La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, encabezó en Palacio de Gobierno la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde autoridades de distintos niveles revisaron los operativos de seguridad. El dato central presentado fue una disminución de 27 por ciento en los homicidios dolosos entre enero y octubre de 2025 y el mismo periodo de 2026. En Ciudad Juárez, la reducción reportada alcanzó 45 por ciento. Las cifras apuntan a una mejora relevante, aunque por sí solas no permiten determinar cuánto corresponde a los operativos, qué factores adicionales influyeron ni si la tendencia se mantendrá.

Una señal favorable que exige seguimiento

Si la baja se confirma con registros comparables y sostenidos, podría reducir la presión sobre familias, servicios de emergencia y comunidades expuestas a la violencia. También puede favorecer la actividad económica y la percepción de seguridad, en particular en Juárez, donde la magnitud de la caída reportada sería significativa. Sin embargo, homicidio doloso es un indicador específico: no describe por completo la incidencia de otros delitos, la cifra no denunciada ni las diferencias entre zonas y grupos de población.

La comparación interanual ofrece una referencia útil, pero la información difundida no precisa los números absolutos, la distribución mensual ni el método de cálculo. Sin esos elementos, resulta difícil evaluar la variación estadística y distinguir una tendencia estable de cambios concentrados en ciertos periodos. Para dimensionar el avance, será importante conocer series periódicas, criterios homogéneos y datos desglosados por municipio.

Coordinación amplia, responsabilidades verificables

La reunión congregó a la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, policías municipales y representantes federales. Esa participación puede mejorar el intercambio de información y evitar que las acciones de una institución contradigan o dupliquen las de otra. La coordinación también permite articular prevención, investigación y despliegue territorial, capacidades que difícilmente producen resultados sostenidos cuando operan de manera aislada.

Pero una mesa interinstitucional no garantiza por sí misma una estrategia eficaz. La multiplicidad de participantes puede volver menos clara la asignación de responsabilidades si no se publican objetivos, plazos y resultados atribuibles a cada organismo. La continuidad dependerá de que los acuerdos se traduzcan en decisiones operativas y de que existan mecanismos para corregir las acciones que no produzcan mejoras o generen efectos adversos.

Actividad ministerial y capacidad de respuesta

El encargado de despacho de la Fiscalía, Gilberto Loya, informó que del 5 al 12 de octubre se ejecutaron 141 órdenes de aprehensión, hubo 48 detenciones en flagrancia, se judicializaron 94 carpetas, se dictaron 40 sentencias condenatorias y se resolvieron 232 expedientes. Estas cifras muestran un volumen de actividad institucional y pueden reflejar avances en la tramitación de casos. No obstante, miden procesos distintos y no deben interpretarse automáticamente como prueba de una reducción del delito o de mayor acceso a la justicia.

La ejecución de órdenes y las detenciones pueden contribuir a interrumpir dinámicas criminales, pero su efecto depende de la calidad de las investigaciones, el respeto al debido proceso y la capacidad judicial para resolver los asuntos. Las sentencias y expedientes concluidos requieren contexto: la información difundida no especifica su complejidad, antigüedad, resultado desglosado ni relación con delitos violentos. El riesgo de privilegiar el volumen es que los indicadores de actividad desplacen la atención de la solidez probatoria, la atención a víctimas y la prevención.

El desafío es sostener la baja sin desplazar el problema

Las autoridades plantearon continuar con prevención focalizada, inteligencia criminal, intervención territorial y fortalecimiento de la investigación ministerial. La combinación es pertinente porque una política centrada solo en detenciones puede contener episodios inmediatos, pero difícilmente atiende las condiciones que permiten la reincidencia o la expansión de redes delictivas. A la vez, la intervención territorial debe ajustarse a las necesidades locales y someterse a controles para evitar abusos, afectaciones a derechos o pérdida de confianza comunitaria.

También existe incertidumbre sobre la distribución geográfica de la reducción y la evolución de otros delitos. Una caída agregada puede coexistir con focos de violencia persistente o desplazarse entre municipios y modalidades criminales. Por ello, además de los homicidios, el seguimiento debería considerar denuncias, esclarecimiento de casos, protección a víctimas y percepción ciudadana, con datos desglosados y comparables.

La reducción reportada ofrece una oportunidad para consolidar capacidades y hacer más transparente la evaluación pública, no una garantía de que la violencia haya quedado bajo control. Su valor dependerá de que los resultados se mantengan, de que las instituciones expliquen cómo los obtienen y de que la seguridad mejore sin debilitar las garantías legales ni dejar desatendidas otras formas de victimización.