La Casa Blanca pidió el 13 de octubre la dimisión de Kimberly Guilfoyle como embajadora de Estados Unidos en Grecia, después de semanas de informaciones sobre presuntas conductas impropias. Donald Trump dijo que, aunque consideraba que Guilfoyle hacía un buen trabajo, la Administración no estaba satisfecha con lo publicado y haría un cambio. La decisión aparta a la diplomática de un puesto sensible, pero no constituye por sí misma una conclusión oficial sobre las acusaciones.

Una factura de 100.000 dólares y la promesa de acceso

Entre las denuncias más concretas, publicadas por The Wall Street Journal, figura una supuesta petición a un donante republicano para que pagara una factura de tarjeta de crédito de 100.000 dólares antes de la audiencia de confirmación de Guilfoyle en el Senado, en julio de 2025. Según el periódico, mensajes de texto sugerían que ella habría ofrecido facilitarle acceso a funcionarios de la Administración a cambio. Sus abogados niegan que hubiera una conducta indebida: sostienen que el dinero reclamado correspondía a servicios profesionales anteriores a su nominación, como conferencias y apariciones públicas que no habían sido pagadas.

La diferencia entre ambas versiones es central. No se trata solo de determinar si existía una deuda, sino de establecer si se vinculó un pago privado con el acceso a cargos públicos. De confirmarse esa relación, el caso plantearía dudas sobre los límites entre actividad profesional, recaudación política y ejercicio de una función diplomática. Por ahora, las informaciones no equivalen a una resolución que confirme los hechos.

La presión sobre Atenas amplificó la controversia

Las acusaciones también afectan a la manera en que Guilfoyle habría descrito la influencia de Washington sobre sus aliados. Informaciones periodísticas le atribuyeron comentarios sobre la capacidad estadounidense para debilitar al Gobierno griego y referencias a la presión de la Administración Trump en la caída del Gobierno rumano. Además, se informó de que habría promovido intereses comerciales de una empresa griega y permitido que un representante asistiera a reuniones diplomáticas privadas.

Estas afirmaciones adquirieron relevancia por el contexto: Grecia es miembro de la OTAN y un socio estratégico para las operaciones estadounidenses en el Mediterráneo oriental. La diplomacia depende tanto de acuerdos formales como de la confianza entre gobiernos. Por ello, la percepción de que una embajadora podría amenazar al Ejecutivo anfitrión o mezclar su cargo con intereses empresariales podía causar un coste político incluso antes de que se aclarara la veracidad de cada denuncia.

Defensas y pesquisas aún sin desenlace

Guilfoyle rechazó las acusaciones en X y afirmó que defendería su nombre y su integridad. Sus abogados también negaron irregularidades en los viajes privados atribuidos a la embajadora y dijeron que había solicitado orientación al Departamento de Estado y seguido sus normas. Un funcionario estadounidense citado por AP indicó que el organismo examinaba las denuncias, aunque no precisó si se había abierto una investigación formal. El Departamento de Estado declinó comentar una posible intervención de su inspector general.

En el Congreso, varios demócratas de los comités de Asuntos Exteriores y Supervisión reclamaron una investigación. En Grecia, la oposición pidió explicaciones, mientras el ministro de Exteriores afirmó que no había sido necesario convocar oficialmente a la embajadora. La salida deja así dos planos distintos: el coste político que llevó a la Casa Blanca a actuar y la responsabilidad individual, que solo podrá establecerse mediante una revisión de las pruebas. La primera ya tuvo consecuencias; la segunda sigue pendiente.