Marsella afronta este sábado una nueva jornada de movilizaciones bajo un dispositivo de seguridad reforzado y con la ciudad todavía marcada por los disturbios del fin de semana anterior. Hasta 2.000 agentes de Policía Nacional, efectivos de las compañías republicanas de seguridad (CRS), bomberos y militares de la operación Sentinelle participarán en el operativo, diseñado para impedir que una protesta sindical derive de nuevo en saqueos y enfrentamientos.
La manifestación, convocada por la Confederación General de los Trabajadores (CGT), comenzará a las 14.00 horas y protestará contra la reforma del sistema educativo, el encarecimiento de la vida y el deterioro de los servicios públicos. Su autorización se confirmó el viernes, después de que las organizaciones sindicales presionaran a las autoridades regionales para levantar la prohibición inicial de todas las concentraciones previstas en la ciudad portuaria.
Un dispositivo dimensionado por los disturbios recientes
El refuerzo anunciado por el ministro del Interior, Laurent Núñez, durante su visita del martes a Marsella eleva aproximadamente al doble la presencia policial habitual. La decisión responde a la magnitud de los incidentes registrados el fin de semana pasado: solo en esta ciudad hubo un centenar de detenidos y alrededor de 500 establecimientos saqueados, el 16,7% del total contabilizado en Francia.
Fuentes policiales reconocen que durante aquella noche se perdió el control de varias zonas de la ciudad y admiten que los efectivos disponibles no fueron suficientes para responder simultáneamente a los distintos focos de violencia. La prioridad para este sábado será separar la marcha autorizada de posibles grupos dedicados al pillaje y mantener protegidos los puntos considerados estratégicos.
Desde primera hora se han desplegado hileras de furgones policiales y de las CRS en las principales calles. Los agentes patrullan armados con fusiles en las áreas comerciales, mientras varios camiones de bomberos han tomado posiciones en los alrededores de la rue de Canebière. También se observan vehículos militares en distintos puntos de Marsella, aunque el Ejército no realizará patrullas ordinarias por las calles.
Protección de edificios públicos y comercios
Los militares de la operación Sentinelle se encargarán de vigilar edificios públicos esenciales, entre ellos la Prefectura y el Ayuntamiento. Este último fue asaltado por vándalos durante los altercados del sábado anterior. La presencia de las Fuerzas Armadas en esos enclaves pretende liberar a los policías para que concentren sus esfuerzos en el control de las calles y en la protección del recorrido de la manifestación.
La actividad comercial también refleja el temor a nuevos desórdenes. La mayoría de los negocios del centro ha amanecido protegida con persianas metálicas y otros sistemas de blindaje. Los pocos establecimientos que han abierto cuentan con vigilantes privados en sus accesos, una medida que el Ministerio del Interior ya había recomendado a los comerciantes de París y que ahora se ha reproducido en Marsella.
La estrategia, sin embargo, tiene un coste inmediato para la ciudad. La reducción de la actividad comercial, las restricciones a la circulación y la vigilancia de los espacios públicos pueden limitar el impacto de los saqueos, pero también alteran la vida cotidiana y aumentan la tensión en una jornada convocada inicialmente por reivindicaciones sociales y laborales.
El riesgo de que la protesta se desborde
Entre los agentes movilizados figura Xavier, que no estuvo de servicio durante los disturbios de la semana pasada y siguió los acontecimientos por televisión y redes sociales. Este sábado permanece destinado frente a la Prefectura, uno de los lugares más vigilados porque está previsto que la marcha pase junto a sus inmediaciones. A su juicio, el refuerzo es necesario en una ciudad donde, según explica, la falta de personal policial es habitual.
El agente advierte de que no puede descartarse la llegada al centro de personas violentas procedentes de los barrios periféricos. No obstante, fuentes policiales del departamento identifican un riesgo más complejo: que coincidan grupos interesados en saquear con una intervención contundente de las fuerzas de seguridad. En ese escenario, la propia respuesta policial, especialmente el empleo intensivo de gas lacrimógeno u otros medios antidisturbios, podría ampliar los enfrentamientos.
La Policía también señala las limitaciones legales y operativas que condicionan su actuación. Una fuente sostiene que los agentes no siempre pueden utilizar todo el material disuasorio puesto a su disposición, como granadas aturdidoras, porque un uso considerado desproporcionado puede dar lugar a procedimientos judiciales. La tensión entre contener rápidamente la violencia y preservar las garantías legales será, por tanto, uno de los principales desafíos del dispositivo.
Una jornada bajo vigilancia política y social
La autorización de la marcha evita que la prohibición total se convierta en un nuevo foco de conflicto entre el Gobierno regional, los sindicatos y los manifestantes. Al mismo tiempo, obliga a las autoridades a gestionar una concentración que se desarrollará en un entorno excepcionalmente militarizado, con edificios públicos protegidos, comercios cerrados y una presencia policial sin precedentes recientes en la ciudad.
El desenlace dependerá de si la protesta puede mantenerse dentro del recorrido y los objetivos anunciados por sus convocantes. Las autoridades confían en que el dispositivo permita aislar cualquier acto de violencia sin impedir la movilización sindical. Los agentes, en cambio, afrontan la jornada con una previsión más incierta: esperan que no se repita la pérdida de control de la semana anterior, pero preparan la ciudad para responder a una escalada que, según sus propias advertencias, podría producirse con rapidez.