La autorización presidencial para ejecutar a Nidal Hasan mediante un pelotón de fusilamiento sitúa de nuevo a Estados Unidos ante una pregunta que parecía propia de otra época: qué ocurre cuando el método de ejecución preferido por las autoridades deja de ser practicable. El anuncio del Pentágono llega tras el intento fallido de administrar una inyección letal a Christa Pike en Tennessee y en un contexto de escasez de fármacos. No son episodios idénticos, pero juntos exponen las tensiones entre la aplicación de la pena capital, la fiabilidad de sus procedimientos y el control público sobre ellos.

Hasan, antiguo psiquiatra y mayor del Ejército, fue condenado por el ataque de 2009 en Fort Hood, donde murieron 13 personas y más de 30 resultaron heridas. La aprobación de Trump, a recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth, fija el 3 de diciembre como fecha prevista y convierte el caso en una posible ruptura histórica: sería la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945. Sin embargo, la fecha no equivale a una ejecución inminente. Hasan aún puede recurrir a la revisión civil de habeas corpus, y el precedente de Ronald Gray muestra que esos litigios pueden prolongarse durante años.

Una alternativa nacida de la escasez

La recuperación del fusilamiento no se explica solo por la historia militar ni por la gravedad de los delitos. Su avance reciente responde, en buena medida, a la dificultad de obtener los medicamentos empleados en la inyección letal. Las farmacéuticas se han resistido a que sus productos se utilicen para ejecutar, mientras algunos estados han recurrido a fórmulas de secreto para proteger a proveedores y personal. Cuando el abastecimiento se interrumpe, las autoridades se enfrentan a una disyuntiva práctica: aplazar la ejecución o recurrir a métodos alternativos.

La respuesta legislativa ha sido desigual. Carolina del Sur permite al condenado elegir entre inyección letal, silla eléctrica y fusilamiento; en Misisipi y Oklahoma este último funciona como alternativa si fallan otros métodos. Utah ha ejecutado a tres personas por disparos desde 1977, y Carolina del Sur aplicó ese método a Brad Sigmon en marzo de 2025. Idaho lo incorporó como alternativa desde julio de 2026. Estas decisiones no acreditan que el fusilamiento sea más fiable o más humano: muestran que, cuando el método principal depende de una cadena de suministro opaca y vulnerable, los estados buscan preservar la capacidad de ejecutar.

El protocolo de Carolina del Sur permite ver lo que implica esa alternativa. Sigmon fue sujeto a una silla, con una diana sobre el corazón, mientras tres voluntarios disparaban desde una abertura que los testigos no podían ver. La precisión del procedimiento no resuelve la controversia médica: durante un proceso judicial, especialistas discreparon sobre cuánto tardaría el condenado en perder el conocimiento y sobre las consecuencias de disparos que no alcanzaran su objetivo. Además, una ley estatal de secreto impide conocer los nombres y la preparación de los tiradores. La opacidad puede proteger a quienes participan, pero también limita la evaluación independiente de un procedimiento irreversible.

El caso Pike y la confianza en el procedimiento

El episodio de Pike desplaza el debate más allá de la elección del fármaco. Según sus abogados, las vías intravenosas pudieron estar mal colocadas y el pentobarbital habría entrado en el tejido en vez de llegar adecuadamente a la sangre. Los testigos la vieron viva y roncando después de recibir dos dosis; fue trasladada a un hospital bajo custodia. El responsable de Prisiones, Frank Strada, anunció su dimisión. Y no fue el único tropiezo reciente en Tennessee: en mayo se suspendió la ejecución de Tony Carruthers porque el personal no pudo colocar una segunda vía.

La secuencia plantea una cuestión institucional: si el Estado mantiene la pena capital, también debe poder explicar cómo garantiza la competencia del personal, qué controles aplica y qué sucede cuando algo falla. La escasez puede ser el detonante, pero no explica por sí sola una ejecución interrumpida. Atribuir cada problema únicamente a la falta de medicamentos dejaría sin respuesta las dudas sobre la formación, la supervisión y la transparencia. La posibilidad de que Pike sobreviva tampoco aclara automáticamente el futuro de su condena; su defensa ha pedido al gobernador Bill Lee que la conmute, mientras las autoridades deben afrontar las consecuencias legales y médicas de lo ocurrido.

Una decisión militar con efectos que exceden el caso

La ejecución de Hasan tendría una dimensión distinta de las estatales. El Ejército no ha explicado cómo reuniría y prepararía un pelotón después de décadas sin utilizarlo. La última ejecución militar citada por el Pentágono fue la de John Bennett, ahorcado en 1961; el fusilamiento más reciente del Ejército fue el de Eddie Slovik, ejecutado en Francia en 1945 por deserción. Recuperar ese método exigiría reconstruir procedimientos, responsabilidades y mecanismos de supervisión que ya no forman parte de la práctica habitual.

La historia de Gray advierte, además, que la aprobación presidencial y la fijación de una fecha no eliminan los obstáculos judiciales. Aunque la ley militar establece un intervalo de entre 60 y 150 días para programar la ejecución, la revisión en tribunales civiles puede detener el calendario. Gray, cuya ejecución fue aprobada por George W. Bush en 2008, sigue en el corredor de la muerte tras más de quince años de litigios. En el caso de Hasan, por tanto, el anuncio puede tener un efecto político inmediato aunque su desenlace legal permanezca abierto.

A largo plazo, el conflicto puede empujar a los estados y al Gobierno federal en direcciones opuestas: normalizar métodos alternativos para sostener la pena capital o reconsiderar si la incapacidad de ejecutarla conforme a un procedimiento estable debe tener consecuencias. Cada nuevo método desplaza, pero no suprime, las preguntas sobre sufrimiento, errores y rendición de cuentas. Y cada fallo aumenta el escrutinio sobre las instituciones, incluso cuando la culpabilidad del condenado no está en discusión.

El caso reúne así tres debates que suelen tratarse por separado: la disponibilidad de medicamentos, la administración práctica de las ejecuciones y el alcance de la revisión judicial. La vuelta del pelotón no es simplemente un retorno simbólico al pasado. Es una respuesta contemporánea a un sistema cuya aplicación depende de protocolos difíciles de observar y de recursos que pueden faltar. Lo que ocurra con Hasan y Pike permitirá medir no solo si las autoridades pueden completar una ejecución, sino también qué nivel de transparencia y control están dispuestas a aceptar para hacerlo.