El Premio Nobel de la Paz concedido el 9 de octubre de 2026 a Navanethem “Navi” Pillay no solo reconoce una trayectoria jurídica internacional. También reabre una conversación incómoda para Colombia: qué ocurre cuando la defensa de los derechos humanos entra en conflicto con la lógica de seguridad del Estado, con la autonomía militar o con la urgencia política de cerrar una guerra. Pillay no fue una observadora distante. Como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2008 y 2014, visitó el país durante dos momentos decisivos y cuestionó, con distintos grados de tensión, las actuaciones de los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos.

Su relación con Colombia permite leer el galardón desde una perspectiva menos ceremonial. El Nobel reconoce una carrera marcada por la lucha contra la impunidad, pero también pone bajo examen los resultados concretos de esa presión internacional. En 2008, Pillay llegó cuando el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales comprometía la credibilidad del Ejército. En 2013, regresó mientras el Gobierno negociaba la paz con las FARC y defendía una reforma que ampliaba el alcance de la justicia penal militar. En ambos episodios apareció la misma pregunta: ¿puede un Estado construir paz mientras limita, demora o desplaza la justicia destinada a las víctimas?

Dos visitas, una misma línea de tensión

La primera misión de Pillay ocurrió en octubre de 2008, apenas un mes después de asumir la conducción de la Oficina del Alto Comisionado. Durante seis días se reunió en Bogotá y Arauca con el presidente Uribe, miembros del gabinete, autoridades judiciales, organizaciones sociales y víctimas. El contexto era especialmente grave. La opinión pública conocía entonces los primeros detalles de un sistema en el que civiles eran asesinados y luego presentados como integrantes de grupos armados muertos en combate.

La decisión de Uribe de destituir a tres generales y 24 oficiales fue recibida por Pillay como “una señal esperanzadora de que tales atrocidades no serán toleradas”. La frase reconocía una respuesta institucional inmediata, pero no equivalía a certificar que el problema estuviera resuelto. La distancia entre una sanción administrativa y una investigación penal eficaz sería, precisamente, uno de los rasgos centrales del caso colombiano. Retirar a los mandos comprometidos podía contener la crisis política; establecer responsabilidades individuales, patrones operativos y cadenas de mando exigía años de trabajo judicial.

El alcance del escándalo quedó dimensionado con el Caso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz. La JEP determinó que al menos 6.402 personas fueron asesinadas ilegítimamente y presentadas como bajas en combate entre 2002 y 2008 en todo el territorio nacional. La cifra no representa una simple estadística acumulada: muestra que los hechos no fueron episodios aislados atribuibles exclusivamente a unos pocos soldados. La distribución territorial, la reiteración de los métodos y la presión por producir resultados operacionales apuntan a incentivos institucionales que deben analizarse más allá de los autores materiales.

El primer aprendizaje de esa visita es que la supervisión internacional no funciona como sustituto de la justicia nacional. Puede elevar el costo político de la impunidad, proteger a denunciantes y fijar estándares, pero depende de que fiscales, jueces y tribunales tengan capacidad e independencia para convertir la presión en decisiones. En Colombia, la alerta temprana de Naciones Unidas fue relevante, pero no impidió que buena parte de los expedientes permaneciera durante años sin avances proporcionales a la magnitud de los hechos.

Cuando la paz se enfrenta al fuero militar

La segunda visita, entre el 15 y el 19 de julio de 2013, ocurrió bajo condiciones diferentes. El Gobierno de Santos ya había iniciado conversaciones de paz y buscaba construir un marco jurídico capaz de cerrar décadas de conflicto. La discusión sobre la jurisdicción militar se presentó, para sus defensores, como una forma de proteger a los integrantes de la Fuerza Pública frente a investigaciones abusivas y de definir con claridad qué conductas correspondían al servicio.

Para la oficina de Naciones Unidas, el riesgo era otro. Desde noviembre de 2012 había expresado “seria preocupación” por una reforma al código penal militar que ampliaba la jurisdicción castrense para juzgar a sus propios integrantes. Pillay sostuvo que una paz duradera requería una justicia genuina para las víctimas. El punto no era negar el debido proceso a los militares, sino advertir que una institución encargada de operaciones armadas no debía convertirse también en árbitro principal de las denuncias sobre esas operaciones.

La respuesta de Santos, “Colombia no necesita a la ONU para respetar los derechos humanos”, condensó una disputa que sigue vigente. Desde la perspectiva del Ejecutivo, la frase defendía la soberanía y rechazaba la idea de que el país necesitara tutelas externas para definir sus instituciones. Desde la perspectiva de las víctimas, podía interpretarse como una señal de incomodidad frente a los controles internacionales, especialmente cuando estos interferían con una agenda política prioritaria: terminar la guerra.

El episodio revela una paradoja. Los gobiernos suelen aceptar el acompañamiento internacional cuando este fortalece su legitimidad, pero lo consideran una intromisión cuando impone límites a sus decisiones más sensibles. Uribe podía presentar la visita de Pillay como respaldo a la destitución de oficiales; Santos podía destacar la cooperación de la ONU mientras negociaba la extensión de su oficina en Colombia. Sin embargo, ambos enfrentaron objeciones cuando la supervisión internacional pasó de reconocer medidas puntuales a cuestionar el diseño institucional que las sustentaba.

La tesis central de Pillay: la seguridad no puede producir verdad por sí sola

La trayectoria de Pillay ayuda a entender la consistencia de sus posiciones. Nacida en Durban en 1941, bajo el apartheid, fue la primera mujer en abrir un bufete de abogados en Natal y la primera mujer negra en ejercer como jueza del Tribunal Superior de Sudáfrica. Defendió a Nelson Mandela y a otros activistas antes de presidir el Tribunal Penal Internacional para Ruanda entre 1999 y 2003 y ejercer como jueza de la Corte Penal Internacional en La Haya.

Su biografía no es un elemento ornamental del Nobel. Explica una concepción del derecho según la cual las instituciones de justicia deben ser capaces de investigar al poder que las creó o las financia. En Sudáfrica, Ruanda, la Corte Penal Internacional y Colombia, el problema aparece con variaciones, pero conserva una estructura común: los Estados invocan la estabilidad, la soberanía o la seguridad; las víctimas reclaman verdad, reparación y responsabilidad; los tribunales internacionales intentan impedir que una razón de Estado cierre prematuramente el debate.

La primera conclusión analítica es que el aporte de Pillay no consiste únicamente en haber denunciado abusos, sino en haber cambiado el parámetro con el que se evalúa la paz. Durante años, el éxito de una política de seguridad se midió por bajas, capturas, territorios recuperados o reducción de ataques. El enfoque de derechos humanos introduce otra pregunta: ¿qué métodos se utilizaron y quién responde cuando los resultados se obtuvieron mediante crímenes? El dato de las 6.402 víctimas demuestra por qué esa modificación del parámetro no es retórica. Una operación puede ser eficaz en términos militares y, al mismo tiempo, devastadora para la legitimidad del Estado.

El costo institucional de demorar la verdad

La segunda conclusión es que la demora judicial no es neutral. Cada año sin esclarecimiento aumenta la dificultad de reconstruir cadenas de mando, localizar testigos y proteger documentos. También altera la percepción pública: cuando los casos se prolongan, la responsabilidad tiende a reducirse a funcionarios de menor rango, mientras las decisiones que crearon los incentivos permanecen fuera del proceso. En ese sentido, la impunidad no depende solo de absoluciones o archivos; también puede producirse mediante la fragmentación de expedientes y el paso del tiempo.

El Caso 03 de la JEP muestra la importancia de una justicia transicional que no se limite a acumular nombres. Su desafío es establecer patrones, identificar máximos responsables y explicar cómo las órdenes, metas y recompensas operacionales pudieron convertir a civiles en cifras de resultados. La JEP enfrenta críticas de sectores militares que consideran desproporcionadas sus investigaciones y de víctimas que creen que las sanciones propias no reflejan la gravedad de los crímenes. Esa doble presión revela la dificultad de cualquier modelo transicional: debe ofrecer verdad suficiente para reparar, pero también garantías procesales que impidan que la justicia se convierta en una revancha política.

La tercera conclusión es que la autonomía militar y la rendición de cuentas no son objetivos necesariamente incompatibles, aunque sí pueden entrar en conflicto cuando se confunden. Una Fuerza Pública profesional necesita reglas claras para operar y protección frente a acusaciones infundadas. Pero esa protección solo es sostenible si las investigaciones sobre abusos son independientes, transparentes y capaces de distinguir entre un error operacional, una infracción disciplinaria y un crimen sistemático. El fuero militar puede definir competencias técnicas; no debería funcionar como una barrera automática frente al escrutinio civil.

Las víctimas, los militares y el Estado: una disputa sin salida fácil

Para las familias de los jóvenes asesinados, la discusión no se reduce a qué tribunal debe investigar. Reclaman que el Estado reconozca que muchas víctimas fueron estigmatizadas después de morir y que sus comunidades fueron obligadas a cargar con una versión falsa de los hechos. La reparación, por eso, no consiste solo en una indemnización. Incluye recuperar los nombres, corregir los registros oficiales y establecer quién diseñó o toleró las prácticas que hicieron posibles los crímenes.

Los militares, por su parte, sostienen que el análisis retrospectivo puede ignorar las condiciones extremas de un conflicto prolongado. Advierten que una interpretación demasiado amplia de la responsabilidad puede paralizar la toma de decisiones y desincentivar el servicio en zonas de alto riesgo. Esa preocupación merece ser atendida, pero no resuelve la cuestión esencial: el combate contra grupos armados no autoriza a fabricar bajas ni a utilizar civiles como prueba de eficacia. La seguridad jurídica de los uniformados depende precisamente de separar la acción legítima de la conducta criminal, con criterios probatorios estrictos y jueces independientes.

El Estado enfrenta una presión adicional. La condena internacional puede afectar la imagen de sus instituciones, las relaciones con fuerzas de seguridad extranjeras y la confianza en futuras negociaciones de paz. Sin embargo, la experiencia colombiana sugiere que ocultar o minimizar abusos produce un costo mayor a largo plazo. La pérdida de confianza en el Ejército, la polarización alrededor de la justicia transicional y la desconfianza de las comunidades rurales no desaparecen porque un gobierno cuestione a la ONU. Se acumulan y reaparecen en cada nueva crisis de seguridad.

El Nobel como advertencia para la próxima década

El reconocimiento a Pillay puede fortalecer a organizaciones de víctimas y defensores que enfrentan campañas de desprestigio. También puede ofrecer respaldo político a quienes reclaman que los compromisos internacionales no sean tratados como recomendaciones opcionales. La ceremonia prevista para el 10 de diciembre de 2026 en Oslo convertirá su trayectoria en una referencia global, pero el efecto real dependerá de si los gobiernos aceptan convertir el homenaje en políticas concretas.

En Colombia, es probable que el debate se desplace hacia tres frentes. El primero será la implementación de las decisiones de la JEP y la cooperación de otras jurisdicciones con sus investigaciones. El segundo será la discusión sobre reformas al régimen disciplinario y penal de la Fuerza Pública, especialmente en un contexto en el que persisten amenazas armadas y se reclaman resultados rápidos. El tercero será la protección de archivos, testigos y funcionarios judiciales, porque el esclarecimiento de crímenes históricos depende tanto de la voluntad política como de la preservación material de las pruebas.

El principal riesgo es que el Nobel sea utilizado de manera selectiva. Un sector puede presentarlo como una condena exclusiva a gobiernos anteriores; otro, como una prueba de que los organismos internacionales desconocen la realidad colombiana. Ambas lecturas reducirían su alcance. Pillay no cuestionó únicamente a una administración ni defendió una receta aplicable sin matices. Su legado plantea una regla más exigente: ninguna estrategia de seguridad, por urgente que sea, puede considerarse legítima si necesita víctimas invisibles para demostrar su éxito.

La pregunta que deja su relación con Colombia no es si el país necesitaba o no a la ONU. Es si sus instituciones nacionales estaban dispuestas a investigar a quienes tenían poder suficiente para influir en ellas. Las visitas de 2008 y 2013 demostraron que la vigilancia internacional puede abrir espacios y fijar límites, pero también que la transformación depende de fiscales, jueces, mandos militares, gobiernos y sociedad civil. El Nobel de 2026 reconoce a una jurista que hizo de esa exigencia una carrera. Para Colombia, funciona además como recordatorio de que la paz no se consolida cuando cesan los disparos, sino cuando el Estado deja de pedirle a la verdad que espere.