programa detallado, los electores podrían no saber quién responderá por las decisiones posteriores. La transparencia en la selección de los representantes será tan importante como el resultado obtenido en las urnas.
Para el oficialismo, una derrota estrecha tampoco sería un desenlace cómodo. Podría intentar formar alianzas con grupos menores, recurrir a nuevas elecciones o presentar la oposición como una amenaza externa. Una mayoría suficiente para gobernar le permitiría conservar el control, pero una pérdida significativa de apoyo entre los jóvenes y en las ciudades demostraría que su fórmula de movilización ya no garantiza la renovación generacional. El SNS podría ganar la elección y, al mismo tiempo, perder la capacidad de definir por sí solo el horizonte político del país.
Europa afronta el coste de mirar hacia otro lado
La Unión Europea observa la elección desde una posición incómoda. Serbia es un país candidato y un actor estratégico en los Balcanes, pero la prioridad geopolítica de mantener canales abiertos con Belgrado ha llevado durante años a suavizar las críticas sobre el deterioro institucional. La candidatura estudiantil obliga a revisar ese equilibrio. Una relación basada exclusivamente en la estabilidad y la cooperación regional corre el riesgo de ser interpretada por la sociedad serbia como tolerancia hacia la captura del Estado.
Una presión europea mal calibrada también podría fortalecer el relato oficial sobre la injerencia extranjera. Por eso el margen de acción exterior no consiste en respaldar a una lista concreta, sino en exigir estándares verificables: observación electoral independiente, investigaciones transparentes sobre la violencia, protección de periodistas y garantías para que todos los actores tengan acceso razonable a los medios. La neutralidad democrática no significa indiferencia ante el deterioro de las condiciones de competencia.
El resultado tendrá efectos sectoriales que van más allá de la política. La emigración de jóvenes reduce la base de trabajadores cualificados, debilita universidades y empresas tecnológicas y acelera el envejecimiento demográfico. La desconfianza en la contratación pública encarece los proyectos de infraestructura y perjudica a compañías que compiten sin acceso a redes partidistas. La captura mediática, por su parte, deteriora el mercado de la información y limita la capacidad de ciudadanos y empresas para evaluar decisiones económicas con datos fiables.
El día después puede ser más decisivo que la noche electoral
Hay tres trayectorias plausibles. La primera es una victoria clara de Vučić, acompañada de una ofensiva política contra los estudiantes y de un aumento de la emigración juvenil. La segunda es un resultado ajustado que obligue a negociar alianzas y sitúe al Parlamento en el centro de una transición incierta. La tercera es una victoria opositora sin control suficiente de las instituciones, seguida de bloqueo administrativo, movilizaciones enfrentadas y una disputa prolongada sobre la legitimidad del recuento.
En cualquiera de esos escenarios, la variable decisiva será la capacidad de las instituciones para absorber el conflicto. Si los tribunales investigan las denuncias, los medios pueden operar sin presiones y el recuento resulta verificable, la elección puede abrir una reforma gradual. Si la respuesta consiste en deslegitimar a los observadores, intimidar a los manifestantes o utilizar la burocracia para impedir la alternancia, la crisis se trasladará de las calles a una confrontación más difícil de contener.
La movilización de Igor y Dana representa una oportunidad, pero también una advertencia. Los jóvenes han dejado claro que no aceptan elegir entre emigrar y resignarse. Han puesto en juego tiempo, reputación y, en algunos casos, su proyecto de vida para comprobar si el voto puede corregir un sistema que perciben cerrado. La elección no decidirá únicamente quién ocupa los escaños del Parlamento. Pondrá a prueba si Serbia puede convertir el duelo por 16 víctimas en responsabilidad pública, y si una generación que aprendió a desconfiar del poder todavía puede encontrar razones para quedarse.