Víctimas entrevistadas por el semanario ZETA denunciaron que policías municipales de Tijuana presuntamente colaboran con bandas dedicadas a provocar choques y extorsionar a automovilistas. Los hechos investigados ocurrieron entre mayo y septiembre en puntos como la carretera Aeropuerto, el bulevar Bellas Artes, Otay y la Zona Río, donde los afectados aseguraron haber sido presionados para entregar dinero en efectivo antes de que intervinieran sus aseguradoras.

La Fiscalía General del Estado de Baja California abrió siete carpetas de investigación desde mayo y, de acuerdo con investigadores citados por el medio, al menos cuatro contemplan la posible participación de agentes municipales. La cifra no necesariamente refleja la dimensión real del problema: las propias autoridades reconocen que muchas víctimas no denuncian por temor, desconfianza o porque terminan pagando para abandonar cuanto antes el lugar.

Un esquema basado en el control de la escena

Los llamados montachoques provocan o simulan accidentes viales para intimidar al conductor y exigirle un pago inmediato. Según la definición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México citada por Infobae, suelen movilizarse en dos o tres vehículos, generan una colisión deliberada, proporcionan nombres falsos y aparentan comunicarse con el número de emergencias 911. Después aparecen supuestos ajustadores, habitualmente entre cinco y diez minutos más tarde, para fijar una cantidad elevada.

El objetivo no es únicamente el daño material. La ventaja de estas bandas consiste en controlar los primeros minutos posteriores al choque, cuando la víctima aún desconoce el procedimiento, se encuentra bajo presión y puede temer consecuencias legales. La presunta presencia de policías alteraría todavía más ese equilibrio: un agente uniformado puede conferir apariencia de legalidad a una exigencia privada y desalentar la llegada de un perito o de la compañía aseguradora.

Siete investigaciones y testimonios con montos elevados

Uno de los casos documentados ocurrió el 24 de julio en la Zona Río. Una Honda CR-V negra chocó por alcance contra un vehículo con placas de California. Los presuntos responsables, identificados como Víctor Antonio y Lucía, contactaron a un ajustador llamado Osvaldo, quien calculó el supuesto daño en 54 mil pesos. El abogado que acompañaba a las víctimas fue detenido por un oficial identificado con la unidad BC-222-A-1, quien no llevaba uniforme ni identificación. El representante legal dijo presumir un vínculo entre el agente, el ajustador y la banda.

El expediente más grave se remonta al 21 de mayo. Según el testimonio de Benjamín Hernández, residente de Oceanside, California, una patrulla se colocó frente a su camioneta Tacoma y, después del choque, una mujer le exigió 90 mil pesos. La mujer habría robado posteriormente el vehículo sin que el policía presente interviniera. En otro caso, Antonio Velázquez relató que una patrulla lo interceptó en la carretera Aeropuerto mientras conducía una Chevrolet Silverado. El agente supuestamente le advirtió que iría a la cárcel si no pagaba; la víctima entregó 600 dólares y firmó un pagaré por su vehículo.

Juan Palos denunció un hecho similar el 7 de mayo en el bulevar Bellas Artes, en Otay. Después de que un policía respaldara a la conductora que habría provocado el accidente, Palos pagó 2 mil 500 dólares. Dos meses más tarde desistió de la denuncia, mientras la Fiscalía no había localizado a los señalados. Ese desenlace ilustra una dificultad central: incluso cuando existe un reporte inicial, el proceso puede debilitarse por la falta de identificación de los responsables, el desgaste de la víctima o la presión económica.

Una práctica que se expandió desde 2020

El esquema comenzó a generar estragos en Baja California en 2020 y alcanzó un periodo crítico en 2022. Actualmente, los puntos señalados con mayor frecuencia son Otay, la carretera Aeropuerto, el bulevar Bellas Artes, Insurgentes y la Zona Río. Un investigador explicó a ZETA que las bandas prefieren vehículos con placas estadounidenses porque, en general, sus conductores buscan resolver rápidamente el incidente y regresar a su país, lo que puede reducir su disposición a iniciar un procedimiento formal.

La legislación local tampoco contempla el montachoques como un delito específico. Las autoridades pueden encuadrar los hechos como daño en propiedad ajena, con penas de un año y medio a tres años, o como fraude, cuya sanción puede llegar de cuatro a nueve años de prisión cuando el monto supera 800 salarios mínimos. La clasificación depende de las pruebas disponibles y de la forma en que se acredite la conducta, una variación jurídica que puede complicar la investigación y la persecución coordinada de las bandas.

El riesgo no termina en la extorsión económica

El 20 de septiembre, en Playas de Tijuana, una pareja bloqueó el paso de César Moreno, de 60 años. La mujer lo hirió con una navaja en la parte inferior derecha de la pierna, a la altura del fémur. El hecho fue reportado a las 16:20 horas como un incidente de tránsito y la carpeta llegó a la Fiscalía hasta el 23 de septiembre. En ese momento, el delito todavía no había sido determinado oficialmente.

Un investigador de la fiscalía estatal advirtió que los policías municipales preventivos no tienen por qué asumir el conocimiento técnico de los choques y que deben solicitar la intervención de un perito. Esa observación apunta a una posible falla de protocolo: cuando el primer respondiente actúa como mediador de un pago en lugar de preservar la escena y canalizarla a la autoridad competente, se vuelve más difícil distinguir un accidente real de una extorsión organizada.

José Alejandro Avilés Amezcua, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana, informó que la corporación detuvo a 10 presuntos responsables durante los últimos tres meses. Según el funcionario, los detenidos operaban principalmente en el bulevar Insurgentes y la Vía Rápida. El dato muestra que existen acciones policiales contra el fenómeno, pero no resuelve las denuncias sobre posibles complicidades internas, que requieren investigaciones independientes y resultados verificables.

Las cifras nacionales muestran un subregistro persistente

En Ciudad de México, la Secretaría de Seguridad Ciudadana identificó oficialmente esta modalidad desde noviembre de 2020. El 3 de enero de 2025 fueron detenidas seis personas relacionadas con montachoques en el sur y el oriente de la capital. El 6 de febrero, otros ocho presuntos integrantes fueron detenidos en Venustiano Carranza y se recuperaron 45 mil pesos entregados por una víctima. La alarma se reactivó en agosto por el caso de la conductora Vanessa Huppenkothen, ocurrido en Tlalpan.

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de Ciudad de México reportó que 66% de los casos analizados quedó en tentativa y 34% se consumó, con pagos de hasta 25 mil pesos. Entre 2020 y julio de 2023 contabilizó 67 reportes de este tipo de extorsión en la capital, aunque advirtió que el número real es mayor por la falta de denuncias. El Estado de México registró 95 casos en un año, principalmente en Ecatepec, Tlalnepantla, Naucalpan, Toluca y Zinacantepec.

La dimensión del problema depende, por tanto, tanto de las denuncias como de la capacidad institucional para registrar correctamente los hechos. Mientras las víctimas sigan enfrentando amenazas, cobros inmediatos y respuestas ambiguas de los primeros agentes que llegan al lugar, las estadísticas describirán solo una parte del fenómeno. La propuesta de la Cámara de Diputados para establecer penas de hasta ocho años refleja la presión por endurecer la respuesta, pero el combate también exige protocolos claros, peritajes oportunos y una investigación específica sobre cualquier participación policial.