La elección interna destinada a designar al candidato del Partido Socialista y de Plaza Pública, la formación del eurodiputado Raphaël Glucksmann, afronta una doble dificultad: la escasa movilización y la vulnerabilidad de un proceso político que depende cada vez más de herramientas digitales. Solo 140.000 militantes y simpatizantes se inscribieron para votar por su aspirante al Elíseo, una cifra muy alejada de los 1,6 millones de participantes registrados en las primarias de 2017. La comparación no es un dato menor. Revela hasta qué punto se ha reducido la capacidad de convocatoria del espacio socialdemócrata francés y anticipa una disputa marcada más por la supervivencia política que por la conquista inmediata del poder.

El descenso adquiere mayor significado porque las primarias de 2017 se celebraron en un contexto de profunda crisis del Partido Socialista, pero todavía existía una estructura nacional con capacidad para organizar debates, movilizar militantes y atraer a votantes no afiliados. Benoît Hamon se impuso entonces frente a Manuel Valls, aunque el vencedor no logró transformar aquella victoria interna en una candidatura competitiva. Emmanuel Macron ocupó el centro del tablero y Jean-Luc Mélenchon capitalizó buena parte del voto de izquierdas. La lección fue clara: una primaria puede producir visibilidad, pero no garantiza unidad, liderazgo ni una maquinaria electoral eficaz.

De la hegemonía de gobierno a la política de nicho

El Partido Socialista que hoy convoca a sus electores ya no es la organización que llevó a François Hollande al Elíseo en 2012 ni la fuerza que durante décadas gobernó municipios, regiones y departamentos. La presidencia de Hollande, las divisiones sobre la política económica y la fractura entre el ala gubernamental y la izquierda interna erosionaron la confianza de sus votantes. Después llegaron la irrupción de Macron, el crecimiento de La Francia Insumisa y la consolidación de la extrema derecha de Marine Le Pen. El espacio situado entre esas fuerzas quedó sometido a una presión constante.

La alianza con Plaza Pública intenta responder a ese aislamiento. Glucksmann ha construido una identidad europea, atlantista y liberal en lo social, con un discurso especialmente crítico con Rusia y favorable a una mayor integración europea. Esa orientación le ha permitido captar apoyos entre sectores urbanos, profesionales y progresistas que se sienten incómodos con la estrategia de Mélenchon, pero no desean votar al macronismo. Sin embargo, también limita el perímetro de la alianza: una parte del electorado socialista tradicional reclama prioridades más vinculadas al poder adquisitivo, los servicios públicos y la desigualdad territorial.

Los 140.000 inscritos muestran que la coalición no ha conseguido convertir esa afinidad potencial en participación organizada. No equivale exactamente a un resultado electoral, porque las primarias movilizan a ciudadanos con un interés político superior al promedio. Precisamente por eso la cifra resulta significativa. Si el mecanismo diseñado para ampliar la base más allá de los militantes solo logra reunir a una fracción reducida de simpatizantes, la futura candidatura partirá con un déficit de legitimidad interna y con menos capacidad para presentar su alianza como una alternativa nacional.

La dimensión digital de una consulta de baja participación

El término “cibertaque” asociado a estas primarias apunta a un problema que va más allá de una eventual incidencia técnica. Cuando una elección interna se apoya en registros en línea, sistemas de identificación digital y comunicación a través de plataformas sociales, la seguridad informática se convierte en parte de la credibilidad política. Un ataque contra la inscripción, la difusión de información falsa o la alteración de una base de datos no necesita cambiar miles de votos para causar daño: basta con sembrar dudas sobre quién pudo participar, cómo se validaron los resultados o si determinados colectivos quedaron excluidos.

La baja participación amplifica ese riesgo. En una elección de 1,6 millones de votantes, una anomalía localizada podría quedar absorbida por un volumen amplio y por una legitimidad social más robusta. En una consulta de 140.000 inscritos, unas pocas decenas de miles de votos disputados pueden modificar la percepción del resultado y alimentar acusaciones de manipulación. La ciberseguridad deja de ser una cuestión reservada a especialistas y pasa a formar parte del debate sobre la autoridad del candidato vencedor.

También existe un riesgo menos visible: la desigualdad de acceso. Las primarias digitales tienden a favorecer a ciudadanos familiarizados con los procedimientos en línea, residentes en zonas con buena conectividad y capaces de seguir una campaña fragmentada entre redes sociales, boletines electrónicos y plataformas de mensajería. Las personas mayores, los sectores populares y quienes desconfían de entregar sus datos pueden quedar infrarrepresentados. En consecuencia, el resultado puede reflejar con precisión la opinión de la comunidad política más conectada, pero no necesariamente la composición social de la izquierda francesa.

La experiencia de otros procesos electorales europeos ofrece un precedente útil. En las primarias partidarias italianas y en diversas consultas internas de organizaciones progresistas, la facilidad de inscripción digital ha permitido ampliar la participación, pero también ha abierto debates sobre la verificación de identidades, la protección de datos y la influencia de campañas coordinadas en redes. El problema no consiste en utilizar internet, sino en presentar la tecnología como sustituto de la organización territorial. Una plataforma puede registrar simpatizantes en pocos días; no puede reemplazar el trabajo cotidiano de asociaciones, sindicatos, alcaldes y militantes en barrios y localidades.

Una candidatura condicionada por su propio punto de partida

El ganador de la primaria tendrá que resolver una contradicción inmediata. Necesitará proyectarse como candidato de toda la izquierda socialdemócrata, pero habrá sido elegido por una base reducida y probablemente más homogénea que el electorado al que aspira a representar. Esa brecha puede afectar las negociaciones con otras fuerzas. Los ecologistas, los sectores socialistas reticentes a la alianza y los votantes cercanos a La Francia Insumisa tendrán pocos incentivos para aceptar automáticamente una candidatura nacida de una consulta con participación limitada.

El problema es especialmente delicado porque las presidenciales francesas premian la personalización y castigan la dispersión. El sistema a dos vueltas permite que una fuerza obtenga una representación parlamentaria relevante sin estar en condiciones de disputar el Elíseo, pero la primera vuelta presidencial exige una capacidad nacional de comunicación y una implantación territorial muy superior a la que sugieren estas cifras. Un candidato puede convertirse en referencia de una familia política y, al mismo tiempo, quedar fuera de la segunda vuelta por no superar la fragmentación del campo progresista.

La comparación con 2017 vuelve a ser ilustrativa. La primaria generó un ganador reconocible, pero las divisiones posteriores y la falta de una estrategia común impidieron que el resultado interno se tradujera en fuerza electoral. Si la nueva consulta termina en una disputa áspera entre las sensibilidades socialistas y el entorno de Glucksmann, la organización podría repetir el ciclo: movilización limitada, victoria formal, cuestionamiento de la representatividad y fuga de votos hacia candidatos con estructuras más sólidas.

El efecto sobre la izquierda y sobre el sistema partidario

La debilidad de estas primarias no afecta únicamente a sus promotores. Puede acelerar la reorganización de toda la izquierda francesa. Si la alianza socialista y Plaza Pública no alcanza una masa crítica, los ecologistas podrían intentar ocupar el espacio de oposición progresista moderada, mientras La Francia Insumisa conservaría la ventaja de una estructura más centralizada y de un electorado movilizado en torno a conflictos sociales concretos. En paralelo, el macronismo podría reivindicar que sigue siendo la opción más viable para quienes priorizan la defensa europea y la estabilidad institucional.

Hay, además, una consecuencia discursiva. Una izquierda que moviliza a pocos participantes tiende a hablar para quienes ya están convencidos. La campaña puede concentrarse en cuestiones identitarias internas, en la relación con Israel y Palestina, en la guerra de Ucrania o en las alianzas parlamentarias, mientras los asuntos que determinan la vida cotidiana quedan relegados: alquileres, acceso a la sanidad, transporte, salarios y pérdida de servicios en las zonas rurales. La escasa inscripción no demuestra que esos temas hayan desaparecido, sino que las organizaciones no han encontrado un modo convincente de conectarlos con su oferta política.

El impacto social puede percibirse también en la confianza democrática. Cada consulta partidaria que promete participación abierta y termina convocando a un grupo reducido corre el riesgo de reforzar la idea de que las decisiones se toman dentro de círculos profesionales. Si además aparecen dudas sobre el funcionamiento digital, la distancia entre ciudadanos y partidos se vuelve doble: política y tecnológica. La respuesta no debería consistir únicamente en anunciar nuevas aplicaciones o campañas en redes, sino en publicar reglas verificables, auditorías independientes y datos claros sobre la inscripción, la participación y el escrutinio.

El verdadero desafío después de la votación

La elección del candidato será solo el primer examen. El más difícil llegará después: transformar una consulta interna de baja intensidad en una campaña capaz de reunir a votantes que hoy no participan en la vida partidaria. Para ello hará falta una dirección común, un programa reconocible y una negociación real con las demás fuerzas progresistas. También será necesario explicar con precisión qué significa la alianza entre el Partido Socialista y Plaza Pública: si es un acuerdo electoral temporal, una nueva casa política o simplemente una candidatura común para evitar la irrelevancia.

La seguridad del proceso deberá recibir la misma atención que el mensaje político. Una primaria que aspire a servir de punto de partida para las presidenciales necesita demostrar que sus procedimientos son resistentes, auditables y comprensibles para el público. La confianza no se recupera después de una controversia con comunicados improvisados. Se construye antes, mediante controles independientes, canales de reclamación y una comunicación transparente sobre cualquier incidente.

La cifra de 140.000 inscritos no condena por sí sola a la futura candidatura, pero sí elimina el margen para la autocomplacencia. El dato describe una organización debilitada, una izquierda dividida y una sociedad menos dispuesta a participar en rituales partidarios que ya no garantizan influencia. Si los dirigentes interpretan la primaria como una simple operación de selección, el resultado será probablemente efímero. Si la entienden como una prueba de reconstrucción política, la consulta puede servir para identificar sus límites, corregir su modelo de participación y recuperar una relación más amplia con el electorado. La cuestión decisiva no es únicamente quién ganará la votación, sino si esa victoria será capaz de convencer a quienes no encontraron razones para inscribirse.