La Coordinadora Humanitaria de Naciones Unidas en Sudán, Denise Brown, condenó este sábado el ataque con dron contra un centro de desplazados en Wad Al Mahi, en el sureste del país, que dejó al menos 30 muertos, entre ellos mujeres y niños, según las autoridades locales. La ofensiva, atribuida a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), alcanzó a civiles que habían huido de los combates en el estado del Nilo Azul y ha reavivado las denuncias sobre el riesgo que afrontan las personas desplazadas en una guerra que ya ha provocado una de las mayores crisis humanitarias del mundo.

“Es fundamental condenar estas muertes sin sentido, pero también es necesario exigir responsabilidades por este flagrante desprecio hacia el derecho internacional humanitario”, afirmó Brown en un comunicado difundido este sábado. La representante de la ONU subrayó que el ataque no solo causó víctimas entre la población civil, sino que golpeó un espacio destinado a proteger a personas que habían abandonado sus hogares para escapar de la violencia.

Víctimas en un refugio para quienes huían de la guerra

El gobernador de Wad al Mahi, Mahjub al Sheij, declaró el viernes a la televisión estatal sudanesa que el dron pertenecía a las FAR y que tenía como objetivo un albergue para desplazados. Según su recuento, murieron 26 mujeres y cuatro niños. La información difundida por la ONU situó inicialmente el balance en al menos 24 mujeres y cuatro menores, una diferencia que refleja la dificultad de verificar las cifras en una zona sometida a enfrentamientos y con acceso humanitario limitado.

Al Sheij calificó la agresión de “cobarde”, mientras que el Gobierno local advirtió de que atacar instalaciones de acogida agrava una situación humanitaria ya extremadamente precaria. El centro albergaba a personas procedentes de Geissan y Kurmuk, localidades del Nilo Azul afectadas por las hostilidades entre el Ejército regular y las FAR. Para estos civiles, el desplazamiento no había significado el fin de la amenaza, sino el traslado de la violencia a un lugar que debía ofrecerles protección básica.

Brown recordó que los habitantes del refugio habían escapado de sus hogares a causa de los combates recientes. La ONU señaló que varias zonas del estado del Nilo Azul han sufrido ataques continuos durante las últimas semanas, provocando el desplazamiento de miles de civiles y exponiendo a muchos otros a la muerte, las lesiones y un deterioro todavía mayor de sus condiciones de vida.

Escalada en el Nilo Azul

El ataque se produjo en un momento de intensificación de las operaciones militares en el Nilo Azul. Las tropas gubernamentales han anunciado avances importantes en localidades próximas a la frontera con Etiopía, un área de valor estratégico por su posición fronteriza y por las rutas que conectan distintas zonas del conflicto. La disputa por esos territorios aumenta la presión sobre comunidades que ya afrontan interrupciones en el suministro de alimentos, dificultades de acceso a la atención sanitaria y desplazamientos repetidos.

La atribución del ataque a las FAR procede de las autoridades locales y no ha sido acompañada, en la información disponible, de una investigación independiente. La denuncia, sin embargo, plantea una cuestión central para la protección de la población civil: los albergues y centros de desplazados no dejan de estar amparados por el derecho internacional humanitario por encontrarse en áreas disputadas o cercanas a líneas de combate. Un ataque deliberado contra un refugio, o una acción ejecutada sin distinguir adecuadamente entre objetivos militares y civiles, podría constituir una violación grave de esas normas.

La exigencia de responsabilidades formulada por la ONU adquiere especial relevancia porque la impunidad ha sido una constante durante la guerra sudanesa. La falta de mecanismos eficaces para investigar los ataques reduce el coste político y judicial de nuevas agresiones, mientras las comunidades desplazadas quedan atrapadas entre la necesidad de buscar refugio y la posibilidad de que esos espacios también sean alcanzados.

Más de 14 millones de personas desplazadas

El conflicto entre las FAR y el Ejército regular comenzó el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha causado la muerte de decenas de miles de personas. Estados Unidos calcula que la cifra podría ascender a 150.000 fallecidos, mientras que Naciones Unidas estima en más de 14 millones el número de personas desplazadas dentro y fuera del país. La combinación de violencia, hambre, enfermedades y destrucción de servicios esenciales ha convertido a Sudán en el escenario de la peor crisis humanitaria y de desplazamiento del planeta, según la descripción de organismos internacionales.

La magnitud de esas cifras permite entender por qué el ataque de Wad Al Mahi no constituye un episodio aislado. Cada nueva ofensiva contra un refugio puede desencadenar desplazamientos adicionales, separar a familias y reducir aún más los espacios disponibles para la asistencia humanitaria. Cuando los civiles dejan de considerar seguros los albergues, la respuesta de emergencia pierde capacidad para organizar evacuaciones, distribuir ayuda y localizar a las personas más vulnerables.

Las autoridades de Wad al Mahi reclamaron a las organizaciones humanitarias y a la comunidad internacional que asuman sus responsabilidades en la protección de los desplazados. Brown insistió en que el derecho internacional humanitario es un marco jurídico vinculante que, cuando se respeta, protege tanto a los civiles como al personal humanitario y sanitario que los atiende. La condena de Naciones Unidas coloca ahora el foco en la necesidad de esclarecer el ataque, identificar a sus responsables y evitar que la población que huyó de la guerra vuelva a quedar expuesta a ella en los lugares destinados a salvarla.