Felipe VI y la Reina Letizia visitan hoy Ceuta, donde pasarán la noche, y mañana viajarán a Melilla. El gesto tiene un sentido inmediato: el jefe del Estado acude a dos ciudades españolas y a sus habitantes, cuya pertenencia a España suele quedar oscurecida por el debate fronterizo. La presencia de la Corona hace visible esa continuidad institucional sin convertir el viaje en una provocación diplomática.

Una visita que pone a las ciudades en primer plano

Ceuta y Melilla suelen aparecer en las noticias asociadas a vallas, entradas irregulares y tensiones con Marruecos. Pero son también comunidades con una composición social y cultural singular, vida cotidiana y vínculos con España y Europa. La visita ofrece una ocasión para mostrar esa realidad completa. En momentos de incertidumbre, la función representativa de la Corona consiste, precisamente, en acercar el Estado a sus ciudadanos y reafirmar su presencia.

La relevancia del viaje crece por el recuerdo de la avalancha del 30 de julio, cuando decenas de miles de personas llegaron a Ceuta, muchas de ellas jóvenes marroquíes. El episodio dejó consecuencias duraderas en la ciudad y planteó preguntas sobre la gestión fronteriza, la cooperación bilateral y la protección de la integridad territorial. También expuso la falta de horizontes de una parte de la juventud marroquí, un problema social que contrasta con la imagen de modernización que el país proyecta al exterior.

Cooperar sin confundir los límites

En ese contexto se interpreta el discurso de Mohamed VI del 9 de octubre. El monarca criticó obstáculos jurídicos a ciertas repatriaciones y sostuvo que el modelo migratorio vigente ha llegado a sus límites. Sin embargo, no anunció una ruptura: planteó ampliar la cooperación hacia el desarrollo compartido, la competitividad y la estabilidad regional. La diferencia importa. Rabat parece reclamar una renegociación de las condiciones, lo que anticipa conversaciones difíciles, pero no necesariamente el abandono de la colaboración.

La crisis de Ceuta dejó además abierta una cuestión que no conviene resolver con acusaciones sin pruebas ni con explicaciones complacientes. La Audiencia Nacional investiga la posible implicación de autoridades marroquíes, y el Parlamento Europeo pidió esclarecer responsabilidades. Mientras no haya conclusiones, la prudencia jurídica es necesaria; también lo es mantener el debate sobre los intereses españoles y europeos que quedaron expuestos.

El marco europeo también ha cambiado

La negociación ya no depende únicamente de la relación entre Madrid y Rabat. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo está vigente desde junio, y el Parlamento Europeo condenó con dureza lo ocurrido en Ceuta. A comienzos de octubre, España fue el único país que votó contra el nuevo Reglamento Europeo de Retorno. Esa distancia respecto de sus socios puede debilitar la posición española: Marruecos conoce el valor que Madrid atribuye a su cooperación migratoria y puede calcular sus demandas a la luz de las divisiones europeas.

España necesita colaborar con Marruecos en migración, seguridad, comercio, energía y estabilidad magrebí. Pero esa necesidad no debe confundirse con una dependencia que obligue a atenuar la soberanía o a tratar la pertenencia de Ceuta y Melilla como asunto negociable. La cooperación proporciona herramientas para gestionar una frontera compartida; no determina a quién pertenece el territorio. Al acudir a las dos ciudades, los Reyes reafirman esa distinción con una visita institucional, no con un gesto de confrontación. En la relación con Rabat, la firmeza jurídica y el respeto mutuo son compatibles; la claridad resulta indispensable para ambas cosas.