La propuesta de Volodímir Zelenski para detener los ataques contra las infraestructuras energéticas abre una vía limitada de desescalada en una guerra que, hasta ahora, ha convertido la energía en uno de sus principales campos de batalla. El presidente ucraniano planteó que Kiev deje de atacar las refinerías rusas si Moscú suspende sus ofensivas contra centrales eléctricas, redes de distribución y otras instalaciones esenciales de Ucrania. La condición central de su oferta es la reciprocidad: ningún compromiso unilateral y ninguna pausa sin garantías verificables.
La iniciativa llega después de que Donald Trump criticara públicamente los ataques ucranianos contra las refinerías rusas y afirmara que Ucrania debería tener “un nuevo presidente”. El mensaje estadounidense coincidió con el anuncio de un acuerdo entre Washington y Moscú para facilitar la compra de grandes cantidades de diésel ruso y flexibilizar determinadas sanciones. Esa coincidencia ha modificado la lectura política de la propuesta: ya no se trata únicamente de una posible medida humanitaria, sino también de un episodio dentro de una negociación más amplia sobre energía, sanciones, precios y capacidad de presión diplomática.
La energía como frente de guerra
Desde la invasión rusa a gran escala, las infraestructuras energéticas ucranianas han sido un objetivo recurrente. Los ataques contra centrales, subestaciones, líneas de transmisión y depósitos de combustible no solo buscan producir daños materiales inmediatos. También pretenden degradar la capacidad industrial, complicar el transporte, elevar el coste de la defensa y someter a la población civil a interrupciones prolongadas durante los meses de mayor demanda.
El deterioro de la red eléctrica tiene efectos acumulativos. Un corte en una central puede dejar sin suministro a hogares y empresas, pero también afectar el abastecimiento de agua, las comunicaciones, los hospitales y los sistemas de calefacción. Cuando las autoridades deben imponer restricciones de emergencia en varias regiones, la consecuencia no es únicamente económica: la incertidumbre penetra en la vida cotidiana y aumenta la presión sobre los gobiernos locales, que deben decidir qué servicios mantener operativos y cuáles limitar.
El invierno convierte ese riesgo en una cuestión estratégica. La electricidad es necesaria para calentar viviendas, bombear agua y mantener en funcionamiento los refugios y centros médicos. La destrucción de una instalación puede repararse en semanas, pero la sustitución de transformadores de alta potencia y otros equipos especializados suele requerir más tiempo. Por ello, una campaña sostenida contra la red puede tener un impacto desproporcionado respecto al número de objetivos alcanzados.
Ucrania ha respondido atacando instalaciones de almacenamiento y transporte de hidrocarburos dentro de Rusia, incluidas refinerías. La lógica militar de Kiev consiste en elevar el coste de la guerra, interrumpir el suministro de combustible destinado a las fuerzas rusas y demostrar que la retaguardia rusa también es vulnerable. Moscú, por su parte, sostiene que esos ataques agravan la escasez mundial de diésel, una afirmación asumida por Trump para justificar su presión sobre el Gobierno ucraniano.
El acuerdo de combustible cambia el equilibrio político
La cuestión energética no puede separarse del acuerdo anunciado entre Washington y Moscú. El diésel es un producto decisivo para el transporte de mercancías, la agricultura, la construcción y la logística militar. Una reducción de la oferta de refinados puede trasladarse con rapidez a los precios mayoristas y, posteriormente, al coste de los alimentos y de numerosos bienes de consumo. Por esa razón, la protección de las refinerías rusas ha dejado de ser presentada exclusivamente como una exigencia del Kremlin y aparece también como una prioridad vinculada al mercado estadounidense.
El contexto interno de Estados Unidos amplifica esa presión. El fuerte aumento del precio del combustible, atribuido en el relato de la noticia a la guerra iniciada por Trump e Israel contra Irán, afecta directamente a los consumidores y puede convertirse en un factor electoral. A menos de un mes de unas elecciones legislativas cruciales, la administración estadounidense tiene incentivos para mostrar resultados rápidos en la contención de los precios, incluso si ello implica revisar la política de sanciones o presionar a un aliado.
Ese cálculo introduce una divergencia entre los objetivos de Washington y los de Kiev. Para Ucrania, atacar refinerías puede ser una forma de compensar su inferioridad en aviación, misiles y recursos industriales. Para la Casa Blanca, las mismas operaciones pueden amenazar la estabilidad del mercado de combustibles y dificultar un acuerdo con Moscú. El desacuerdo no es meramente táctico: refleja dos definiciones distintas de lo que significa ganar o reducir el coste de la guerra.
La flexibilización de sanciones también puede tener consecuencias más amplias. Si Moscú obtiene acceso ampliado a los mercados energéticos a cambio de compromisos limitados, otros gobiernos pueden interpretar que la presión económica occidental es reversible cuando aparecen problemas de precios. Para Rusia, una salida parcial de las restricciones reforzaría sus ingresos y su capacidad de financiar la producción militar. Para los países europeos, el acuerdo podría reabrir el debate sobre la dependencia energética y sobre la coherencia de las sanciones aplicadas desde el comienzo de la invasión.
Una propuesta difícil de verificar
El principal obstáculo para una tregua energética es la verificación. Una promesa de no atacar refinerías, centrales o redes de distribución exige definir con precisión qué instalaciones quedan protegidas, cómo se distinguen los objetivos civiles de los militares y quién determina la responsabilidad cuando un misil o un dron impacta en una zona próxima a una infraestructura estratégica.
La experiencia de otros acuerdos parciales en conflictos armados muestra que el problema no termina con la firma. Las partes pueden denunciar que un ataque aparentemente limitado vulneró el entendimiento, mientras la otra sostiene que actuó en respuesta a una provocación previa. Además, las operaciones con drones y misiles suelen desarrollarse en varias capas: un ataque contra una subestación puede tener como objetivo declarado una instalación militar cercana, pero sus consecuencias afectar a miles de civiles.
Por eso, las “garantías reales” reclamadas por Zelenski tendrían que incluir mecanismos de vigilancia independientes, canales de comunicación permanentes y consecuencias previamente acordadas para quien incumpla. Sin esos elementos, una tregua podría convertirse en una pausa breve durante la cual ambos bandos reorganicen sus arsenales. La protección energética solo sería creíble si se vincula a un sistema de inspección y atribución aceptado por ambas partes, algo especialmente difícil mientras continúan los ataques y la retórica de guerra total.
La presión sobre Zelenski y el margen de Europa
Las declaraciones de Trump y las respuestas del Kremlin muestran que la discusión energética se ha mezclado con una ofensiva política contra Zelenski. El portavoz ruso Dmitri Peskov lo presentó como incapaz de razonar, mientras Dmitri Medvédev utilizó un lenguaje abiertamente deshumanizador para describir al presidente ucraniano y a su entorno. Este tipo de mensajes no busca únicamente informar: pretende erosionar la legitimidad del Gobierno de Kiev y alimentar la percepción de que Ucrania es el principal obstáculo para la paz.
La presión estadounidense puede tener efectos concretos sobre la política ucraniana. Si Washington condiciona el apoyo militar o diplomático al abandono de los ataques contra refinerías, Kiev tendrá que elegir entre conservar una herramienta de represalia y evitar una ruptura con su principal aliado. Esa disyuntiva puede afectar a la moral pública, al debate parlamentario y a la relación entre la presidencia y las fuerzas armadas, especialmente si la población considera que se exige moderación a Ucrania mientras Rusia mantiene sus ataques contra la red eléctrica.
Europa queda situada en una posición incómoda. Los gobiernos europeos deben ayudar a reparar la infraestructura ucraniana, garantizar combustible y prepararse para posibles nuevas oleadas de desplazamiento, al mismo tiempo que afrontan las consecuencias de un mercado energético más inestable. También deben decidir hasta qué punto respaldan la autonomía operativa de Kiev si Washington empieza a priorizar la reducción de los precios internos y una relación transaccional con Moscú.
Lo que está en juego más allá del próximo invierno
Una tregua limitada sobre instalaciones energéticas podría reducir el sufrimiento civil y ofrecer el primer canal de contacto operativo en meses. Incluso un acuerdo imperfecto permitiría proteger hospitales, sistemas de agua y redes de calefacción, además de reducir la volatilidad de los combustibles. Sin embargo, su valor dependería de que no se convierta en un mecanismo para congelar las ventajas territoriales o militares obtenidas por una de las partes.
El riesgo contrario es que el pacto sea utilizado de forma selectiva. Rusia podría conservar la capacidad de golpear puentes, almacenes o centros de comunicaciones, alegando que no son infraestructuras energéticas, mientras Ucrania vería restringidos sus ataques contra refinerías que considera esenciales para la maquinaria militar rusa. Una definición estrecha de los objetivos protegidos dejaría intacta buena parte de la campaña contra la retaguardia y produciría una paz aparente con violencia constante.
El episodio también puede influir en la evolución futura de la guerra. Si los ataques a la energía se convierten en una moneda de negociación independiente, ambas partes tendrán incentivos para conservar capacidad de daño sobre las redes del adversario. Si, en cambio, se establece una protección amplia y verificable, podría crearse un precedente para abordar después el transporte, los puertos, la producción agrícola o las comunicaciones. La diferencia entre ambos escenarios dependerá menos de los discursos públicos que de la capacidad de imponer transparencia, atribuir responsabilidades y hacer que el incumplimiento tenga un coste político real.
La propuesta de Zelenski llega, por tanto, en un momento de fuerte desequilibrio diplomático. Ucrania intenta frenar los ataques que amenazan su supervivencia cotidiana sin renunciar a la capacidad de golpear a Rusia. Moscú busca convertir la presión energética en una ventaja militar y política. Washington parece decidido a priorizar el precio del combustible y un acuerdo directo con el Kremlin. La tregua solo tendrá posibilidades de durar si la protección de la población civil deja de depender de los cambios electorales, de las oscilaciones del mercado y de los mensajes contradictorios de las capitales implicadas.