Las acusaciones de Eva Ferrer Galcerán, exconsejera para la Reconciliación entre 2022 y 2023, pusieron bajo presión a instituciones colombianas y reactivaron la atención sobre las sanciones estadounidenses contra Verónica del Socorro Alcocer García. El caso reúne tres planos distintos —testimonios aún por comprobar, una indagación oficial recién iniciada y una posición de Washington que se mantiene— cuya evolución dependerá de que se distingan las denuncias de los hechos establecidos.

Un avión presidencial en el centro de las acusaciones

En entrevista con SEMANA, Ferrer sostuvo que Alcocer habría usado la aeronave asignada a la Presidencia para movilizar cerca de 2,5 millones de dólares procedentes de Venezuela. También mencionó el posible traslado de cargamentos ilícitos entre los dos países. Se trata de señalamientos graves, pero el material divulgado no presenta esas afirmaciones como hechos probados ni aporta, por sí solo, una conclusión judicial sobre la participación de Alcocer.

El señalamiento compromete más que la conducta de una persona: plantea preguntas sobre el uso de bienes oficiales, los controles de pasajeros y carga y la supervisión de los vuelos en trayectos fronterizos. Si hubo irregularidades, la respuesta institucional tendrá que precisar cómo se autorizaron los desplazamientos y qué registros existen. Por ahora, esas preguntas forman parte de la investigación, no de un balance confirmado.

La Procuraduría abre una vía de verificación

La Procuraduría General de la Nación formalizó una indagación previa dirigida al Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) y a la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). El propósito es establecer si ocurrieron anomalías en el transporte de dinero en efectivo o sustancias prohibidas a bordo del avión oficial. La apertura de esta etapa no equivale a una declaración de responsabilidad: marca el comienzo de una labor para contrastar los testimonios con documentos y actuaciones institucionales.

La participación de ambas entidades permite examinar responsabilidades complementarias: la gestión administrativa de la aeronave y los procedimientos operativos vinculados con su uso. La solidez del caso dependerá de evidencia verificable, como itinerarios, autorizaciones y registros disponibles, y de que las instituciones expliquen sus decisiones. La precisión en ese proceso también es crucial para evitar que la controversia política sustituya la comprobación.

Washington mantiene la sanción; Bogotá invoca el debido proceso

Voceros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijeron a NTN24 que Alcocer continúa en la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Esa ratificación confirma que la medida sigue vigente, pero no prueba por sí misma las nuevas acusaciones sobre vuelos, dinero o cargamentos. Son asuntos diferentes, con antecedentes y vías de evaluación que no deben confundirse.

El Tesoro también recordó que la designación de Alcocer como embajadora en misión especial quedó sin efecto por decisión de la justicia colombiana, que consideró vulnerada la prohibición constitucional de nepotismo establecida en el artículo 126. Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que las denuncias deben ser investigadas con independencia y que, dada su gravedad, debe respetarse el debido proceso. Ambas precisiones subrayan el límite entre el escrutinio público y una conclusión que todavía corresponde establecer a las autoridades competentes.

El foco inmediato: pruebas y controles

Manuel Aguilera, director de República USA, señaló que la lucha contra la narcopolítica y las conexiones delictivas continentales es una prioridad para la Casa Blanca y anticipó seguimiento a los hallazgos de las próximas semanas. Ese interés eleva la dimensión internacional del caso, pero el elemento decisivo seguirá siendo la calidad de la evidencia. La indagación deberá aclarar si los controles fallaron, si hubo traslados irregulares y quién tuvo responsabilidad, sin convertir ni las acusaciones ni las sanciones existentes en sustitutos de una determinación probatoria.