A cinco días del balotaje presidencial previsto para el domingo 25 de octubre, Luiz Inácio Lula da Silva presentó este martes una denuncia contra Meta, la compañía propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, por presuntas irregularidades en el funcionamiento de sus plataformas durante la campaña electoral brasileña. La presentación fue realizada ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) y acompañada por un informe dirigido a organismos de Naciones Unidas.

El equipo del presidente y candidato a la reelección pidió que se investigue si determinadas herramientas digitales mostraron un comportamiento algorítmico sesgado y si existió un trato preferencial hacia Flávio Bolsonaro, postulante de la derecha brasileña. La acusación no establece, por sí sola, que haya existido una intervención deliberada, pero plantea que la reiteración y la coincidencia temporal de los episodios podrían haber afectado la circulación de contenidos en una contienda definida por un margen estrecho.

Las anomalías señaladas por la campaña oficialista

Entre los casos citados por los abogados de Lula aparecen traducciones automáticas presuntamente alteradas de mensajes críticos, desvíos en los resultados de búsqueda de WhatsApp y respuestas consideradas irregulares en funciones vinculadas con Meta AI. También se denunció una caída abrupta en el alcance de publicaciones del actual mandatario durante momentos decisivos de la campaña.

Según la presentación ante el TSE, los episodios no deberían analizarse como incidentes aislados. La campaña sostiene que, aun cuando cada falla pudiera atribuirse inicialmente a un problema técnico, su acumulación en herramientas con capacidad para ordenar, traducir o recomendar información habría producido un efecto político concreto: limitar la exposición de determinados mensajes y favorecer, de manera directa o indirecta, la candidatura de Bolsonaro.

La denuncia solicita al tribunal que determine si corresponde abrir una investigación formal, establecer eventuales sanciones para Meta y evaluar si el comportamiento de sus plataformas tiene alguna consecuencia sobre la legitimidad de la candidatura de Bolsonaro. Ese último planteo introduce una dimensión especialmente sensible, porque vincula el funcionamiento de servicios privados de comunicación con las condiciones de validez de una elección nacional.

Un reclamo que también llegó a Naciones Unidas

En paralelo, el equipo de Lula remitió un informe al relator especial de la ONU sobre Libertad de Opinión y Expresión. El documento pide examinar si hubo financiación irregular, coordinación externa o algún mecanismo que pueda explicar el supuesto sesgo observado en los sistemas de Meta.

La referencia a Naciones Unidas busca ampliar el alcance institucional del reclamo y colocar el caso dentro del debate internacional sobre la responsabilidad de las grandes plataformas en procesos electorales. Sin embargo, una eventual intervención de organismos internacionales no sustituiría las competencias del TSE, que es la autoridad encargada de fiscalizar la elección brasileña y resolver las controversias vinculadas con la campaña.

El argumento central de la presentación es que la influencia de las redes sociales ya no se limita a la difusión de propaganda. Los sistemas de recomendación, los buscadores internos, las traducciones automáticas y las herramientas de inteligencia artificial intervienen en la forma en que los usuarios reciben e interpretan los mensajes políticos. Por eso, una alteración en cualquiera de esas etapas podría modificar el alcance de una comunicación sin necesidad de eliminarla de manera visible.

Meta admite fallas y rechaza una preferencia política

Meta negó haber favorecido a Bolsonaro. La empresa, no obstante, reconoció la existencia de fallas técnicas en algunas de las funciones mencionadas y afirmó que no tuvieron intencionalidad política. Esa respuesta deja abierto el punto central de la disputa: si los errores fueron incidentes operativos sin orientación partidaria o si, por su distribución y sus efectos, requieren una explicación más amplia.

Para establecerlo, el TSE debería determinar qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo, a cuántos usuarios alcanzó y si la afectación fue simétrica entre las campañas. También será relevante distinguir entre una reducción general del alcance, derivada de cambios técnicos o de moderación, y una alteración selectiva que haya impactado de forma desproporcionada en los contenidos de Lula.

La diferencia es importante desde el punto de vista jurídico y político. Una falla generalizada puede generar perjuicios y exigir correcciones, pero no necesariamente constituye una interferencia electoral intencional. En cambio, un patrón selectivo, acompañado por decisiones internas o coordinación externa, podría plantear responsabilidades más graves. La denuncia de Lula pide que esa distinción sea investigada con acceso a registros técnicos y criterios de funcionamiento que normalmente no son públicos.

El factor decisivo de una elección ajustada

El reclamo se produce en un escenario de empate técnico entre los dos candidatos, según las encuestas citadas en la información original. En una segunda vuelta de margen reducido, las variaciones en la visibilidad de una publicación no determinan por sí mismas el resultado, pero pueden influir en la agenda de los votantes, en la capacidad de cada campaña para responder a sus adversarios y en la velocidad con que circulan denuncias o desmentidas.

La controversia también expone una dificultad estructural de las elecciones digitales: muchas decisiones que afectan el debate público son tomadas por sistemas automatizados cuyo funcionamiento no puede ser auditado fácilmente desde afuera. La investigación deberá separar las sospechas políticas de las pruebas verificables, pero la falta de transparencia puede alimentar la desconfianza incluso cuando no se confirme una intervención deliberada.

Con el balotaje próximo, el caso agrega presión sobre el TSE y sobre Meta para ofrecer información técnica clara en un plazo breve. La prioridad institucional será preservar la igualdad entre las campañas y evitar que una disputa sobre plataformas privadas se convierta, sin evidencias concluyentes, en una acusación definitiva sobre el resultado electoral.