Emmanuel Macron llegó al Elíseo en 2017 como la encarnación de una promesa política muy concreta: superar la vieja división entre izquierda y derecha, modernizar la economía francesa y devolver al país un papel central en Europa. Casi una década después, el balance que emerge de las protestas sociales, la pérdida de poder adquisitivo y el deterioro de las cuentas públicas es mucho más ambiguo. Francia no se ha hundido, pero tampoco ha alcanzado la transformación ordenada y próspera que ofrecía el macronismo. El presidente deja un país más reformado en algunos ámbitos, aunque también más endeudado, más polarizado y con una relación profundamente deteriorada entre las instituciones y una parte amplia de la ciudadanía.
El dato político más contundente es el de la popularidad. El barómetro de Ifop publicado el 19 de octubre de 2026 sitúa en apenas un 17% el porcentaje de franceses satisfechos con la actuación de Macron, mientras que un 56% declara estar muy descontento con su papel. No se trata solo de un problema de imagen. La impopularidad se ha convertido en una restricción operativa para cualquier reforma: cada anuncio presupuestario es interpretado bajo la sospecha de que el coste recaerá sobre los mismos grupos sociales, y cada medida de ajuste encuentra un terreno ya abonado por la desconfianza.
La cronología de un desgaste que comenzó en las carreteras
La revuelta de los chalecos amarillos fue el primer aviso de que el proyecto presidencial tenía un punto débil estructural. La subida prevista de los impuestos sobre la gasolina y el diésel se justificaba por la transición ecológica, pero su impacto no se distribuía de manera uniforme. Para un trabajador de una gran ciudad con transporte público, el incremento podía representar una molestia. Para quien vive en una zona rural o en una ciudad secundaria y necesita conducir diariamente para llegar al trabajo, era un coste difícil de sustituir.
El movimiento, iniciado el 17 de octubre de 2018, se prolongó durante 18 meses y mezcló reivindicaciones sobre carburantes, salarios, fiscalidad y representación política. Su importancia no reside únicamente en la violencia de algunos enfrentamientos o en las imágenes de los arcos de triunfo ocupados. Los chalecos amarillos revelaron que la transición ecológica podía convertirse en una cuestión de clase y de territorio si el Estado exigía sacrificios inmediatos sin ofrecer alternativas de movilidad, compensaciones suficientes o una percepción creíble de justicia fiscal.
La Ley de Seguridad Global añadió otra capa de conflicto. La ampliación de los poderes policiales y las restricciones a la grabación de imágenes durante las protestas alimentaron la preocupación de organizaciones de derechos civiles, periodistas y sectores de la oposición. Para el Gobierno, la norma respondía a la necesidad de proteger a los agentes y preservar el orden público. Para sus críticos, consolidaba una deriva securitaria que reducía la capacidad de vigilancia ciudadana precisamente en un contexto de movilizaciones intensas. La disputa no fue solo jurídica: reforzó la imagen de un poder ejecutivo dispuesto a imponer sus decisiones incluso cuando carecía de consenso social.
La reforma de las pensiones confirmó esa percepción. El aumento de la edad legal de jubilación de 62 a 64 años se presentó como una respuesta necesaria al envejecimiento demográfico y al desequilibrio financiero del sistema. Desde el punto de vista de las cuentas públicas, el argumento tiene consistencia: si aumenta la esperanza de vida y disminuye la proporción entre trabajadores y pensionistas, mantener intactas las reglas exige mayores cotizaciones, más impuestos o más deuda. Pero la racionalidad financiera no resolvió la cuestión distributiva. No todos los trabajadores llegan a los 64 años en las mismas condiciones, ni todos han tenido carreras laborales igualmente estables, físicas o prolongadas.
La decisión de avanzar con la reforma pese a las protestas masivas convirtió un debate sobre sostenibilidad en un plebiscito sobre el método de gobierno. Macron logró sacar adelante una medida central de su programa, pero el coste fue una nueva erosión de su legitimidad. La frase con la que defendía la reforma, “¿Creen que me hace ilusión hacer esta reforma? ¡No! Esta reforma es necesaria”, resumía la lógica presidencial: gobernar consistía en asumir decisiones impopulares. El problema es que, después de varios episodios similares, una parte de la sociedad empezó a interpretar esa lógica como una excusa para no negociar.
El poder adquisitivo es el hilo que une todas las revueltas
Las protestas contra los carburantes, las pensiones y la precariedad educativa parecen responder a causas distintas, pero comparten un núcleo económico: la sensación de que los ingresos, los servicios y la seguridad material pierden terreno frente a los precios. En 2017, la inflación anual rondaba el 1%. En 2022 alcanzó el 5,3%, impulsada por la crisis energética, la dislocación de las cadenas de suministro y los efectos de la pandemia. Aunque posteriormente se moderó hasta el 3,1%, los precios no volvieron al nivel anterior. Una inflación menor significa que los precios crecen más despacio, no que recuperen su posición inicial.
Según los datos citados del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos francés, los precios aumentaron aproximadamente un 19,6% entre 2017 y 2025. El ejemplo de la cesta de la compra resulta más comprensible que cualquier agregado macroeconómico: una compra que costaba alrededor de 100 euros en 2017 pasó a costar unos 120 euros. Si los salarios y las ayudas no acompañan ese incremento, la pérdida de bienestar se vuelve acumulativa. Además, la inflación de los alimentos, la energía y la vivienda pesa más sobre los hogares con menos ingresos, porque destinan una mayor parte de su presupuesto a bienes esenciales.
La responsabilidad del Gobierno debe analizarse con precisión. La pandemia, la invasión rusa de Ucrania y las tensiones geopolíticas posteriores explican una parte sustancial del encarecimiento energético y alimentario. No sería riguroso atribuir a Macron la totalidad de esa inflación. Sin embargo, los gobiernos sí deciden cómo repartir sus consecuencias: mediante ayudas focalizadas o universales, controles temporales, negociación salarial, impuestos extraordinarios, inversión pública o recortes. La crítica sindical no apunta tanto a la existencia de una crisis externa como a la insuficiencia de la respuesta distributiva.
La primera conclusión analítica es que el macronismo ha tratado repetidamente problemas de legitimidad social como si fueran problemas de eficiencia administrativa. La reforma puede ser técnicamente defendible y, al mismo tiempo, políticamente inviable si quienes soportan el coste no perciben reciprocidad. El Gobierno ha comunicado la necesidad de ajustar, modernizar y competir, pero no siempre ha demostrado que los beneficios de esa transformación lleguen a los trabajadores, los pensionistas, los empleados públicos o los territorios alejados de París.
Educación: la nueva grieta entre el Estado y los servicios públicos
La movilización que comienza en un instituto de Saint-Denis y se extiende a otras ciudades añade un elemento especialmente delicado: ya no se protesta únicamente por una tasa o una edad de jubilación, sino por la capacidad cotidiana del Estado para garantizar servicios esenciales. La precariedad educativa tiene efectos que van más allá de los salarios docentes. Afecta al tamaño de las clases, la continuidad pedagógica, la atención a estudiantes vulnerables y la confianza de las familias en la escuela pública.
Para los profesores, la discusión suele centrarse en la remuneración, la carga burocrática, la falta de personal y el deterioro de las condiciones de trabajo. Para las familias, el problema se expresa en sustituciones que no llegan, programas incompletos y desigualdad entre centros. Para el Ministerio de Educación, el margen presupuestario se estrecha a medida que aumentan los intereses de la deuda y las demandas de otros servicios públicos. Esta tensión convierte a la educación en un indicador de la salud general del Estado: cuando la escuela se deteriora, la ciudadanía percibe que la crisis no es coyuntural, sino institucional.
La segunda conclusión es que el conflicto educativo puede tener un impacto político mayor que el de otras movilizaciones. Una huelga sectorial suele afectar principalmente a trabajadores y usuarios directos. La degradación de la escuela, en cambio, interviene en la vida de casi todas las familias y hace visible la desigualdad territorial. En los barrios con más recursos, los hogares pueden compensar las deficiencias mediante clases privadas, movilidad residencial o centros alternativos. En las zonas populares, la escuela pública es a menudo el principal mecanismo de protección social. Si pierde capacidad, la frustración puede transformarse en un voto de castigo duradero.
El ajuste fiscal puede convertirse en una nueva fuente de conflicto
Las finanzas públicas limitan las opciones de cualquier sucesor de Macron. El déficit llegó a superar el 6% del producto interior bruto en 2024, muy por encima del umbral europeo del 3%, mientras que la deuda pública alcanzó el 115,7% a finales de ese año. En el proyecto presupuestario de 2025, el Ejecutivo planteó un ajuste de unos 60.000 millones de euros mediante recortes del gasto y aumentos de ingresos. La aritmética es difícil de discutir: con una deuda elevada, unos tipos de interés menos favorables y un crecimiento moderado, el coste de no corregir las cuentas aumenta.
Pero el diseño del ajuste determinará sus consecuencias políticas. Reducir inversión pública puede aliviar el déficit inmediato y deteriorar el crecimiento potencial. Recortar plantillas o prestaciones puede contener el gasto y agravar la precariedad. Elevar impuestos sobre el consumo puede recaudar con rapidez y castigar proporcionalmente más a los hogares modestos. En cambio, gravar rentas o patrimonios altos puede generar mayor resistencia entre los sectores con capacidad de inversión y activar una batalla política sobre la competitividad.
Los defensores del rigor fiscal sostienen que Francia no puede seguir financiando promesas sin respaldo y que la credibilidad ante los mercados y Bruselas es un activo estratégico. Los sindicatos y la izquierda responden que la deuda no debe utilizarse como argumento automático para debilitar servicios públicos, especialmente cuando existen márgenes para revisar beneficios fiscales y concentrar el esfuerzo en quienes tienen mayor capacidad económica. La derecha conservadora intenta ocupar el espacio de la disciplina presupuestaria y el orden, mientras que la extrema derecha puede combinar un discurso contra la inmigración con promesas sociales difíciles de financiar.
La tercera conclusión es que la sucesión de Macron no se decidirá solo por la popularidad del presidente saliente, sino por quién consiga explicar de forma creíble el reparto del sacrificio. Édouard Philippe hereda una marca política asociada a reformas impopulares y a la continuidad institucional. Puede reivindicar experiencia y responsabilidad, pero también cargar con el desgaste acumulado. Marine Le Pen, por su parte, parte de una ventaja narrativa: puede presentar el malestar como la prueba del fracaso de las élites tradicionales. Sin embargo, transformar esa ventaja en un programa de gobierno exigirá responder a la deuda, la inflación y la financiación de los servicios públicos, no solo denunciarlos.
Una elección bajo tres riesgos simultáneos
El primer riesgo para Francia es la normalización de la protesta como mecanismo de negociación política. Cuando el Parlamento, los sindicatos y el Ejecutivo no logran construir acuerdos antes de la aprobación de las reformas, la calle se convierte en el principal escenario de decisión. Esto aumenta la probabilidad de bloqueos, episodios de violencia y respuestas policiales que profundicen la desconfianza. La seguridad pública es una responsabilidad ineludible, pero un uso reiterado de medidas restrictivas puede convertir un conflicto social en una crisis democrática.
El segundo riesgo es una espiral de ajuste y estancamiento. Si el Gobierno recorta en un momento de demanda interna débil, los hogares reducen el consumo, las empresas frenan la inversión y la recaudación puede crecer menos de lo esperado. Si, por el contrario, mantiene el gasto sin una estrategia de ingresos creíble, aumentan la deuda y la presión europea. La salida requiere priorizar inversión productiva, educación, transición energética y vivienda, aunque eso obligue a recortar partidas menos eficaces y a revisar privilegios fiscales. La dificultad reside en que los beneficios de esa estrategia aparecen a medio plazo, mientras que los costes políticos son inmediatos.
El tercer riesgo es la consolidación de una polarización territorial. Las grandes ciudades, las áreas industriales en declive, los suburbios populares y las zonas rurales no viven la inflación, la movilidad ni la inseguridad económica de la misma manera. Una política nacional que ignore esas diferencias seguirá produciendo medidas percibidas como razonables en París y agresivas en el resto del país. La transición energética, la reforma del empleo público y la reorganización de los servicios deben incorporar una dimensión territorial explícita si el Estado quiere recuperar legitimidad.
Los próximos meses estarán marcados por una paradoja. Francia necesita reformas para contener la deuda, sostener las pensiones y preservar su posición económica en Europa; pero la sociedad está cada vez menos dispuesta a aceptar reformas que se presenten como inevitables y cuyos costes recaigan sobre grupos concretos. Macron llegó al poder prometiendo superar los viejos bloques. Su legado puede terminar demostrando que la modernización sin un nuevo pacto distributivo no elimina el conflicto: simplemente lo desplaza hasta que reaparece en las calles.
El futuro político francés dependerá, por tanto, de una cuestión más profunda que la continuidad de una persona o de un partido: si el Estado será capaz de convertir la disciplina económica en protección tangible. Sin recuperación salarial, servicios públicos fiables y una distribución visible de los esfuerzos, la inflación acumulada seguirá alimentando el resentimiento aunque los índices de precios se moderen. Y cuando la ciudadanía deja de confiar en que las instituciones puedan mejorar su vida cotidiana, el relevo electoral deja de ser una alternancia normal y se convierte en una apuesta de alto riesgo para toda Europa.