Una casona neoclásica rodeada de jardines tropicales dentro del Batallón Paraíso, en Barranquilla, se ha convertido en uno de los símbolos más discutidos del gobierno de Abelardo de la Espriella. El edificio, remodelado para funcionar como sede presidencial, representa la apuesta del mandatario por acercar el poder a las regiones y reforzar su vínculo con las fuerzas de seguridad. Pero también concentra las críticas de quienes consideran que se trata de una puesta en escena costosa en un momento de restricciones fiscales y violencia persistente.

La construcción, levantada en 1938, permanece dentro de un complejo militar de más de 50.000 metros cuadrados cerrado al público. Desde las calles cercanas apenas puede distinguirse la casona de columnas blancas, a la que sus detractores han bautizado como la “Casa Blanca de Temu”, en alusión a su parecido con la residencia presidencial estadounidense y a la plataforma china conocida por sus productos de bajo precio. En la entrada, un letrero resume la identidad institucional del lugar: “Presidencia de la República. Libertad y orden”.

Una promesa regional con una factura discutida

La adecuación de la sede tomó cerca de un mes y tuvo un costo estimado de 647.000 dólares, según la Gobernación del Atlántico, con participación de recursos públicos y privados. La Presidencia no respondió a la solicitud de información de la AFP sobre el funcionamiento del complejo, sus gastos operativos ni la frecuencia con que será utilizado. Esa falta de detalles ha ampliado las dudas sobre el alcance real del proyecto y sobre los costos asociados al traslado de funcionarios, escoltas, equipos técnicos y aeronaves.

El gobierno sostiene que la sede encarna dos compromisos políticos: gobernar desde distintas zonas del país y mantener una relación estrecha con las instituciones de seguridad. La elección de Barranquilla no es casual. Allí se encuentra la mansión familiar del presidente y una ciudad que, aunque es uno de los principales centros económicos y portuarios de Colombia, ha tenido menos peso en la toma cotidiana de decisiones que Bogotá. De la Espriella ha anunciado además la creación de sedes presidenciales en Medellín y Cali.

El Caribe recibe visibilidad, pero no necesariamente poder

En los barrios y comercios del centro de Barranquilla, la iniciativa despierta reacciones ambivalentes. Darlys Patricia Guerrero, vendedora ambulante de 40 años, considera positivo que el presidente tenga una sede en la costa, aunque reconoce que nunca lo ha visto en los alrededores del batallón. Libardo Charris, comerciante de muebles, sostiene que las regiones alejadas de Bogotá han sido olvidadas durante décadas. Para Gabriel Sánchez, propietario de una tienda, la presencia presidencial hace que el Caribe sea “más visto”.

Estas opiniones reflejan una demanda regional que precede al actual gobierno: mayor inversión, más atención institucional y decisiones públicas adaptadas a las necesidades locales. Sin embargo, la visibilidad presidencial no equivale por sí sola a descentralización. La oposición argumenta que trasladar temporalmente el despacho no modifica la concentración administrativa, presupuestaria y política en la capital. Para que el cambio sea estructural, dicen sus críticos, deberían transferirse competencias, recursos y capacidad de decisión a las regiones.

Una sede diseñada también para comunicar

La casona ha servido para recibir a figuras internacionales, entre ellas el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio y la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández. También se ha integrado a la narrativa visual del mandatario, que suele aparecer con ropa táctica, gafas oscuras y gorra, rodeado de militares o desplazándose en caravanas de vehículos blindados y helicópteros. La puesta en escena coincide con su perfil político: mano dura contra el crimen, defensa de valores tradicionales y promesas de austeridad.

En ese contexto, la sede funciona simultáneamente como oficina, punto de seguridad y escenario político. El complejo cuenta con un búnker subterráneo destinado al presidente y a su cúpula política y militar en caso de crisis. Esa infraestructura puede justificarse por razones de protección, especialmente en un país marcado por grupos armados y ataques contra autoridades. Pero su exhibición pública también fortalece la imagen de un gobierno que busca asociar autoridad, disciplina militar y control territorial.

El costo político de gobernar desde la periferia

La controversia no se limita al precio de la remodelación. La oposición advierte que mantener una sede operativa fuera de Bogotá puede generar cientos de desplazamientos aéreos y gastos adicionales precisamente cuando el Estado enfrenta una profunda crisis fiscal. El interrogante central es si la nueva ubicación produce resultados administrativos verificables o si sus beneficios son principalmente simbólicos.

Edwin Capaz Lectamo, representante de un movimiento indígena del Cauca que mantiene tensiones con el gobierno, afirma que existen “dos gobiernos”: el que se muestra ante las cámaras y el que las comunidades encuentran en los territorios. Su crítica apunta a una contradicción de fondo. La presencia presidencial puede aumentar la exposición pública de una región, pero no necesariamente resuelve el abandono, la estigmatización o los conflictos sociales que denuncian las comunidades.

Capital alterna: una posibilidad jurídica remota

Colombia ya ha tenido presidentes que ejercieron temporalmente desde otras ciudades, pero convertir Barranquilla en una capital alterna sería jurídicamente complejo. El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry considera que para establecer formalmente esa condición sería necesaria una reforma constitucional, que tendría que superar ocho debates en el Congreso. La sede actual, explica, no constituye una nueva capital: es un lugar donde el presidente puede permanecer algunos días y ejercer sus funciones.

La distinción es relevante porque limita el alcance institucional del proyecto. Mientras el gobierno puede presentarlo como una señal de descentralización y cercanía, su capacidad para alterar la arquitectura del Estado es reducida sin cambios legales y presupuestarios de mayor escala. Por ahora, Barranquilla representa sobre todo una extensión temporal del poder presidencial, no una redistribución permanente del poder nacional.

Un pulso antiguo bajo una imagen nueva

Más allá de los memes y de la comparación con la Casa Blanca, la sede reabre una disputa histórica entre el Caribe colombiano y Bogotá. En Barranquilla, algunos habitantes valoran la espontaneidad y la alegría de la costa frente al centralismo capitalino. El desafío para el gobierno será demostrar que esa identidad regional se traduce en políticas públicas duraderas y no únicamente en ceremonias, visitas oficiales y fotografías militares.

La discusión sobre la casona terminará midiendo algo más amplio que una obra de remodelación. Medirá si la descentralización puede convertirse en una política con recursos, competencias y resultados, o si quedará reducida a la movilidad del presidente y a una nueva imagen del poder. Mientras no se conozcan con precisión los costos de operación y los beneficios concretos para las regiones, la sede seguirá siendo, al mismo tiempo, promesa de cercanía y recordatorio de la distancia que aún separa al gobierno de los territorios.