La falta de zonas claramente señalizadas para el ascenso y descenso de pasajeros, las paradas realizadas fuera de los puntos autorizados y la conducta imprudente de algunos usuarios y conductores forman una cadena de riesgos que, de acuerdo con una carta ciudadana enviada desde Tijuana, contribuye a los atropellamientos y accidentes viales. El señalamiento coloca el problema en un terreno más amplio que la responsabilidad individual: la prevención también depende de la infraestructura, la supervisión y el cumplimiento de las reglas.

En el texto, Leopoldo Durán Ramírez sostiene que la responsabilidad suele ser tripartita. Primero, atribuye una parte a la ausencia o insuficiencia de señalización en los lugares donde deben detenerse taxis, calafias, vehículos de plataforma, unidades de servicio y transporte de personal. Segundo, cuestiona a los conductores que aceptan detenerse en cualquier punto cuando un pasajero les hace la señal. Tercero, advierte que quienes descienden del transporte pueden quedar expuestos al tráfico si no verifican las condiciones de la vía antes de bajar.

Una parada improvisada puede convertirse en una zona de peligro

El riesgo aumenta en avenidas de alta circulación, especialmente cuando el vehículo se detiene cerca de una esquina, detrás de un señalamiento de alto o en un punto donde la visibilidad queda obstruida. En esas circunstancias, el pasajero puede descender directamente hacia el flujo vehicular, mientras que otros automovilistas tienen poco tiempo para advertir su presencia. El llamado “punto ciego” no es únicamente un problema de percepción: también es consecuencia de una maniobra realizada en un sitio que no fue diseñado para recibir y desalojar pasajeros.

La carta describe una escena observada por el autor en una avenida principal de Tijuana. Según su relato, una persona esperaba el transporte en la punta de una esquina y, al aproximarse un taxi, le indicó que se detuviera. El conductor habría respondido en el mismo lugar, pese a que, en opinión del remitente, existía un punto más seguro aproximadamente 20 metros atrás, después de un señalamiento de alto. El episodio ilustra cómo una práctica cotidiana puede normalizarse hasta parecer inevitable, aunque incremente la exposición de peatones y pasajeros.

El caso del bulevar Buenos Aires concentra la preocupación

Durán Ramírez menciona la muerte reciente de una niña atropellada en el bulevar Buenos Aires como un ejemplo de las consecuencias que puede producir la falta de coordinación entre usuarios, operadores y autoridades. El autor considera que, en un caso de esa naturaleza, deben revisarse las decisiones de la persona que acompañaba a la menor, las maniobras del conductor y las condiciones de operación y señalización de la vialidad.

La referencia no aporta en sí misma una reconstrucción oficial del accidente ni permite establecer responsabilidades legales. Sin embargo, plantea una cuestión relevante para cualquier investigación: la seguridad de los menores durante el traslado no depende sólo de que el conductor reduzca la velocidad. También requiere puntos de parada visibles, cruces adecuados, espacio suficiente para descender y una vigilancia capaz de impedir que las unidades operen en lugares peligrosos.

La responsabilidad institucional va más allá de pintar una señal

La crítica principal de la carta se dirige al Instituto de Movilidad Sustentable y, de manera general, a las autoridades de vialidad y transporte. El reclamo apunta a la falta de anuncios y espacios definidos para quienes utilizan el transporte público. La ausencia de infraestructura ordenada produce una regla informal: cada pasajero elige el sitio que considera conveniente y cada conductor decide si puede detenerse allí. Ese sistema reduce la previsibilidad, un elemento esencial para que peatones y automovilistas anticipen los movimientos de los demás.

Una política eficaz tendría que combinar señalización visible con criterios uniformes para taxis, calafias y otros servicios. También sería necesario revisar si las paradas existentes cuentan con iluminación, accesibilidad, distancia suficiente respecto de las esquinas y protección para los usuarios. La supervisión debe acompañar a la infraestructura: una parada señalizada que no se respeta, o una norma que nunca se sanciona, termina perdiendo autoridad operativa.

El planteamiento del remitente también cuestiona la actuación de la Policía Municipal, incluidas las unidades motorizadas y patrullas, por la presunta tolerancia de estas conductas. Esa acusación requiere documentación y contraste con registros oficiales, pero señala un problema de fondo: cuando las infracciones se repiten sin consecuencias, dejan de percibirse como excepciones y se convierten en hábitos de circulación.

Prevenir exige modificar conductas y diseñar mejor la ciudad

La conducta del pasajero no puede separarse del entorno en el que toma el transporte. Pedirle que actúe con precaución es necesario, pero insuficiente si no existe un punto seguro para esperar o bajar. Del mismo modo, exigir prudencia al conductor pierde eficacia cuando las rutas, los horarios y la presión por captar pasajeros favorecen detenciones rápidas en lugares no autorizados. La prevención requiere responsabilidades concretas para cada participante, sin convertir la culpa individual en sustituto de la planeación pública.

Entre las medidas posibles se encuentran la identificación y publicación de paradas oficiales, la instalación de señalamiento horizontal y vertical, campañas dirigidas a conductores y usuarios, y operativos focalizados en avenidas con alta circulación peatonal. También resulta pertinente incorporar protocolos específicos cuando viajan niñas, niños, personas mayores o pasajeros con discapacidad, porque sus tiempos de ascenso y descenso son mayores y su margen de reacción es menor.

Una comparación que plantea una exigencia local

La carta contrasta la situación de Tijuana con la de San Ysidro, California, donde el autor afirma que las paradas se rigen por normas aplicadas con mayor rigor. La comparación no basta para medir el desempeño de ambos sistemas, pues requeriría datos equivalentes sobre infraestructura, fiscalización y siniestralidad. Aun así, sirve para destacar una diferencia decisiva: las reglas de tránsito sólo protegen cuando son comprensibles, visibles y aplicadas de manera constante.

El problema descrito no se resuelve únicamente con más sanciones ni con llamados genéricos a la responsabilidad. La reducción de accidentes exige que la autoridad determine dónde deben detenerse las unidades, que los operadores respeten esos puntos y que los pasajeros encuentren allí condiciones razonables de seguridad. Mientras las tres partes actúen sobre una red de normas incompleta o toleren paradas improvisadas, cada ascenso y descenso seguirá siendo una maniobra de riesgo en las calles de Tijuana.