Marina del Pilar Ávila dejó de aparecer como socia de Vida Orgánica Tijuana, empresa que opera como Vive Orgánico, después de que una rectificación fuera inscrita el 10 de septiembre de 2026. Diecinueve días más tarde, el 29 de septiembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) anunció sanciones contra 25 empresas vinculadas, según el Tesoro estadounidense, con una red asociada al Cártel de Sinaloa y a Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”.

La secuencia de fechas sitúa el cambio societario en el centro de las preguntas sobre la empresa y sus vínculos, aunque por sí sola no prueba que la modificación se hiciera para anticipar las sanciones. El acta notarial que documentó la salida de Ávila está fechada el 3 de mayo de 2023; la inscripción pública, en cambio, se completó más de tres años después, mediante un trámite descrito como “rectificación por error material”.

Una corrección tardía cambió la composición societaria

Vida Orgánica Tijuana se constituyó el 9 de noviembre de 2020, cuando Ávila era alcaldesa de Mexicali. Su capital inicial fue de 100.000 pesos y se distribuyó entre siete socios. La entonces funcionaria y su esposo, Carlos Torres Torres, aportaron 15.000 pesos cada uno. El hermano de Torres, Luis Alfonso Torres Torres, participó también en la empresa y asumió la gerencia general.

La documentación registral indica que Ávila cedió sus acciones en 2023. Sin embargo, la corrección asentada en septiembre de 2026 fue la que hizo desaparecer su nombre del listado y elevó la participación de Carlos Torres de 15.000 a 30.000 pesos, equivalente al 30% de la sociedad. El expediente atribuye el retraso a una omisión involuntaria al registrar los acuerdos de los socios. La sociedad quedó integrada por seis personas.

La diferencia entre la fecha del instrumento notarial y la de su inscripción importa porque el registro mercantil es la referencia pública para conocer quiénes figuran como socios. La rectificación permite reconstruir el cambio formal, pero la información disponible no explica por qué la omisión permaneció sin corregirse durante más de tres años ni por qué se subsanó pocas semanas antes del anuncio de la OFAC. Esas fechas justifican preguntas sobre el trámite; no bastan para establecer una intención.

El negocio y la sanción estadounidense

Vive Orgánico funciona como mercado de productos naturales en el bulevar de Las Américas, en Tijuana. Comercializa, entre otros productos, jugos prensados, kombucha, carnes orgánicas, mariscos y alimentos para dietas veganas o sin gluten. Tras conocerse las sanciones, Torres reconoció que posee el 30% de la empresa y afirmó que sus ventas mensuales promedio ascienden a 570.000 pesos. También dijo que iniciará gestiones ante las autoridades estadounidenses para aclarar su situación.

Torres atribuyó su inclusión a una denuncia anónima presentada ante la Fiscalía General de la República en 2025 y sostuvo que no ha sido citado a comparecer. La OFAC, por su parte, ubicó a su exesposo dentro de un esquema de narcocorrupción asociado a Los Rusos, facción de Los Mayos que opera en Mexicali bajo el mando de Juan José Ponce Félix, “El Ruso”. El comunicado también señala a Luis Alfonso Torres como responsable de lavar sobornos mediante empresas y campañas políticas.

Estas son atribuciones de las autoridades estadounidenses, no una conclusión judicial descrita en la información disponible. La sanción administrativa de la OFAC puede imponer restricciones sobre activos y transacciones bajo jurisdicción estadounidense, pero no equivale por sí misma a una condena penal. La distinción es relevante para evaluar tanto el alcance de la medida como las respuestas de las personas señaladas.

La respuesta de la gobernadora y los antecedentes

El Gobierno de Baja California afirmó que Ávila está legalmente divorciada de Torres y que el único interés que comparte con él es el bienestar de su hijo. El comunicado sostuvo que la gobernadora no figura entre las personas sancionadas, que no tiene cuentas ni inmuebles en el extranjero y que declara su patrimonio ante autoridades mexicanas. No mencionó a Vida Orgánica ni explicó la rectificación registral. Además, Ávila instruyó revisar si las empresas señaladas contrataron con el Gobierno estatal y remitir los expedientes pertinentes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Ante la prensa, la mandataria negó que su administración hubiera protegido a personas sancionadas y dijo que no sería “vocera” de la situación de su exesposo. También afirmó haber resistido años de difamaciones. Su postura separa formalmente su situación personal de las sanciones contra Torres, pero no resuelve las dudas sobre la cronología societaria: para eso se necesitan documentos y explicaciones sobre la presentación tardía de la corrección.

El episodio se produce tras otros antecedentes que ya habían puesto a Ávila bajo escrutinio. En mayo de 2025, Estados Unidos revocó las visas de turista de la gobernadora y de Torres, sin publicar los motivos. En junio y julio de 2026 se difundieron grabaciones en las que se escucha a Ávila hablar con personas que se identificaron como asesores externos del FBI sobre posibles sanciones y cargos. La gobernadora reconoció que las voces eran suyas y describió las conversaciones como una “emboscada psicológica” que atribuyó al exgobernador Jaime Bonilla.

Qué queda por aclarar

La cuestión central no es únicamente quién aparece hoy en el registro, sino cuándo y cómo se formalizaron los cambios de participación, y si las empresas vinculadas a los señalados tuvieron contratos públicos. La revisión anunciada por el Gobierno estatal podría aportar información sobre ese último punto; la rectificación mercantil y las declaraciones de Torres ofrecen piezas parciales sobre el primero.

Por ahora, la proximidad entre la inscripción y las sanciones es un dato verificable, mientras que cualquier vínculo causal entre ambas necesita pruebas adicionales. La transparencia de los documentos societarios, la explicación del retraso y el alcance de las investigaciones oficiales serán determinantes para separar una coincidencia temporal de una conducta deliberada y para establecer responsabilidades individuales sin confundirlas con las de la empresa.