El Ministerio de Salud Pública de Cuba ordenó suspender en todo el país la venta de Shaka y de otras 14 bebidas energizantes con alcohol, una medida motivada por los riesgos asociados a la combinación de vodka con estimulantes como la cafeína y la taurina. La instrucción dispone retener los productos para su posterior decomiso y destrucción, aunque permite a sus propietarios reexportarlos con autorización sanitaria.

La orden consta en una comunicación interna fechada el 20 de octubre y dirigida a los inspectores sanitarios estatales. El documento, firmado por la doctora Mayra Martí Pérez, jefa del Departamento de Higiene de los Alimentos y Nutrición, establece que las inspecciones deberán realizarse de manera coordinada con las direcciones de Comercio y los gobiernos locales, mediante un procedimiento común para todas las provincias.

Un listado de 15 marcas y una prohibición más amplia

El anexo de la disposición identifica las bebidas detectadas hasta ahora en el comercio cubano: Shaka Mixer, Pardus, Havik, Eko Mix, Ener Drink Evolution, Duclos, Imperator, Rocafer, Royal Blue, Black Fide, Cachaca, 5 SHOT, Chacal, Vod-K y Tigris Alco. Sin embargo, el propio documento advierte que podrían existir otras marcas con contenido alcohólico, por lo que la actuación de los inspectores no se limitará necesariamente a esa relación.

La revisión abarcará establecimientos de venta y consumo, así como almacenes de empresas importadoras. Las mercancías retenidas quedarán inicialmente bajo custodia de sus propietarios, pero no podrán venderse, consumirse ni trasladarse sin autorización sanitaria. En cada acta deberán constar el tipo de producto y las cantidades intervenidas.

Una comisión integrada por representantes de Salud Pública, Comercio Interior, la Inspección Estatal y la Oficina Nacional de Administración Tributaria certificará el decomiso y la destrucción. Además, los inspectores deberán informar cada jueves sobre los negocios visitados y las cantidades retenidas. La resolución invocada como fundamento es la 215 del Ministerio de Salud Pública.

La medida se aplica de forma irregular en La Habana

A pesar de la orden nacional, varios comercios de La Habana continuaban vendiendo Shaka después de su emisión. En la calle Amenidad, en el municipio de El Cerro, un comprador adquirió una lata por 900 pesos sin encontrar impedimentos. En la calle Ayestarán, otros dos establecimientos la ofrecían a 950 pesos.

Un recorrido por cuatro negocios de Regla y Guanabacoa mostró que tres mantenían existencias. En Regla, un comerciante tenía cinco latas a 850 pesos y dijo que pensaba esconderlas debajo del mostrador para recuperar el dinero invertido. En La Cuevita, las unidades se encontraban a poco más de 600 pesos. Dependientes de otros comercios afirmaron desconocer la nueva prohibición, mientras que solo dos o tres locales visitados no tenían el producto disponible.

Estas diferencias sugieren que la entrada en vigor de la medida depende, al menos inicialmente, de la capacidad de cada municipio para notificar a los vendedores y desplegar inspecciones. También dejan abierta la posibilidad de que las existencias se desplacen hacia canales informales, donde el control sanitario resulta más difícil y los precios pueden aumentar.

Primeras actuaciones en Mayabeque y Matanzas

La aplicación comenzó a documentarse en Mayabeque. En San Nicolás de Bari, el Consejo de la Administración Municipal anunció la creación de un grupo de inspectores para recorrer negocios privados y almacenes. La advertencia incluye multas, decomisos y posibles consecuencias penales para quienes continúen vendiendo las bebidas 24 horas después de haber sido notificados.

En Güines también se reportaron controles en establecimientos comerciales, con la participación de inspectores y funcionarios de Salud Pública. Entre las autoridades mencionadas figuran la viceintendenta municipal Damaris Gómez y la directora de Higiene y Epidemiología, Lisandra Estanquero Ortega.

En Santa Marta, Matanzas, personal de Salud Pública retiró Shaka de algunos quioscos. El comunicador local que informó sobre la actuación aclaró que el retiro de la bebida y el de la sal de nitro respondían a motivos diferentes. Otros reportes atribuyeron la medida a los problemas de salud observados en personas que consumen varias latas.

Antecedentes sanitarios y cuestionamientos al control de importaciones

Las advertencias sobre Shaka se intensificaron después de que cinco jóvenes de entre 18 y 22 años fueran atendidos en agosto por intoxicación en el Hospital Provincial Camilo Cienfuegos, de Sancti Spíritus. Una de las pacientes, que había consumido dos latas, llegó inconsciente y necesitó ventilación mecánica. El episodio aportó un antecedente clínico concreto a las preocupaciones sobre el producto, aunque la información disponible no permite establecer por sí sola el alcance total del riesgo para todos los consumidores.

La bebida, fabricada por la empresa española Venerable Capital S.L., contiene un 18% de alcohol y vitaminas del grupo B. En septiembre, 14ymedio informó que no podía comercializarse en España por su composición. El Reglamento europeo 1925/2006 prohíbe añadir vitaminas a bebidas cuya graduación alcohólica supera el 1,2%. Un empleado de la compañía afirmó entonces que la empresa produce y distribuye Shaka, pero no la vende en España, sino que la envía al exterior.

La referencia europea no determina automáticamente la legalidad del producto en Cuba, cuyo marco regulatorio es distinto, pero sí explica parte del escrutinio internacional sobre su formulación. En el ámbito cubano, la decisión actual combina una preocupación sanitaria inmediata con una revisión de la cadena de importación y comercialización.

Vendedores reclaman claridad y responsabilidad

Los anuncios de decomiso provocaron críticas entre usuarios de redes sociales. Algunos cuestionaron que se retiren mercancías compradas antes de una notificación formal. “Primero me tienes que decir que no se puede vender y, si lo incumplo, me lo decomisas”, escribió un usuario. Otros señalaron que el principal control debería producirse en la Aduana y advirtieron de que los comerciantes podrían ocultar las latas o venderlas clandestinamente a precios más altos.

La controversia refleja un problema central de la medida: proteger a los consumidores requiere retirar productos potencialmente riesgosos, pero también establecer procedimientos transparentes sobre la responsabilidad de importadores y vendedores, la compensación o reexportación de existencias y la comunicación previa de las restricciones. Mientras las autoridades completan esos controles, la permanencia de Shaka y de otras bebidas similares en algunos puntos de venta mantiene abierta la exposición de los consumidores y dificulta medir el alcance real de la prohibición.