La apertura de un establecimiento puede medirse por lo que ofrece, pero también por quién logra comprar allí. El nuevo Mercado de Barrio de la calle Ermita, en el municipio habanero de Plaza de la Revolución, exhibe alimentos, artículos de aseo y electrodomésticos en una variedad inusual para una bodega estatal. Sin embargo, a pocos días de su inauguración, la ausencia de colas y las críticas de clientes apuntan a una contradicción central: ampliar el surtido no equivale a garantizar acceso.

El local, gestionado por la mipyme El Titán de Tulipán en el espacio de la antigua Bodega 043, forma parte de un modelo mixto anunciado por el Gobierno en agosto. La promesa oficial era incorporar operadores privados al comercio con el Estado y ofrecer productos básicos hasta un 15% más baratos que en otros establecimientos privados. En la práctica, la rebaja observada ronda entre el 10% y el 15%, pero se calcula sobre precios que ya resultan prohibitivos para muchos salarios y pensiones.

Más mercancía no significa más acceso

Los precios del mercado muestran con claridad la distancia entre disponibilidad y asequibilidad. El kilogramo de arroz cuesta 900 pesos, frente a un precio de referencia de 1.050; el frijol negro, 950 frente a 1.250; y un paquete de café de 250 gramos, 2.600 frente a 2.800. Un cartón de huevos se vende a 4.200 pesos. La diferencia con otros comercios existe, pero su efecto concreto depende del ingreso disponible, no del porcentaje de descuento aislado.

La oferta también incluye productos cárnicos y bienes duraderos: la libra de lomo de cerdo cuesta 2.150 pesos, una arrocera alcanza 24.000, una batidora 32.000 y un equipo de aire acondicionado, 220.000. Para quien tiene divisas, remesas o ingresos superiores al promedio, la amplitud del catálogo puede representar una mejora real. Para jubilados y trabajadores que dependen de ingresos en pesos, esos mismos artículos son, en gran medida, una vitrina sin poder de compra.

El contraste quedó plasmado en las reacciones recogidas en el establecimiento. Una jubilada buscó los “productos normados” que antes identificaban la bodega, pero la administradora le explicó que allí ya no se vendían. Otros clientes cuestionaron el precio de productos nacionales, como el tabaco Reloba, a 135 pesos frente a 150 en el sector privado. Una joven consideró caras y poco duraderas unas fragancias de imitación que costaban 3.000 pesos. El problema no es solo el precio alto: es la percepción de que el cambio de gestión no se traduce en una ventaja reconocible para el barrio.

El descuento depende de cuál sea el precio de partida

La primera tensión del modelo está en cómo se comunica y evalúa la asequibilidad. Una rebaja de hasta el 15% puede parecer sustancial cuando se compara con otro comercio privado, pero no necesariamente vuelve accesible un producto cuyo precio base está muy por encima de los ingresos locales. El indicador favorece la comparación entre establecimientos; no responde a la pregunta que interesa a una familia: qué parte de su presupuesto debe destinar a comprar lo básico.

La crítica publicada por Radio 26, firmada por el periodista oficialista José Miguel Solís, lleva esa brecha al terreno político. Solís plantea que un mercado cuyos precios el vecindario no puede pagar deja de pertenecerle y cuestiona que las ventajas fiscales otorgadas a los gestores no se reflejen en el bolsillo del consumidor. La crítica resulta significativa porque no proviene únicamente de clientes descontentos o medios independientes: discute la coherencia de una política también desde espacios de la prensa estatal.

Hay, no obstante, razones económicas que ayudan a explicar la defensa del modelo. Una mipyme puede tener incentivos y capacidad logística para comprar, transportar y exhibir mercancías que la red estatal no consigue mantener. La tienda luce abastecida, climatizada y vigilada, mientras muchas bodegas arrastran escasez crónica. Ese resultado importa, pero no demuestra por sí solo que la fórmula sea eficiente para la mayoría: el surtido puede mejorar y, al mismo tiempo, quedar reservado a quienes pueden pagarlo.

Un pacto comercial bajo prueba

La política combina participación privada con concesiones públicas. Según la información difundida sobre el esquema, los gestores pueden recibir una bonificación del 5% en el impuesto sobre ventas, exenciones fiscales para determinadas operaciones mayoristas con entidades del Comercio Interior y hasta dos años de arrendamiento gratuito de locales estatales, prorrogables si realizan inversiones. Tales condiciones buscan atraer capital y actividad comercial. La controversia surge cuando el beneficio público se mide por la inversión y el abastecimiento, mientras el consumidor no percibe una reducción proporcional de precios.

La desaparición de la libreta tampoco resuelve esa contradicción. Solís reconoce que el sistema normado no garantizaba alimentos suficientes, pero advierte que su reemplazo por una red sujeta a la capacidad de pago no ha traído abundancia para todos. Son dos fallas distintas: el racionamiento distribuye una cuota insuficiente; el mercado liberalizado puede ofrecer más productos, pero asignarlos según el ingreso. Si el nuevo sistema no añade mecanismos de acceso para los hogares vulnerables, la escasez cambia de forma sin desaparecer como problema social.

Para las mipymes, el episodio revela un riesgo comercial además del político. Un local bien surtido no asegura ventas si los precios se consideran desproporcionados respecto a la renta del entorno. La percepción de que se trata de “una mipyme pura y dura”, como dijo un cliente, debilita la marca de “Mercado de Barrio”: el nombre promete proximidad y servicio vecinal, no solo ubicación dentro de un barrio. Si la clientela habitual entra, compara y se marcha sin comprar, el establecimiento depende de un segmento más estrecho y expuesto a cambios en el acceso a divisas y suministros.

La próxima prueba será medir quién compra

En los próximos meses, el desempeño de estos mercados debería juzgarse con algo más que inventarios y precios de referencia. Importan la frecuencia de reposición, el peso de los productos básicos en las ventas, la evolución de los precios y la capacidad de compra de los hogares cercanos. Sin datos públicos comparables, será difícil distinguir entre una mejora efectiva de la distribución y una transferencia de activos y ventajas estatales a comercios cuyo público principal ya puede pagar precios altos.

También existe un riesgo de desigualdad territorial. Si los locales más abastecidos se concentran en zonas con mayor capacidad económica, las áreas de menores ingresos podrían recibir menos inversión y depender cada vez más de una oferta racionada e irregular. A eso se suman la volatilidad de los costos, la dependencia de proveedores y el riesgo de que cambios regulatorios o tributarios reduzcan el incentivo privado sin restaurar una alternativa estatal eficaz.

El mercado de Ermita ofrece una imagen doble del cambio económico cubano: hay mercancías donde antes faltaban, pero la puerta abierta no garantiza que el vecino pueda cruzarla con una compra. El modelo mixto ganará legitimidad si convierte sus ventajas logísticas y fiscales en precios o mecanismos de acceso verificables. De lo contrario, la abundancia visible puede terminar confirmando una nueva frontera entre quienes encuentran productos y quienes solo encuentran sus precios.