Los apagones y los cortes de agua en Tijuana están dejando de ser únicamente interrupciones temporales de servicios para convertirse en un factor que modifica el costo real de vivir en la ciudad. Las familias deben asumir pérdidas de alimentos, posibles reparaciones de aparatos eléctricos y gastos adicionales para resolver necesidades básicas cuando la red pública no responde con regularidad.

La advertencia fue planteada por Lersa Mercadillo Gómez, directora de Lersa Bienes Raíces, quien señaló que estas afectaciones deben incorporarse a la discusión sobre el crecimiento habitacional de Tijuana. La expansión urbana, sostuvo, no puede medirse solamente por el número de viviendas construidas, sino también por la capacidad de las redes de agua y electricidad para atender de manera continua a quienes las habitan.

El costo doméstico de una interrupción

Cuando se suspende el suministro eléctrico, el impacto más inmediato puede aparecer en el refrigerador y el congelador. La pérdida de alimentos representa un gasto directo para los hogares, especialmente cuando el corte se prolonga o ocurre de manera repetida. A ello se suman las dificultades para trabajar, estudiar, conservar medicamentos que requieran refrigeración o mantener en funcionamiento equipos esenciales.

La falta de agua genera una presión similar. Las familias pueden verse obligadas a comprar agua, almacenar mayores cantidades o modificar sus actividades de limpieza, preparación de alimentos y cuidado personal. En una vivienda rentada, además, la interrupción del servicio puede complicar la relación entre propietarios e inquilinos, particularmente cuando no existe claridad sobre las responsabilidades de mantenimiento o sobre los gastos derivados de una falla.

Mercadillo Gómez resumió el problema desde la perspectiva cotidiana: una familia no puede organizar adecuadamente su vida si desconoce cuándo tendrá agua o en qué momento regresará la electricidad. La incertidumbre convierte una falla de infraestructura en un problema de planificación familiar y de seguridad económica.

El calor aumenta la presión sobre la red

Las interrupciones eléctricas adquieren una dimensión mayor durante las temporadas de calor. El uso de aires acondicionados y otros equipos para reducir la temperatura incrementa el consumo en los hogares, justo cuando las instalaciones pueden enfrentar una demanda más elevada. Si la capacidad de una vivienda, de un conjunto habitacional o de la red de distribución resulta insuficiente, las variaciones de voltaje pueden generar daños en equipos eléctricos además de provocar cortes.

Este punto obliga a distinguir entre un apagón y una fluctuación de voltaje. La suspensión total del servicio es visible y permite identificar con claridad el momento de la interrupción. Las variaciones, en cambio, pueden deteriorar gradualmente televisores, refrigeradores, computadoras, bombas de agua y otros aparatos, sin que siempre sea sencillo establecer cuándo ocurrió el daño o quién debe cubrir la reparación.

En los inmuebles arrendados, esa falta de claridad puede producir desacuerdos. El propietario puede considerar que el equipo se dañó por un uso inadecuado, mientras el inquilino puede atribuirlo a una falla externa de la red. Por ello, la continuidad y la calidad del suministro no son asuntos separados de la vivienda: forman parte de las condiciones efectivas de habitabilidad.

Construir más no resuelve por sí solo el déficit

La discusión adquiere relevancia ante el crecimiento habitacional de Tijuana. Cada nuevo desarrollo incorpora demanda adicional de agua y electricidad, y esa demanda se mantiene durante todo el ciclo de vida de las viviendas. La factibilidad de los servicios básicos debe revisarse antes de autorizar o promover proyectos, porque una construcción terminada no garantiza que las familias puedan recibir un suministro estable.

La planeación también debe considerar la diferencia entre la capacidad nominal de una infraestructura y su funcionamiento real. Una red puede ser suficiente en condiciones normales y mostrar limitaciones cuando coinciden altas temperaturas, mayor consumo y fallas de mantenimiento. Evaluar solamente la existencia de conexiones, sin analizar su confiabilidad y capacidad de respuesta, puede trasladar el costo de las deficiencias a los residentes.

Mercadillo Gómez insistió en que no basta con construir más viviendas si no se asegura que las familias puedan vivir dignamente. La observación plantea un criterio relevante para el mercado inmobiliario: la oferta de vivienda debe evaluarse junto con los servicios que sostienen la vida diaria, no únicamente por su ubicación, tamaño o potencial de valorización.

Una responsabilidad compartida entre redes nuevas y colonias establecidas

La directora de Lersa Bienes Raíces consideró necesario que la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana refuercen el mantenimiento de sus redes para reducir las fallas recurrentes. La exigencia no se limita a atender emergencias. También implica detectar puntos vulnerables, comunicar con mayor precisión los tiempos de reparación y mejorar la capacidad de las instalaciones frente a los periodos de mayor demanda.

Al mismo tiempo, la solución no puede concentrarse exclusivamente en los desarrollos recientes. Las colonias ya establecidas continúan enfrentando deficiencias y requieren inversiones de mantenimiento, renovación y ampliación. Si la planeación se orienta solamente hacia las zonas de expansión, las áreas consolidadas pueden acumular rezagos que terminan afectando de forma desigual a sus habitantes.

Servicios básicos como parte del valor de una vivienda

La disponibilidad de agua y electricidad influye en el valor de una propiedad tanto como su ubicación o su plusvalía potencial. Una vivienda situada en una zona atractiva pierde parte de su valor práctico si sus residentes deben enfrentar cortes frecuentes, gastos imprevistos o incertidumbre sobre el funcionamiento de sus equipos.

Para las familias, esto significa que el costo de una casa no termina en la compra o en la renta. También incluye la confiabilidad de los servicios, el mantenimiento de las instalaciones y la capacidad de la infraestructura para responder a las condiciones climáticas y al crecimiento de la población. Para las autoridades y el sector inmobiliario, el desafío consiste en incorporar esa dimensión al desarrollo urbano: la vivienda debe entregarse con servicios suficientes, previsibles y sostenibles.