Desde que Emmanuel Macron llegó al Elíseo en 2017, Francia ha vivido una sucesión de movilizaciones que, aunque nacieron por motivos distintos, han terminado formando una misma pregunta política: ¿hasta dónde puede gobernar el presidente sin reconstruir el vínculo con una sociedad cada vez más desconfiada? La nueva ola de protestas estudiantiles y sociales, activa desde septiembre, vuelve a colocar esa cuestión en el centro del debate.

Una nueva generación entra en escena

El movimiento actual combina demandas estudiantiles, rechazo a las decisiones del Gobierno y un malestar social que desborda los campus. Sus participantes cuestionan las prioridades del Ejecutivo, denuncian el deterioro de las condiciones de vida y reclaman una mayor capacidad de participación en las decisiones públicas. La amplitud del movimiento todavía está en evolución, pero su aparición confirma que la conflictividad contra Macron no pertenece a un solo sector ni responde a una única medida.

La movilización estudiantil tiene, además, un significado propio. Las generaciones más jóvenes han conocido la precariedad, la crisis sanitaria, la inflación y un mercado laboral incierto como experiencias formativas. Para ellas, la política presidencial no se evalúa únicamente por sus resultados económicos, sino también por la sensación de seguridad social, igualdad de oportunidades y futuro disponible. Cuando esas expectativas se debilitan, las universidades y los espacios educativos se convierten en lugares de organización y expresión colectiva.

El precedente de los chalecos amarillos

El primer gran quiebre llegó en 2018 con los chalecos amarillos. Lo que comenzó como una protesta contra el aumento de los impuestos sobre los carburantes se transformó rápidamente en una rebelión contra el coste de la vida, la desigualdad territorial y la percepción de que el poder tomaba decisiones desde París sin escuchar a las zonas periféricas. Las rotondas ocupadas y las manifestaciones semanales revelaron una fractura que no podía explicarse solo por el precio de la gasolina.

La respuesta del Gobierno incluyó medidas económicas y un gran debate nacional, pero el episodio dejó una huella duradera. Macron quedó asociado a una forma de ejercer el poder considerada vertical y tecnocrática por sus críticos. Desde entonces, cada nueva reforma ha sido interpretada no solo por su contenido, sino también a través de la confianza acumulada o perdida durante aquella crisis.

Cuando una reforma se convierte en una cuestión de legitimidad

La reforma de las pensiones profundizó esa desconfianza. El aumento de la edad legal de jubilación provocó movilizaciones masivas porque afectaba a un horizonte vital compartido: el momento en que los trabajadores podrían abandonar el mercado laboral y las condiciones en que lo harían. Para el Ejecutivo, la medida respondía a la sostenibilidad financiera del sistema; para los sindicatos y numerosos ciudadanos, trasladaba el coste del ajuste a quienes tienen empleos más duros y menos margen económico.

El conflicto mostró un patrón que se repetiría después: el Gobierno defendía la necesidad técnica de actuar, mientras sus adversarios cuestionaban la legitimidad política del procedimiento y la distribución de los sacrificios. La discusión dejó de ser únicamente sobre las pensiones. Pasó a tratar sobre quién define las urgencias nacionales y quién soporta sus consecuencias.

De la calle social al descontento territorial

Los disturbios de 2023 añadieron otra dimensión. Tras la muerte de un adolescente durante un control policial, varias ciudades vivieron noches de violencia y fuertes daños materiales. El episodio expuso la tensión entre los jóvenes de barrios populares, las instituciones del Estado y una policía que sus detractores consideran insuficientemente controlada. Aunque el Gobierno respondió desde la seguridad y el orden público, las causas sociales y territoriales del estallido siguieron abiertas.

Ese mismo año y posteriormente, las movilizaciones de agricultores expresaron un malestar diferente, vinculado a los ingresos, la burocracia, las normas medioambientales y la competencia exterior. La protesta rural demostró que la oposición a Macron no se limita a los sectores urbanos organizados. También alcanza a colectivos que se sienten atrapados entre las exigencias del mercado, la transición ecológica y las decisiones adoptadas en Bruselas o en París.

El problema que une protestas distintas

Chalecos amarillos, sindicatos, jóvenes de barrios populares, agricultores y estudiantes no comparten necesariamente programa ni lenguaje político. Incluso pueden defender intereses contradictorios. Sin embargo, sus conflictos convergen en una percepción: las instituciones escuchan tarde, responden de forma parcial y piden esfuerzos sin ofrecer una visión convincente de justicia social.

Ese es el desafío más profundo para Macron. La estabilidad de un Gobierno no depende solo de aprobar leyes o contener una protesta concreta. También depende de conservar una reserva de confianza que permita afrontar la siguiente crisis. La sucesión de movilizaciones indica que esa reserva se ha reducido. Cada nuevo frente hereda parte de la frustración del anterior y convierte la gestión presidencial en una prueba permanente de legitimidad.

La protesta estudiantil puede, por ello, marcar una nueva etapa. Si queda limitada a reivindicaciones universitarias, su impacto será sectorial. Si logra conectar con el coste de la vida, el empleo, la desigualdad territorial y la crisis de representación, podría articular un malestar más amplio. El futuro político de Macron no se decidirá únicamente en las calles, pero lo que ocurra en ellas seguirá revelando la distancia entre las decisiones del poder y la experiencia cotidiana de una parte creciente de la sociedad francesa.