La advertencia de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) sobre una iniciativa del Departamento de Defensa de Estados Unidos no describe únicamente una disputa administrativa entre una agencia federal y los medios de comunicación. El asunto de fondo es quién define los límites de la información pública y con qué controles. La propuesta permitiría al secretario de Defensa designar unilateralmente amplias categorías de información no clasificada como “información controlada no clasificada”, conocida por sus siglas en inglés como CUI. Una vez etiquetados de ese modo, esos documentos podrían quedar fuera de las obligaciones de divulgación previstas por las normas estatales de acceso a registros públicos y por la Ley de Libertad de Información, FOIA.

La SIP sostiene que, si el Congreso aprobara el cambio, el Gobierno podría bloquear el acceso público a una cantidad significativa de información que hoy debe ser revelada. El riesgo no reside solamente en que algunos expedientes permanezcan reservados, sino en que el concepto de información controlada no clasificada se convierta en una categoría tan amplia que permita ocultar datos por decisión política o administrativa, sin necesidad de demostrar que su publicación amenaza realmente la seguridad nacional.

El punto decisivo no es el secreto, sino quién decide qué debe permanecer oculto

La distinción entre información clasificada y no clasificada es central para entender la controversia. Los documentos clasificados están sujetos a procedimientos formales, niveles de protección y controles específicos porque contienen información cuya divulgación puede perjudicar la defensa o la seguridad del país. La categoría CUI, en cambio, se refiere a información que no alcanza necesariamente el umbral del secreto formal, pero cuyo tratamiento puede estar sujeto a restricciones por razones legales, operativas o de protección institucional.

El problema aparece cuando una herramienta concebida para manejar información sensible se utiliza como una excepción general a la transparencia. Si la autoridad que dirige el Departamento de Defensa puede decidir qué información no clasificada queda excluida de la divulgación, el debate deja de girar únicamente en torno a la seguridad y pasa a incluir la discrecionalidad. La misma oficina que produce o administra los documentos tendría un poder ampliado para determinar si el público puede examinarlos.

La crítica de la SIP se apoya precisamente en esa posibilidad. La organización advierte que cualquier información que el Gobierno no quiera divulgar podría ser designada como CUI y mantenerse reservada. Aunque esa formulación expresa el escenario más extremo, señala una vulnerabilidad institucional concreta: cuanto más amplia sea la definición de una excepción, mayor será el margen para aplicarla de forma selectiva.

Una excepción administrativa puede convertirse en una barrera estructural

La primera consecuencia relevante afectaría al periodismo de investigación. Las redacciones que cubren defensa, contratación militar, operaciones exteriores, tecnologías de vigilancia y gestión presupuestaria dependen de registros públicos para reconstruir decisiones que no siempre aparecen en declaraciones oficiales. Los documentos obtenidos mediante FOIA permiten comparar contratos, identificar cambios de criterio, rastrear relaciones entre proveedores y funcionarios, y verificar si los resultados de un programa coinciden con los objetivos anunciados.

Si una parte sustancial de esos registros pudiera clasificarse como CUI después de la solicitud o antes de que los archivos fueran publicados, los periodistas enfrentarían un sistema menos predecible. No se trataría solamente de recibir más respuestas negativas. También aumentarían los retrasos, las revisiones internas y los litigios necesarios para determinar si la reserva está justificada. Para un medio pequeño, el coste de impugnar una decisión puede ser prohibitivo; para un gran periódico, el proceso puede prolongarse durante meses o años, cuando la relevancia de la noticia ya ha disminuido.

La segunda consecuencia recaería sobre las organizaciones de vigilancia pública, universidades y grupos especializados en derechos civiles. Estas entidades suelen analizar grandes volúmenes de documentos para encontrar patrones que no resultan visibles en una solicitud individual. Una base de datos parcialmente cerrada puede impedir estudios sobre gasto militar, discriminación, uso de tecnologías de reconocimiento, cumplimiento de normas ambientales o impacto de las operaciones de defensa en comunidades locales.

La tercera consecuencia sería menos visible, pero posiblemente más profunda: la reducción de la capacidad de los ciudadanos para evaluar la gestión de recursos públicos. El presupuesto de defensa representa una de las partidas más importantes del gasto federal. Cuando el acceso a los documentos disminuye, la fiscalización no desaparece formalmente, pero se vuelve más lenta, costosa y dependiente de filtraciones o de fuentes internas. La transparencia deja de ser una condición normal del control democrático y pasa a convertirse en una excepción disputada caso por caso.

La seguridad nacional ofrece una razón legítima, pero no un cheque en blanco

El Departamento de Defensa podría defender la propuesta con argumentos atendibles. La información no clasificada también puede revelar capacidades logísticas, vulnerabilidades técnicas, ubicaciones, procedimientos, identidades de personal o patrones operativos. En un entorno de competencia tecnológica y conflicto híbrido, un conjunto de datos aparentemente inocuos puede adquirir valor cuando se combina con otras fuentes. Desde esa perspectiva, limitar ciertos accesos podría proteger a militares, contratistas y sistemas críticos.

El dilema, sin embargo, no se resuelve afirmando que toda divulgación entraña un riesgo. La pregunta jurídica y política es si la restricción está definida de forma precisa, si existe una revisión independiente y si la autoridad debe explicar por qué un documento concreto no puede hacerse público. Una excepción amplia permite confundir el riesgo operativo con la incomodidad institucional. Un informe que revele una vulnerabilidad técnica merece una protección distinta de un documento que exponga un sobrecoste, una deficiencia de gestión o una decisión controvertida.

También debe distinguirse entre proteger información sensible y proteger la reputación de una institución. En las administraciones públicas, ambas preocupaciones pueden mezclarse con facilidad. La primera está relacionada con la seguridad; la segunda, con la responsabilidad política. Si no existen criterios objetivos, la reserva puede terminar favoreciendo a la organización que decide sobre ella, especialmente cuando el Congreso, los tribunales y la prensa necesitan información para cuestionar su actuación.

El diseño de los controles será, por tanto, más importante que la etiqueta CUI. Una norma equilibrada tendría que establecer categorías concretas, límites temporales, obligaciones de justificación, revisiones periódicas y mecanismos de apelación. También debería impedir que la designación se aplique retroactivamente para bloquear solicitudes ya presentadas o para ocultar información que no contiene datos operativos sensibles.

El Congreso queda ante una decisión de arquitectura institucional

La intervención del Congreso será determinante porque el cambio no solo afectaría a la práctica interna del Pentágono. Modificaría el equilibrio entre el Ejecutivo, el Legislativo, los medios y la sociedad civil en materia de información pública. Los legisladores que apoyen la iniciativa tendrán que demostrar que las reglas existentes son insuficientes y precisar qué amenazas no pueden gestionarse mediante las excepciones ya disponibles en las leyes de acceso.

Los parlamentarios críticos, por su parte, no podrán limitarse a defender una transparencia absoluta. La protección de determinados datos militares es una obligación real, y negar esa necesidad debilitaría la credibilidad de cualquier oposición. El debate más sólido será el que exija una relación verificable entre la información que se pretende reservar y el daño concreto que provocaría su divulgación.

Una posible salida sería mantener la competencia técnica del Departamento de Defensa para identificar información sensible, pero trasladar las decisiones más controvertidas a un órgano de revisión independiente. Otra consistiría en imponer una cláusula de caducidad: toda designación CUI debería revisarse después de un periodo determinado y perder vigencia si la agencia no justifica su continuidad. También podría exigirse la publicación de versiones parcialmente redactadas, para que la protección de un dato específico no implique ocultar un expediente completo.

Estas salvaguardas no eliminarían el conflicto, pero reducirían el riesgo de que una autoridad concentre en sus manos la producción de la información, su clasificación administrativa y la decisión final sobre su divulgación. La concentración de esas tres funciones es precisamente lo que convierte una medida de protección en un problema de rendición de cuentas.

La experiencia de la prensa muestra que el acceso ya es una carrera de resistencia

La discusión ocurre en un contexto en el que las solicitudes de información pública suelen enfrentar demoras, respuestas incompletas y disputas sobre las excepciones aplicables. Para las redacciones, el acceso a registros no es un procedimiento aislado, sino una cadena de trabajo: se presenta la solicitud, se espera la respuesta, se revisan las tachaduras, se pide una reconsideración y, en algunos casos, se recurre a los tribunales.

Cada nuevo nivel de reserva añade fricción a esa cadena. El efecto acumulado puede medirse no solo por el número de documentos retenidos, sino por las investigaciones que dejan de iniciarse. Un equipo periodístico que sabe que necesitará años para obtener registros sensibles puede escoger otro tema. Una universidad puede abandonar un proyecto comparativo. Una organización comunitaria puede carecer de recursos para disputar una negativa. La censura institucional no siempre se manifiesta como una prohibición expresa; a veces opera elevando el coste del acceso hasta volverlo impracticable.

El periodismo local sería particularmente vulnerable. Las grandes organizaciones pueden contar con abogados y especialistas en solicitudes públicas, mientras que los medios regionales suelen trabajar con equipos reducidos y presupuestos limitados. Sin embargo, muchas decisiones militares tienen impactos locales: contratos, instalaciones, contaminación, empleo, adquisición de terrenos y relación con autoridades municipales. Si el nuevo régimen restringe documentos de manera amplia, las comunidades cercanas a bases y centros de producción pueden perder una herramienta esencial para conocer qué ocurre en su propio entorno.

El riesgo futuro: una expansión gradual de las zonas opacas

La evolución más probable, si la propuesta avanza sin límites precisos, no sería un cierre inmediato de todos los archivos. El escenario más plausible es una expansión gradual. Primero se reservarían documentos relacionados con operaciones concretas; después, memorandos de planificación, evaluaciones de proveedores, datos presupuestarios o comunicaciones internas. Con el tiempo, los funcionarios podrían adoptar una interpretación cada vez más amplia por temor a incumplir las nuevas reglas.

Ese fenómeno produce un efecto de autocensura burocrática. Cuando el coste de divulgar un documento parece mayor que el de retenerlo, las oficinas tienden a optar por la reserva, aunque la información no revele un peligro significativo. El resultado es una administración menos transparente sin que sea necesario emitir una orden explícita de ocultamiento. La práctica diaria termina ampliando el alcance de la norma más allá de su propósito inicial.

También existe un riesgo de precedente. Si el Departamento de Defensa obtiene una facultad amplia para restringir información no clasificada, otras agencias podrían reclamar poderes similares alegando que gestionan datos sensibles. La fragmentación de los criterios de acceso dificultaría que ciudadanos, periodistas y jueces supieran qué reglas se aplican a cada documento. El principio de publicidad quedaría subordinado a la interpretación de cada organismo.

En el plano internacional, una erosión de la transparencia estadounidense tendría efectos sobre la credibilidad de Washington cuando reclama a otros gobiernos que permitan la fiscalización de sus fuerzas armadas y sus presupuestos de seguridad. La libertad de prensa no se evalúa únicamente por la ausencia de censura directa; también depende de que los medios puedan obtener información verificable sobre el poder público. Una política que cierre los registros sin controles robustos puede debilitar esa autoridad moral y diplomática.

La disputa definirá cuánto poder conserva la sociedad sobre la defensa

La propuesta plantea una tensión difícil de resolver: las democracias necesitan proteger información militar verdaderamente sensible, pero también necesitan que las decisiones de defensa puedan ser examinadas por quienes financian, legislan y sufren las consecuencias de esas decisiones. La solución no pasa por elegir entre seguridad y transparencia como si fueran valores incompatibles. Pasa por demostrar, documento por documento, cuándo la primera exige limitar la segunda.

La SIP ha identificado un punto de inflexión porque la facultad propuesta alteraría el método de control, no solo el volumen de información disponible. Una reserva basada en criterios claros puede ser discutida y revisada. Una reserva dependiente de la voluntad unilateral del secretario de Defensa corre el riesgo de convertirse en una prerrogativa difícil de impugnar. La diferencia entre ambas fórmulas determina si la CUI será una herramienta técnica de protección o una nueva frontera de opacidad.

El debate legislativo debería concentrarse en esa diferencia. Sin definiciones estrechas, límites temporales, explicaciones públicas y revisión independiente, la promesa de proteger datos delicados puede terminar debilitando la capacidad de la prensa y de la ciudadanía para controlar al aparato de defensa. El futuro de la transparencia no dependerá solo de cuántos documentos se publiquen, sino de si el Gobierno está obligado a justificar, ante una instancia externa, cada decisión de mantenerlos fuera del alcance público.