Los países de la Unión Europea acordaron este viernes en Luxemburgo reforzar la supervisión común de los mercados financieros y conceder a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) competencias directas sobre grandes operadores que hasta ahora dependen principalmente de las autoridades nacionales. El acuerdo, integrado en el denominado Paquete de Integración y Supervisión de los Mercados (MISP), busca reducir la fragmentación regulatoria y facilitar que el ahorro y la inversión circulen entre los Estados miembros.

La reforma trasladaría a ESMA parte de la vigilancia sobre los principales centros de negociación, cámaras de compensación, entidades de liquidación de valores y proveedores de servicios de criptoactivos. También contempla un consejo ejecutivo independiente y con dedicación completa dentro del supervisor europeo, una modificación institucional destinada a reforzar la capacidad de decisión y la coherencia de sus actuaciones.

Un cambio en el reparto de poder

El núcleo político del pacto está en el desplazamiento parcial de la supervisión desde las capitales hacia una autoridad regional. Aunque buena parte de las normas financieras ya está armonizada, su aplicación práctica, la intensidad de los controles y el régimen de sanciones siguen presentando diferencias importantes. Para las instituciones europeas, esas divergencias elevan los costes de operar en varios países y pueden alentar a las empresas a escoger jurisdicciones por motivos regulatorios, en lugar de hacerlo por razones económicas.

La presidencia irlandesa del Consejo ha defendido que una supervisión más homogénea permitirá a las empresas encontrar financiación fuera de sus mercados nacionales con mayor facilidad. El mismo razonamiento se aplica a los hogares: un mercado más integrado debería ampliar el número de productos disponibles para los ahorradores y ofrecerles más posibilidades de obtener rentabilidad, aunque también exigirá controles eficaces sobre los riesgos y la información que reciben los inversores.

El acuerdo no significa que todas las decisiones pasarán de inmediato a ESMA. Los operadores podrán acogerse voluntariamente a un nuevo marco para prestar servicios en toda la Unión, mientras que las autoridades nacionales conservarán funciones relevantes. El alcance definitivo de la transferencia dependerá de la legislación que se negocie posteriormente entre los Estados miembros y el Parlamento Europeo.

La excepción de Deutsche Börse

La principal incógnita afecta a algunos centros de negociación gestionados por Deutsche Börse, el grupo que opera la Bolsa de Fráncfort. Euronews informó anteriormente de que Alemania había conseguido una posible exención para las plataformas centradas en el mercado nacional. En ese escenario, una parte significativa de la infraestructura financiera alemana permanecería bajo supervisión regional, aun cuando el paquete pretende precisamente limitar las diferencias entre los sistemas nacionales.

El anuncio del acuerdo no precisó cómo se aplicará esa excepción ni qué entidades quedarían incluidas. La cuestión será relevante durante la fase legislativa, porque una exclusión amplia podría reducir el alcance práctico de la nueva arquitectura europea y generar un tratamiento desigual entre operadores que desarrollan actividades similares en distintos países. Al mismo tiempo, Berlín podría considerar que la supervisión nacional sigue siendo adecuada para plataformas cuyo negocio tiene un carácter predominantemente interno.

El ministro de Finanzas neerlandés, Eelco Heinen, calificó el pacto de “gran paso adelante” para la Unión de los Mercados de Capitales y afirmó que los Estados habían avanzado más en diez meses que en los diez años anteriores. La declaración refleja la presión política acumulada para superar un proceso de integración que durante años ha progresado con lentitud debido a las diferencias entre los mercados nacionales y a la resistencia a ceder competencias.

La pieza financiera de la SIU

La decisión se inscribe en la Unión de Ahorro e Inversión, cuyo objetivo es canalizar una mayor proporción del ahorro europeo hacia empresas y proyectos productivos. La Unión Europea considera que el continente dispone de un volumen elevado de ahorro, pero que una parte excesiva permanece en depósitos bancarios o se invierte dentro de las fronteras nacionales. La consecuencia es una menor disponibilidad de capital para compañías que buscan crecer, innovar o financiar la transición económica.

Una supervisión más uniforme puede reducir duplicidades, costes de cumplimiento y obstáculos para las entidades que desean operar en varios países. También podría hacer más predecibles las reglas para las empresas que buscan emitir acciones, deuda u otros instrumentos financieros. Sin embargo, la integración no elimina por sí sola los riesgos del mercado: una autoridad europea deberá disponer de recursos, independencia y capacidad técnica suficientes para vigilar instituciones complejas y responder con rapidez ante situaciones de tensión.

El nuevo marco también actualizará las normas sobre negociación, cierre de operaciones, gestión de inversiones y utilización de la tecnología de cadena de bloques. La inclusión de los proveedores de criptoactivos amplía la reforma a un sector que opera con frecuencia de forma transfronteriza y cuya supervisión ha evolucionado a ritmos distintos en los Estados miembros.

El acuerdo político abre ahora una etapa de negociación normativa en la que se definirán las competencias exactas de ESMA, las obligaciones de los operadores y la relación con los supervisores nacionales. Su impacto dependerá menos del anuncio que de esa letra legislativa: la integración será efectiva solo si las nuevas reglas logran combinar una vigilancia europea coherente con una aplicación capaz de responder a las particularidades de cada mercado.