La investigación de la periodista Zorayda Gallegos sobre la violencia sexual contra mujeres dentro del Ejército mexicano coloca una denuncia largamente confinada al ámbito interno de los cuarteles en el centro del debate público. Su reportaje, titulado Violencia sexual en los cuarteles: radiografía de la impunidad, documentó 50 expedientes y permitió identificar más de 500 casos, de los cuales apenas el 3% había concluido con una sentencia. La cifra no describe únicamente una baja eficacia judicial: muestra la distancia entre la existencia formal de mecanismos de denuncia y la posibilidad real de que una víctima obtenga protección, investigación y reparación.

El trabajo, publicado por Fábrica de Periodismo y El Universal y reconocido con el Premio Breach Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, surgió cuando Gallegos investigaba presuntos actos de corrupción militar y encontró un expediente de abuso sexual. La solicitud de información que siguió abrió una ventana hacia un problema más amplio. La periodista contactó con 20 mujeres, pero solo seis aceptaron ser entrevistadas. Ese dato expresa una parte esencial del contexto: en una institución jerárquica, donde la subordinación y la disciplina ocupan un lugar central, denunciar a un superior o a un compañero puede percibirse como una amenaza directa al empleo, la seguridad personal y la estabilidad familiar.

Una institución cerrada frente a delitos que exigen escrutinio

La violencia sexual en las fuerzas armadas no ocurre en un vacío. Se desarrolla dentro de estructuras donde las relaciones de mando pueden condicionar horarios, destinos, evaluaciones, permisos y oportunidades profesionales. Cuando la persona señalada tiene autoridad sobre la víctima, el abuso deja de ser solo una agresión individual y se convierte también en un problema de poder institucional. La posibilidad de represalias, aislamiento o descrédito puede desalentar la denuncia incluso antes de que la víctima entre en contacto con una autoridad investigadora.

El hermetismo agrava esa desigualdad. Las instituciones militares suelen justificar la reserva de información por razones de seguridad, disciplina o funcionamiento operativo. Sin embargo, esa lógica no puede aplicarse de manera indiscriminada a expedientes relacionados con violencia sexual. La confidencialidad destinada a proteger a las víctimas es distinta del ocultamiento que impide conocer patrones de conducta, responsabilidades de mando o fallas en los procedimientos. Cuando ambos planos se confunden, la reserva termina protegiendo a la institución antes que a quienes denuncian.

Los datos recopilados por Gallegos sugieren además que el problema no se limita a casos aislados. La existencia de cientos de expedientes y el reducido número de sentencias obligan a preguntar qué sucede entre la denuncia inicial y el cierre del proceso. Puede haber investigaciones incompletas, falta de acompañamiento jurídico, cambios de adscripción, pérdida de pruebas, presiones para retirar acusaciones o procedimientos que trasladan sobre la víctima la carga de demostrar lo ocurrido. Cada una de esas posibilidades requiere comprobación individual, pero juntas muestran por qué una estadística de sentencias no debe interpretarse como un simple resultado administrativo.

El silencio no equivale a ausencia de violencia

Que solo seis de las 20 mujeres contactadas aceptaran hablar no reduce la dimensión del fenómeno. Al contrario, revela el costo que puede tener para una víctima hacer pública su experiencia. En una organización donde la carrera depende en buena medida de la evaluación de superiores y de la pertenencia a una cadena de mando, la denuncia puede ser vista como una ruptura de la lealtad interna. Esa percepción es particularmente peligrosa cuando la institución carece de canales independientes capaces de recibir testimonios sin informar de inmediato a las mismas estructuras que podrían estar involucradas.

El silencio también puede ser una estrategia de supervivencia. Una mujer que teme perder su trabajo, ser trasladada o poner en riesgo a sus familiares puede concluir que la denuncia no ofrece suficientes garantías. La decisión de no hablar no significa que el daño sea menor ni que el relato carezca de credibilidad. Significa que el sistema no ha logrado crear condiciones mínimas para que la víctima pueda participar en la investigación sin exponerse a nuevas consecuencias.

En este punto, la impunidad tiene un efecto multiplicador. Si una denuncia no produce resultados, otras personas dentro de la institución pueden interpretar que el riesgo para el agresor es bajo. Al mismo tiempo, las posibles víctimas observan que el costo de acusar puede ser inmediato y el beneficio incierto. Esa combinación favorece la repetición de conductas abusivas y consolida una cultura en la que la autoridad pesa más que la protección de los derechos.

La promesa política y el déficit de respuestas verificables

La publicación del reportaje llevó a la presidenta Claudia Sheinbaum a reconocer públicamente el problema y prometer medidas. Ese reconocimiento tiene relevancia política: rompe con la idea de que los abusos dentro de las fuerzas armadas deben resolverse exclusivamente por vías internas y admite que la violencia sexual en los cuarteles forma parte de la agenda de derechos humanos del Estado. Pero una declaración pública no modifica por sí sola los incentivos que producen el silencio ni garantiza que una investigación llegue a sentencia.

La ausencia de una respuesta de la Secretaría de la Defensa Nacional a las solicitudes de información de la periodista resulta significativa precisamente por ese motivo. Sin una explicación institucional sobre el número de denuncias, los criterios de investigación, las sanciones y las medidas de protección, el debate queda apoyado principalmente en los testimonios y expedientes que periodistas y organizaciones consiguen reconstruir. La transparencia no exige divulgar datos que identifiquen a las víctimas ni detalles operativos sensibles; exige ofrecer información agregada, verificable y suficiente para evaluar si el sistema funciona.

Una respuesta consistente tendría que incluir protocolos claros para prevenir represalias, investigación por autoridades con independencia de la cadena de mando, asistencia jurídica y psicológica, protección laboral y mecanismos para impugnar decisiones de archivo. También debería permitir examinar si los superiores fueron informados de los hechos, cómo actuaron y si incurrieron en omisiones. La responsabilidad no puede agotarse en el autor material cuando el entorno de encubrimiento, negligencia o intimidación hace posible que la violencia continúe.

El impacto sobre la política de seguridad

El caso adquiere una dimensión mayor porque el Ejército mexicano ha ampliado su presencia en tareas que van más allá de la defensa nacional. La institución participa cada vez más en funciones de seguridad, infraestructura y administración pública. Esa expansión aumenta la necesidad de controles externos, no la reduce. Una fuerza con mayor peso en la vida pública debe estar sometida a estándares más robustos de rendición de cuentas, sobre todo cuando sus integrantes ejercen autoridad sobre la población y disponen de recursos públicos.

La confianza ciudadana no depende solo de la capacidad operativa del Ejército. También se relaciona con la forma en que la institución trata a sus propios integrantes y responde ante abusos. Si las mujeres dentro de sus filas no encuentran justicia, resulta difícil sostener que los mecanismos de control serán suficientes cuando las personas afectadas sean civiles o pertenezcan a grupos con menor capacidad de presión. La impunidad interna puede convertirse, por tanto, en un indicador de riesgos más amplios para la supervisión de la seguridad pública.

Además, el problema puede afectar el reclutamiento y la permanencia de mujeres en las fuerzas armadas. La incorporación femenina se presenta con frecuencia como una señal de modernización institucional, pero la presencia numérica no equivale a igualdad. Si las mujeres perciben que denunciar abusos pone en peligro su carrera, la institución puede perder personal capacitado y reproducir una estructura en la que los puestos de autoridad continúan concentrados en hombres. La igualdad formal requiere condiciones para trabajar, ascender y denunciar sin que el género determine el nivel de riesgo.

Qué puede cambiar después de la investigación

El principal efecto del reportaje consiste en transformar casos dispersos en un problema reconocible y susceptible de escrutinio. La documentación periodística no sustituye a una fiscalía ni a un tribunal, pero puede revelar patrones que una denuncia aislada no permite observar. La acumulación de expedientes, testimonios y respuestas institucionales ofrece elementos para revisar si los procedimientos internos están diseñados para esclarecer los hechos o para administrar el conflicto hasta que pierda visibilidad.

El siguiente desafío será evitar que la atención pública se reduzca a una reacción temporal. Para ello se necesitan indicadores que permitan medir avances: cuántas denuncias se reciben, cuánto tardan las investigaciones, cuántas terminan en sanción, qué medidas se adoptan para proteger a las víctimas y cuántas acusaciones implican a mandos. La publicación periódica de datos desagregados, con garantías de privacidad, permitiría comparar resultados y detectar unidades o prácticas de especial riesgo.

También será decisiva la participación de organismos civiles y de derechos humanos. La supervisión externa puede aportar acompañamiento a las víctimas, revisar protocolos y cuestionar conflictos de interés. No se trata de debilitar la disciplina militar, sino de impedir que la disciplina sea utilizada para bloquear la justicia. Una institución profesional no se define por la ausencia de denuncias, sino por su capacidad para investigarlas sin intimidación, sancionar a los responsables y corregir las condiciones que permitieron la agresión.

La investigación de Zorayda Gallegos deja planteada una pregunta que rebasa los cuarteles: qué tipo de Estado se construye cuando una institución armada con creciente influencia pública no rinde cuentas sobre la violencia que ocurre en su interior. El reconocimiento presidencial puede abrir una oportunidad, pero su alcance dependerá de decisiones comprobables. Mientras el miedo siga siendo más racional que la denuncia y la sentencia continúe siendo excepcional, la promesa de cambio permanecerá por debajo de la gravedad del problema.